El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha asegurado que no contempla la celebración de juicios a puerta cerrada por la crisis del Covid-19 dado que «la publicidad de las actuaciones judiciales es una garantía constitucional» y se ha mostrado en contra de medidas como habilitar los juicios en agosto, tal y como plantea el CGPJ, al considerar que algunas de las que se están planteando tienen «una presentación teórica impecable» pero «en la práctica puede que no resulten tan eficaces como apunta su diseño».
Así lo ha manifestado el máximo responsable del TSJM en una entrevista a Europa Press en la que ha destacado que al igual que el resto de España, los tribunales madrileños van a encontrar a la vuelta «una acumulación de asuntos de dimensiones preocupantes» y ha lamentado que los gobiernos no hayan pensado «mucho más» en la Justicia.
«A lo largo del período que ya llevamos en situación de estado de alarma se ha visto paralizada la tramitación de un elevado porcentaje de asuntos de los que ya estaban en desarrollo; se han generado también nuevos asuntos; surgirán muchos más litigios derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria; y no podemos olvidar que la Justicia española arrastraba ya un problema de retraso conocido que va a sufrir ahora un agravamiento inevitable», ha recalcado.
Al respecto, el magistrado ha incidido en que «Madrid ha sufrido como ningún otro lugar» el impacto de la pandemia, concentrando a su vez «una tasa de litigiosidad bastante alta como consecuencia de su dinamismo socioeconómico». «Este factor, en una situación de crisis, tendrá reflejo en la sobrecarga de trabajo que ya vienen soportando nuestros órganos judiciales», ha reseñado.
En cuanto a la reactivación del funcionamiento habitual en los juzgados, ha querido destacar en primer lugar que «la Justicia no ha cerrado» y ha señalado que la reincorporación presencial en todos los órdenes jurisdiccionales tendrá que «acomodarse a las medidas de protección establecidas por las autoridades sanitarias».
MODULAR ASISTENTES EN JUICIOS
Aunque el presidente del TSJM no contempla la celebración de juicios a puerta cerrada, ya que insiste en que «la publicidad de las actuaciones judiciales es una garantía constitucional», sí se prevé, en función de la capacidad de las salas de vista, que haya que «modular el número de asistentes». «Por pura necesidad de mitigar en la medida de lo posible los riesgos de contagio, cuya gravedad todavía desconocemos con absoluta precisión», ha precisado.
En cuanto al plan de choque que ultima el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde la Sala de Gobierno del TSJM se ha remitido al Poder Judicial un informe acerca de ese documento de propuestas, y ha dejado constancia del «pleno compromiso de la judicatura madrileña con la recuperación de la acumulación de asuntos», un extremo que ya han venido demostrando en estos días».
En cuanto habilitar agosto y ampliar horas en los juzgados, el magistrado ha apuntado que estas medidas «encuentran opiniones diversas, y no solo en el ámbito de la jurisdicción», indicando que «lo que ha de tenerse en cuenta es que si se habilitan absolutamente todos los días para la práctica de diligencias procesales o para la celebración de juicios, cuándo se podrán estudiar esos asuntos y deliberar y redactar las sentencias».
«Algunas medidas tienen una presentación teórica impecable, pero siendo realistas, en la práctica puede que no resulten tan eficaces como apunta su diseño», ha reseñado en relación a las medidas planteadas.
MEDIDAS DE REFUERZO
Celso Rodríguez se ha mostrado a favor de «la promoción de medidas de refuerzo con participación de magistrados de otros territorios en los cuales el impacto de la crisis sanitaria, y por o tanto su reflejo judicial, no resulte tan intenso».
«La experiencia ya funcionó en el pasado, precisamente para la descongestión del Tribunal Central de Trabajo y se mostró viable y eficaz. Hoy en día contamos con otra herramienta que debe potenciarse para facilitar el trabajo: la digitalización de asuntos, lo que permitiría incluso evitar en enorme medida el problema de los desplazamientos», ha señalado.
Asimismo, ha indicado que durante la primera quincena de vigencia del estado de alarma se produjo un descenso notable del número de detenidos puestos a disposición judicial y se puso de relieve que «en materia de violencia de género y familiar se había mantenido en líneas generales el porcentaje de incidencias, con incremento en algunos partidos judiciales concretos».
«El deterioro de la convivencia ya existente en una situación familiar o de pareja, a medida que transcurren los días en confinamiento ha producido desgraciadamente este efecto», ha señalado.
DIGITALIZACIÓN
Por otro lado, ha destacado que las técnicas de teletrabajo no estaban implantadas en la Justicia y que los funcionarios «nunca» han sentido el diseño del sistema de gestión procesal, desde el que se accede solo desde los propios juzgados, como «una necesidad».
«Los avances, no solo en acceso remoto sino en todas las utilidades y aplicaciones de los sistemas informáticos de gestión son un objetivo y tarea constante en la que venimos trabajando desde hace tiempo con la Comunidad y con el Consejo General del Poder Judicial», ha señalado.
Como novedad, ha señalado que se han habilitado a lo largo de estos días conexiones informáticas a funcionarios con el sistema de gestión procesal del órgano judicial y se han entregado equipos portátiles a letrados de la Administración de Justicia para la consulta y gestión permanente desde sus domicilios del registro y reparto de los asuntos cuyo trámite resultaba inaplazable.
Asimismo, ha indicado que «los jueces han seguido trabajado en muchas resoluciones por el cauce telemático» y le consta que «no solo por la actividad de la Sala a la que pertenece sino por los datos e informes que recibe constantemente de todos los órganos judiciales».
Así, ha explicado que se han remitido por correo electrónico «los escritos correspondientes a los catálogos de asuntos considerados de urgente e inaplazable tramitación; se han compartido en casi todos los órganos judiciales borradores de ponencias; y se han deliberado en un elevado número», procediéndose a su notificación a través de Lexnet.
REUNIONES TELEMÁTICAS DE SEGUIMIENTO
Además, ha expuesto que se han celebrado tres reuniones telemáticas de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior (una de ellas ordinaria y programada con anterioridad) y otras tantas de la Comisión de Seguimiento ejecutiva para la aprobación de los informes de gestión que se debe remitir al Consejo General del Poder Judicial.
«Estamos acomodándonos a estas técnicas a marchas forzadas, pero puedo asegurarle que con un resultado más satisfactorio del que en abstracto cabía esperar», ha recalcado, señalando que le duele que «se plantee ahora la cuestión como una necesidad derivada de la evidencia ante la que coloca la pandemia».
«Todos los gobiernos hace años que debieran haber pensado mucho más en la Justicia. No es nada nuevo. Lo he afirmado en mis intervenciones públicas e institucionales constantemente. Pero las carencias no pueden centrarse en la modernización tecnológica solamente», ha subrayado.
En este punto, ha apuntado que abarcan muchos otros aspectos que ya se han puesto de manifiesto a todos los responsables políticos hasta «la saciedad sin que se haya visto como resultado ese consenso que se simboliza en la tan gastada expresión del Pacto de Estado». «Seguiremos demandándolo. Lo que desconozco es con qué capacidad real de éxito», ha apostillado.
