Moreno vox presupuesto andaluz
Los líderes del PP y Ciudadanos en Andalucía, Juanma Moreno (i),y Juan Marín (d).

Dentro de los 90 puntos del pacto de gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía existe una mención expresa al famoso caso de los ERE, que está a punto de quedar visto para sentencia, pero que sólo abarca una sucinta línea de texto en la página 7: “Igualmente estableceremos los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERES”.

La brevedad del compromiso y la falta de concreción abonan la tesis de que los dos partidos no saben aún cómo llevar a cabo la recuperación de un dinero que, en el propio juicio, no se ha abordado y que tiene muy difícil resolución.

Antes de nada, ¿de cuánto dinero se trata lo defraudado a través de este sistema regado con fondos públicos de la Junta de Andalucía? En el citado juicio se ha dado por buena la cifra de 854 millones de euros -durante la instrucción de la jueza Alaya se habló de 741-con el que se pagaron las presuntas prejubilaciones fraudulentas de 6.500 personas.

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En julio, el Gobierno socialista de Susana Díaz indicó que había recuperado 6,7 millones de euros del caso de los ERE, apenas un 5 por ciento de los 135,3 millones de euros reclamados por la vía administrativa. El grueso (5,6 millones) correspondía a empresas, en torno a un millón de euros ha sido devuelto por personas físicas y el resto procedía de ayuntamientos y otros organismos que recibieron estas subvenciones y no habían podido justificar el destino de los fondos.

La entonces oposición del PP siempre cuestionó la voluntad del Ejecutivo andaluz para recobrar este dinero y puso en duda las cifras insistiendo en que el agujero a las arcas públicas causado por este caso y el de los cursos de formación era mayor. De hecho, los populares, personados como acusación particular en el caso ERE, insistieron en que el fondo de Empleo con el que se pagaron las ayudas irregulares se nutrió de 854 millones de euros durante los 11 años que investigan los jueces, según recordaba El Diario de Sevilla.

Sin embargo, el Gobierno de Díaz insistió en que el ritmo de recaudación de los reintegros “no dependía de la voluntad de los órganos gestores de la Junta». Así, subrayó que el 62% de lo que queda por cobrar en los ERE y los cursos de formación -un total de 284,3 millones- estaba antes de verano en fase de providencia de apremio, y por tanto paralizado judicialmente, mientras que el 40% restante se encontraba en fase recaudatoria pero con dificultades para reconocer a los deudores porque o estaban embargados y no podían afrontar los pagos.

Ese 40% es el dato al que se agarran ahora como un clavo ardiendo tanto el PP como Cs. “No hay demora de cobro, sino que hay que respetar los plazos y procedimientos y el derecho a reclamar las revisiones”, espetó en julio el entonces consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, frente a la acusación del PP de que la Junta de Andalucía hacía “lo mínimo” por recuperar el dinero defraudado. Los populares siempre criticaron que esa actitud suponía “doble fraude”, culpando del mismo “al PSOE y a la Junta por amparar a los suyos”.

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La malversación, que es el delito que implica la cárcel para 14 de los 21 acusados, entre ellos para José Antonio Griñán, no se ha investigado en el juicio de los ERE. Es más, el juicio no ha servido para ver dónde está el dinero supuestamente defraudado. Y desde varias defensa se ha hecho hincapié en que el 85 por ciento del dinero fue para 6.500 trabajadores cuyas prejubilaciones nadie ha cuestionado.

El abogado José Ávila, que defiende a Javier Guerrero en esta causa, solicitó la absolución de su cliente con el argumento de que las ayudas estaban amparadas por el marco legal estatal y criticó el hecho de que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular, no haya planteado nunca que se reclame el dinero a los beneficiarios.

Esta paradoja se da, en palabras del abogado Ávila, porque el PP ha pretendido una “pura utilización política del proceso penal, ya que en ningún momento ha pretendido recuperar el dinero, sólo forzar un cambio político en la comunidad autónoma”, y se preguntó si el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y Antonio Sanz, el exdelegado del Gobierno -en su momento querellantes- desconocían la normativa por la que se concedían las ayudas con la orden de 1995.

EL DINERO DEFRAUDADO, “UNA IDEA ZOMBI”

Ávila calificó en el juicio de “profecía autoincumplida”, expresión acuñada por el sociólogo Robert King Merton, que se sostenga que el dinero defraudado asciende a la cuantía de la totalidad de las pólizas.

La instructora fijó desde el principio que las ayudas eran ilegales y a partir se creó un “estado de alarma social en la sociedad” respecto a que se habían malversado y habían desaparecido 854 millones de euros, una “idea zombi” que sirve a “un propósito político”, en opinión del abogado del principal acusado de los ERE. Por ello, concluyó que “el dinero no ha sido defraudado”, sino que ha ido a parar “a los trabajadores y a la tesorería general de la Seguridad Social”.

El defensor de Javier Guerrero, a quien la Fiscalía reclama ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos,agregó que “el perjudicado civil” (la Junta de Andalucía) ha sostenido que el dinero que han recibido los prejubilados “está bien pagado, lícitamente abonado y correctamente recibido”,  por lo que estimó que no hay delito de malversación.

En este punto, advirtió de que la Fiscalía no ha movido su posición “aún conociendo todo esto, porque sabe que en el momento que reconozca que el dinero abonado es legítimo, la causa completa se cae en más del 90% y este juicio nunca se hubiera celebrado”.

 

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