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La portavoz del comité electoral del PSOE, Esther Peña. Foto: Flickr PSOE

La portavoz del comité electoral del PSOE, Esther Peña, exigió al Partido Popular que pida a su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, explicaciones con la misma diligencia con la que actuó al conocerse las grabaciones del almuerzo al que asistieron la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario José Manuel Villarejo, entre otros.

Las conversaciones entre Villarejo y el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López Hierro, descubren que el policía compartió con éste información reservada sobre la marcha de la investigación del caso Gürtel, le informó de presuntas maniobras para entorpecer el avance de las pesquisas y le dio el chivatazo de operaciones policiales que implicaban al PP antes de que fueran públicas, como los casos Brugal y Umbra.

Tras conocerse las conversaciones desveladas por MONCLOA.COM, el PSOE considera que su contenido descubre “una situación reiterada de entendimiento y complicidad, para influir sobre la investigación policial y sobre la acción de la Justicia” que pretendía “obtener un trato de favor hacia el PP” en el caso Gürtel.

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La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó en un comunicado que estas conversaciones, en todo caso, no cambiaron nada sobre el desarrollo del caso Gürtel. Además, la exdirigente popular sostuvo que la publicación de estas conversaciones tienen por objetivo “tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto”, en referencia a lo ocurrido con la ministra Delgado.

LA RÉPLICA DEL PSOE A COSPEDAL

La socialista Esther Peña, por su parte, replicó a Cospedal, respecto el efecto final de estas gestiones que, “se consiguiera o no, no es algo a valorar, lo preocupante es que esas conversaciones se produjeran“.

La dirigente socialista señaló que su partido exige al líder del PP, Pablo Casado, “que le dé importancia a este tipo de actos y se ponga manos a la obra” de la misma manera que lo hizo cuando salieron a la luz las grabaciones con el almuerzo que compartieron la hoy ministra de Justicia con Villarejo, el exmagistrado Baltasar Garzón y mandos policiales.

El Gobierno, por su parte, colaborará en todo lo posible con la Justicia en el llamado caso Villarejo. Así, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que “el propósito del departamento es dar el servicio debido a los fiscales y al juez para que la investigación llegue a las últimas consecuencias”.

Las palabras del ministro se produjeron tras conocerse las nuevas grabaciones publicadas ayer por MONCLOA.COM entre Villarejo y el marido de la exsecretaria María Dolores de Cospedal. En estas grabaciones, el comisario informó de su intervención a favor del Partido Popular en el caso Gürtel a Ignacio López del Hierro.

El titular de la cartera de Interior garantizó la colaboración de su departamento al ser preguntado por el papel jugado por los anteriores titulares de esta cartera. Según informaciones publicadas recientemente, estos habrían frenado presuntamente expedientes contra el excomisario Villarejo.

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No fue la única reacción por parte del Gobierno a los detalles que se acumulan en el caso. La ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, declaró en una entrevista en la Cadena Ser que “no es bueno” que las grabaciones realizadas por José Manuel Villarejo “marquen la actualidad política” y “mucho menos, que marquen la acción política de los partidos”.

La ministra subrayó que las grabaciones “se realizan de una manera absolutamente ilegal, vulnerando todos los derechos fundamentales habidos y por haber en nuestra Constitución”. Por esta razón, Batet afirmó que estos audios “no nos pueden merecer demasiado respeto”.

“Sabemos que este señor ha tenido muchas relaciones, ha mantenido muchísimas conversaciones y, por lo que parece, las ha grabado absolutamente todas”, añadió la titular del departamento de Política Territorial. Estas circunstancias le llevaronn a afirmar que, lo que a su juicio es una vulneración de derechos, no es bueno para el sistema democrático.

 

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