La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declara hoy en la Audiencia Nacional como imputada en el marco de la pieza separada número 9 del ‘caso Púnica’, que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Lo hace un día después de que hiciera lo propio su sucesor en el cargo y antigua mano derecha, Ignacio González, quien negó irregularidades y defendió su gestión al frente de la administración madrileña.
El antiguo presidente de la Comunidad de Madrid (2012-2015) declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien facilitó, previa petición de la Fiscalía Anticorrupción, su puesta en libertad provisional en noviembre de 2017, al decretar una fianza de 400.000 euros para su salida de la prisión de Soto del Real, donde permaneció durante cerca de siete meses por su implicación en otra trama de corrupción, el denominado ‘caso Lezo’.
González contestó este jueves durante poco más de dos horas a la preguntas del Ministerio Público y de su defensa, respuestas en las que, según fuentes judiciales, se desvinculó de las actuaciones delictivas que le atribuyó García Castellón en su auto de imputación del pasado 2 de septiembre.
POR QUÉ LA CITACIÓN COMO INVESTIGADO
Cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral son los siete delitos que habría cometido presuntamente González según los hechos descritos por el juez instructor.
García Castellón considera que el exmilitante popular desvió fondos públicos de forma continuada a través de los contratos de las Consejerías de Transportes y Presidencia de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2011.
Según apunta, esta práctica se habría fraguado entre Esperanza Aguirre y sus consejeros de confianza, Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo, en connivencia con el empresario argentino Daniel Horacio Mercado, dueño de la empresa de publicidad Over Marketing Comunicación.
El plan consistía en que las empresas de Mercado actuarían como vehículo de trasvase de fondos por las adjudicaciones de contratos de publicidad que recibirían desde algunas de las consejerías madrileñas. Una tesis que corroboró esta semana el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela en su declaración como investigado de la trama, al reconocer que Aguirre «invitó» a sus consejero a trabajar con el argentino.
De este modo, según el relato del juez, se incluían en los pliegos de los contratos que se licitaban una cláusula que obligaba a la empresa contratista a abonar hasta un 1% del presupuesto total del contrato para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada, como forma de desviar fondos.
Un entramado que negó este jueves González, quien también rehusó apuntar a Aguirre como cabeza de ese supuesto plan, algo que, previsiblemente, confirmará hoy la propia afectada en su declaración, aunque para el juez sea, tal y como indicó en su auto, “difícil de imaginar” e “inverosímil” que no conociera la presunta contabilidad B de su partido.
Además de a través de las Consejerías, el presunto desvío continuado de fondos también se realizó a través de las subvenciones públicas concedidas a la fundación Fundescam, donde González señaló ayer que «no hacía nada» y que abandondó en 2007 «para dar paso a otra persona», y a través de las contrataciones de ICM y el Canal de Isabel II.
La imputación, tanto de González como de Aguirre, también abarca el sufragio con fondos públicos de trabajos de reputación realizados por el también investigado Alejandro de Pedro, así como su supuesta participación en una “continuada dinámica de falsedad electoral” en la presentación de las contabilidades de las campañas para las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y para la de las generales 2008.
En relación a este último asunto, González ha sostenido que dentro del comité electoral del PP, del que formaba parte, nunca tuvo responsabilidades a cerca de la financiación de las campañas, y que era el exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, el encargado de esas cuitas.
Ese mismo argumento fue secundado este jueves por Gádor Óngil, exconsejera y expresidenta del patronato de Fundescam, en la declaración como investigada por presuntos delitos de falsedad electoral, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y fraude. La declaración se produjo inmediatamente después que González y en la que también negó haber gestionado nunca fondos vinculados a la trama ‘Púnica’.
La de Esperanza Aguirre, a quien el juez atribuye los mismos delitos que a González, es una de las declaraciones más esperadas de la investigación de la financiación ilegal del PP en el marco de la trama ‘Púnica’, después de que García Castellón la imputara el mes pasado junto con otra treintena de personas. Entre ellas, la también expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que en su declaración de la semana pasada defendió su lucha “implacable” contra la corrupción en el PP de Madrid.
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
A González, que llegó y se fue ayer de la Audiencia Nacional a pie y ocultó bajo los cristales de unas gafas de sol, parece que la Justicia le está dando una de cal y otra de arena.
En el marco de la macrocausa del ‘caso Lezo’ sigue investigado en varias piezas, como la relativa a las irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero, pero consiguió que le desimputaran el pasado mes de mayo, junto con el también expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, de la parte que investigaba las adquisiciones con desvío de dinero público por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa.
Por la operación ‘Lezo’ permaneció en prisión provisional de abril a noviembre de 2017, antes de su puesta en libertad condicional previo pago de 400.000 euros y con la posterior retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de declarar cada semana en el juzgado más cercano a su domicilio.
Por otro lado, poco más de un mes después de conocerse su imputación en la ‘Púnica’, “la cal”, le llegaba “la arena” de la mano del fin de la investigación del conocido como ‘caso Ático’. La Audiencia Provincial de Málaga dio esta semana definitivamente por concluidas las pesquisas, después de rechazar, por una cuestión de plazos, un recurso de Asociación Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AAGTPM) que pedía seguir ahondando en el caso del ático de lujo del expresidente en Estepona.
