El PP presentará en el Congreso una proposición de ley para reformar cuanto antes la Ley de 1870 que regula las reglas para conceder indultos con el objetivo de impedir que esa medida de gracia se pueda aplicar a los condenados por sedición y rebelión. A su entender, la celeridad en impulsar esta reforma se debe a la «alarma social» y la «indignación» en la sociedad que ha provocado un posible indulto a los condenados por el 1-O.
La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado esta iniciativa tan solo un día después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurase que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del ‘procés’ comenzará la próxima semana alegando que es su «obligación» dar trámite a las peticiones presentadas.
El PP ya ha avisado que utilizará todos los medios a su alcance para impedir que esos indultos puedan llegar a concederse, empezando por esta iniciativa parlamentaria. Eso sí, su debate puede retrasarse varias semanas dado que la Mesa del Congreso no la calificaría hasta el próximo martes y el Gobierno tiene un plazo de 30 días para dar su conformidad.
El líder de los ‘populares’, Pablo Casado, también ha avanzado ya que su partido está dispuesto a recurrir al Tribunal Supremo si llegan a aprobarse esos indultos. «Si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el PP sí está dispuesto a defender a España», afirmó rotundo.
«RESPONDER CON CELERIDAD»
En el texto de la iniciativa, el PP recuerda que la Ley de 18 de junio de 1870 de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto tiene casi 150 años y responde a las necesidades propias de la sociedad de aquella época.
El PP señala que esa norma recoge en un artículo 2 un catálogo de situaciones procesales excluidas de la aplicación del indulto pero no incluye un catálogo de delitos a los que no sea aplicable esta medida de gracia, con independencia de la situación procesal del reo. A su entender, dada la gravedad de determinado tipo de delitos y el sujeto pasivo de los mismos, sería necesaria la exclusión de estos del indulto.
Por eso, el PP asegura que, aunque más adelante pueda presentar una reforma más amplia de esta ley, es «imprescindible responder con celeridad en este momento a la demanda mayoritaria de los ciudadanos que ha generado una enorme alarma social».
NO USARSE COMO «MONEDA DE CAMBIO» CON FINES PARTIDISTAS
«Esa alarma social se ha visto incrementada con la indignación añadida que se ha generado ante la posibilidad de que el Gobierno tenga la intención de indultar a quienes pudieran ser condenados por los delitos de rebelión y sedición, delitos gravísimos contra la unidad de España», reza textualmente el texto del Grupo Popular.
El PP recalca que la figura del indulto es un «recurso excepcional» para dar cumplimiento total o parcialmente a la responsabilidad penal impuesta por juzgados y tribunales y que «solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en absoluto se da en este caso».
Así, el partido de Pablo Casado sostiene que utilizar esta figura como «moneda de cambio con fines políticos partidistas subvertiría la propia naturaleza de la gracia del indulto, supondría un ataque a los pilares básicos de la democracia como son la separación de poderes y la igualdad ante la ley y rompería las reglas de convivencia de la sociedad española».
EL GOBIERNO DEBE LLEVAR AL CONGRESO UN INFORME DE INDULTOS
Aunque la norma de 1870 ha llegado a estos días sin apenas modificaciones, el PP sí que alude a una reforma que se realizó en el 2015 que añade una nueva disposición adicional en la que se señala que el Gobierno debe remitir «semestralmente al Congreso un informe de la concesión y denegación de indultos».
Según recuerda el PP, para la presentación de los datos contenidos en ese informe, y previa revisión del mismo, «un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso». Es un trámite que aún no se ha hecho desde el inicio de esta legislatura, marcada por la crisis del Covid-19.
La proposición de ley del PP que llevará a debate al Pleno del Congreso incluye un artículo único que añade un nuevo apartado al artículo 2 de la ley de 1870 para que «los condenados por los delitos de rebelión –previsto y penado en los artículos 472 a 484 del Título XXI del Libro II del Código Penal– y sedición –artículos 544 a 549 del mismo título– queden fuera de esta medida de gracia.
