Los numerosos casos de corrupción han agitado la vida política española. PSOE y PP intentaron sin suerte que esta lacra aminorase con una doble modificación de la ley de financiación de los partidos políticos en los últimos seis años.
En 2012 se volvió a modificó la ley con la intención de apretar el cinturón a los partidos en tiempos de crisis. Pero a la vez se abrió una puerta a que sus cajas se llenasen al eliminar el tope máximo a las donaciones privadas a las fundaciones políticas.
Tres años después, marzo de 2015, se reguló la financiación política con una medida estrella: prohibir los donativos por parte de las empresas. Pero aquella medida escondía otra sorpresa: la restricción de gastos electorales a las plataformas vecinales, que llevaban años protestando por las dificultades que tenían para cobrar los ingresos que reciben por concejales y votos.
UNA REGULACIÓN PROBLEMÁTICA PARA LAS AGRUPACIONES LOCALES
La regulación de 2015 implicaba que las agrupaciones locales solo podían gastar 0,11 céntimos por cada miembro del censo en el que se presentaban, descontados gastos de mailing y papeletas electorales. En poblaciones de 1.000 vecinos con derecho a voto el gasto se limitaba a 110 euros para cubrir gastos de cartelería, alquiler de sonido, organización de actos y gastos varios.
El problema es que la ley de 2015 conllevaba sanciones de entre 50.000 y 100.000 euros para las plataformas que superasen en un 10% el techo de gasto (por lo cual, utilizando el ejemplo anterior, un gasto superior a 121 euros en un pequeño pueblo ocasionaba una sanción mínima de 50.000 euros).
En marzo del año pasado el Tribunal de Cuentas envió más de 500 expedientes sancionadores y posteriormente intentó apagar el fuego explicando algunos de sus miembros de forma verbal que no había intención de poner en un serio compromiso a los apoderados de numerosas candidaturas que ponen su firma por arrimar el hombro en la ‘España vacía’.
La Federación Española de Municipios y Provincias ha organizado algunas reuniones de trabajo con miembros de varias asociaciones para dejar claro que la ley no se cumplirá y se modificará en breve. El PSOE se pondrá en ello en las próximas semanas con la intención de eliminar el artículo 17 bis de la controvertida ley.
También se ha sumado a la campaña de la FEMP el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona, que explicó que el buzoneo o la edición de un programa electoral «ya supera los 2.000 euros» y que el diseño de los trípticos «ronda los 300 euros, el buzoneo y envío unos 400 y 60 euros las pegatinas».
Íñigo Imaz, portavoz de la agrupación navarra Urdazubi Elgarrekindebía, declaró que «el límite es insuficiente y está mal planteado, sólo en fotocopias ya nos gastamos 200 euros. Es una vergüenza, se supone que la ley trata de impulsar la transparencia y casi te están obligando a no presentar las cuentas«.
«El límite es insuficiente y está mal planteado, sólo en fotocopias ya nos gastamos 200 euros. Es una vergüenza»
Y añadió: «Se ha iniciado un procedimiento contra las agrupaciones que hemos declarado los gastos, cuando hay grupos que no lo han hecho y no se enfrentan a multas: esto sólo va a conducir a que el año que viene la gente no declare«.
EL PSOE INTENTARÁ VOLVER A LA LEY ANTERIOR A 2015
Hasta 2015 las agrupaciones solo debían abonar como multa el exceso de gasto y no unos 50.000 euros que se advierten como inasumibles. Este hecho provoca que se compita en desigualdad de condiciones con los grandes partidos, que compiten como ‘marca’ y tienen más capacidad de gasto.
Esta diferencia de criterio y algunas limitaciones de la ley provocaron que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos aprobasen en marzo de este año una subcomisión para estudiar medidas para mejorar la financiación de los partidos políticos y el ‘borrador’ que surgió de este trabajo podría cristalizar en ley antes del finalizar el año.
