El PSOE de Málaga: los test antidroga de la Policía Local «están caducados»

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Salvador Trujillo ha advertido de que en la ciudad «no se hacen pruebas de consumo de estupefacientes a los conductores desde hace meses porque estos test están caducados».

Durante una reunión mantenida con el Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía en Málaga (Sipan), según el PSOE, varios agentes del cuerpo armado local han indicado que al estar las pruebas fuera de fecha «no son eficaces», y que «tampoco se podrían enviar al laboratorio para obtener resultados porque el contrato municipal no dispone de presupuesto para abonar las facturas por este servicio».

Así, Trujillo ha criticado «la dejación de funciones por parte del equipo de gobierno local, que permite marchar a los conductores a quienes los policías dan el alto porque no hay forma de que se pueda comprobar si han cometido alguna infracción al conducir supuestamente bajo el influjo de alguna droga».

Asimismo, ha señalado que el contrato firmado entre Ayuntamiento y la empresa suministradora de los test para detectar el consumo de drogas consiste «en un sistema destinado para los agentes de la Policía Local». «Estos equipos permiten detectar en los conductores el consumo sustancias estupefacientes o psicotrópicas como THC cannabis, cocaína, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas», ha explicado la concejala socialista Carmen Martín.

El equipo suministrado está compuesto por analizadores de drogas DDS2, kits de pruebas, colectores para para los analizadores DDS2 y bolígrafos linterna que se usan para medir la pupila.

«En condiciones normales de uso, estos componentes permitirían el refuerzo de la campaña de control de alcohol y drogas puesta en marcha por la Policía Local de Málaga en nuestras carreteras. Se podrían salvar muchas vidas de accidentes de tráfico y lanzar un mensaje a los conductores en nuestra ciudad, que en la carretera no hay hacer locuras y que nadie puede escapar de la ley», ha declarado Trujillo.

No obstante, ha agregado, «que los sistemas de detección de la policía estén caducados es algo lamentable y lanza un mensaje muy negativo: que al Ayuntamiento no le importa la seguridad en la carretera».

Por otro lado, la concejala Carmen Martín ha lamentado que el Ayuntamiento «no reconoce sus derechos laborales a los agentes de la Policía Local que han estado de baja por tratarse de casos de riesgo».

Según Martín, que ha mantenido una reunión con sindicatos del cuerpo armado local, «a estos agentes no se les reconocen los pluses de festivos, nocturnos y paga de productividad, a pesar de tener asimilada la baja por COVID19 como una baja laboral».

Para Martín, «no podemos tener vilipendiado a los trabajadores de un cuerpo que cuenta con más de 200 años de antigüedad, y que está formado por personas que cada día se juegan el pellejo por nuestra seguridad. Una baja por COVID-19 está reconocida como laboral y así lo debe ver el propio Ayuntamiento de Málaga», ha exclamado la socialista.

De hecho, ha dicho, «el cuerpo de policías locales ha estado en primera línea de batalla contra la pandemia, exponiéndose sobremanera al virus por contacto con las personas», lamentando que «De la Torre no ha correspondido de la misma manera, ya que por ejemplo la actuación de hace unos días en la que un detenido dio positivo obliga a los seis policías locales a estar en sus domicilios sin ir a trabajar. El área de Personal les penaliza quitándoles todos los pluses, nocturnidad y fiestas, cuando ha sido una baja laboral».

Por último, ha incidido en que «vamos a seguir dando la batalla para que el Ayuntamiento de Málaga reconozca los derechos de todos sus trabajadores».

ÁREA DE SEGURIDAD

Por su parte, desde el Área de Seguridad han afirmado que dicha información «no se ajusta a la realidad ya que, desde el pasado mes de enero hasta el día de la fecha, se han realizado un total de 33 pruebas de detección de sustancias estupefacientes, seis en enero, 19 en febrero, una en marzo, una en abril, dos en junio y cuatro en el mes de julio».

Asimismo, han precisado que el descenso en la realización de pruebas a partir del mes de marzo «no es debido a las razones expuestas» por el PSOE, «sino a que, con motivo de la declaración del estado de alarma, se suprimieron los controles estáticos de detección de alcohol y drogas por motivos obvios de seguridad en evitación de posibles contagios por COVID-19, a lo que habría que sumar el descenso del número de vehículos que han circulado por las vías del municipio, como consecuencia de que la gran mayoría de los conductores se encontraban confinados en sus domicilios».

De igual modo, han añadido que «todas las pruebas de detección de sustancias estupefacientes se han realizado con el analizador de la marca ALERE, modelo DDS2, el cual no permite realizar las pruebas si detecta que el kit que se introduce se encuentra caducado y que, a este respecto, los kits que se encontraban en estas dependencias no caducaron hasta finales del pasado mes de junio, en total 18 de ellos, que fueron devueltos al almacén y han sido repuestos, disponiéndose actualmente de 50 de estos kits analizadores, los cuales no caducan hasta noviembre de 2021»

También han agregado que «estas pruebas al estar fuera de fecha no son eficaces», incidiendo en que, «además de haberse realizado todas las pruebas dentro de la fecha, la eficacia de la prueba queda constatada por el posterior análisis en laboratorio».

En relación con el contrato con los laboratorios a los que se remiten las pruebas realizadas para su posterior análisis, han señalado que hasta el mes de julio el servicio lo prestaba los laboratorios Synlab Barcelona, y a partir del mes de agosto, lo presta el Servicio de Toxicología Forense, Instituto Universitario de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, «por lo que no es cierto» lo que alude el PSOE «de que no se abonan las facturas a los laboratorios».

Por otro lado, han señalado que dentro del protocolo de la Policía Local de Málaga, «por motivos evidentes, no se contempla que a un conductor con síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes se le permita conducir su propio vehículo hasta las dependencias policiales para la realización de la prueba».