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Soraya Sáenz de Santamaría en su discurso ante el Congreso del PP. Foto: Flickr PP

Después de su anuncio de dejar la política activa, Soraya Sáenz de Santamaría va a tener casi imposible pasarse al sector privado en los dos próximos años, debido al régimen de incompatibilidades que tienen los ministros y altos cargos que trabajan en la Administración General del Estado.

Cualquier empresa del Ibex 35 se pelearía por sus servicios para entrar en el consejo de administración o en algún puesto de campanillas en el organigrama de dirección, pero las puertas giratorias de la política al mundo empresarial son ahora prácticamente infranqueables y generan enormes suspicacias.

Sáenz de Santamaría ha estado implicada en cada asunto que ha pasado por el Consejo de Ministros desde que llegó a la Vicepresidencia en diciembre de 2011, aunque la letra pequeña siempre es interpretable. El Confidencial recordaba recientemente que la mano derecha de Mariano Rajoy no ha firmado tantas normas en los últimos años y que la Abogacía del Estado ha interpretado en el pasado que las leyes no generan conflicto de intereses a los ministros porque son aprobadas finalmente en el Parlamento.

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Existe un precedente en su equipo de Moncloa al que Sáenz de Santamaría podría agarrarse. Concretamente, el de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia durante tres años antes de ser fichado por Patricia Botín para entrar el consejo del Banco Santander. Pero Renovales no participó en las decisiones del Consejo de Ministros.

Además, cualquier paso al sector privado en los dos primeros años, tras su cese como vicepresidenta, deberá ser aprobado por el actual Gobierno. Por lógica, una petición de Sáenz de Santamaría para entrar en una gran compañía sería vetada por el Ejecutivo socialista ya que tendría muy difícil justificación ante su electorado y la opinión pública.

LA PLAZA QUE ESPERA A SÁENZ DE SANTAMARÍA

Así las cosas, la opción más sencilla para Sáenz de Santamaría sería pedir el reingreso en la Abogacía del Estado, una plaza que tiene por derecho desde que se sacó la oposición a finales de los noventa y en la que sólo ejerció durante unos años antes de dar el salto a la política.

Al igual que Rajoy con su puesto funcionarial de registrador de la propiedad, la exvicepresidenta podría estar unos años en una cómoda plaza de la Abogacía del Estado, un organismo que tiene un buen número de vacantes por cubrir debido al gran número de abogados de este gremio que piden la excedencia para trabajar en grandes corporaciones.

Una vez dentro de la Abogacía del Estado, Saénz de Santamaría también podría solicitar una excedencia de dos años –a semejanza de lo que ha pedido Cristinta Cifuentes a la Universidad Complutense– y vivir de la compensación económica que se prevé para los altos cargos que cesan, un 80% del sueldo anual que ha tenido estos últimos años.

Eso sí, no podría sumar un salario a esta pensión ya que fue el propio Gobierno de Rajoy, con ella de vicepresidenta, el que estableció en 2012 la incompatibilidad entre dicha pensión indemnizatoria de dos años y un salario en el sector público o privado, por lo que Sáenz de Santamaría tendría que tomarse un par de años sabáticos si opta por la pensión.

 

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