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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Foto: Flickr Pedro Sánchez.

Cuando se van a cumplir siete meses del inicio de la legislatura de Pedro Sánchez, al Gobierno se le han ido acumulando casos por cerrar. La exhumación de los restos del general Francisco Franco, la fallida reforma de la ley de justicia universal y el compromiso del referéndum de Cataluña, son algunas de las promesas incumplidas en el mandato socialista.

La exhumación de Franco ha sido desde un principio un objetivo fundamental de Pedro Sánchez. El Gobierno ha ido dando sucesivos traspiés en la polémica de la exhumación desde que el presidente llegó a La Moncloa. En diciembre, el Ejecutivo retrasó el procedimiento a enero por problemas administrativos.

Precisamente, al comenzar la legislatura los socialistas hablaron de un “plazo lo más breve posible” para retirar los restos del Valle de los Caídos. Luego, el asunto se complicó para el presidente, que primero se reafirmó en su postura para más adelante, en el pasado mes de agosto, admitir que los restos del dictador saldrían de su actual ubicación “entre enero y febrero”.

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“Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy pronto. Pero, si hemos esperado cuarenta años, esperar unas semanas o unos días más no es problema, lo importante es que se haga con todas las garantías y es lo que está haciendo el Gobierno, pero la decisión política está tomada”, dijo el presidente a finales de diciembre.

Tras estas declaraciones, el Gobierno habría intentado convencer a la familia del dictador. También ha realizado gestiones ante las autoridades eclesiásticas después de que el prior del Valle de los Caídos no autorizara la entrada en la basílica para llevar a cabo la exhumación. Actualmente, el Gobierno no ha conseguido su propósito y la fecha en la que lo conseguirá es una incógnita.

SÁNCHEZ Y LA LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL

En 2014 el Partido Popular derogó la ley de justicia universal a través de una reforma. El Gobierno de Mariano Rajoy acordó con mayoría absoluta recortar aspectos de la misma, por lo que se determinó que ya no se podría perseguir crímenes internacionales en el que el investigado sea español o resida o se encuentre en España.

El Ejecutivo de Sánchez intentó recuperar y ampliar la ley de justicia universal hace unos meses. Para ello, Sánchez y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, crearon un comité de expertos para reformular las propuestas para dicha ley.

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“Nuestra misión es estudiar todas las propuestas y tratar de actualizarlas y mejorarlas de acuerdo con el derecho internacional”, señaló el experto en derecho internacional y miembro del comité, Manuel Ollé.

Los expertos entregaron un informe y el PSOE orientó las ideas de la reforma en enmiendas de los socialistas en el Congreso. A pesar de las sugerencias del informe, las enmiendas no recogían algunas de las recomendaciones aportadas en ese documento.

“Nuestra misión es estudiar todas las propuestas y tratar de actualizarlas y mejorarlas de acuerdo con el derecho internacional”

El informe sugería la adopción de medidas nacionales para mejorar la cooperación jurídica con otros países y manifestaba que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. El objetivo fundamental del comité de expertos se centraba en que el Gobierno realizase una reforma que garantizase a la Jurisdicción Universal perseguir delitos sin limitaciones nacionales.

El pasado mes de julio, Delgado aseguró en la Cámara baja que la reforma de 2014 limitaba “la eficacia de España en el combate frente al narcotráfico internacional y el terrorismo” y añadió que la ley Universal de Justicia “igualaba a los países a la hora de combatir la impunidad de aquellos crímenes más graves contra el pueblo”.

Finalmente, la reforma del Ejecutivo fue muy similar a la de antes de la reforma de 2014. Además, el Ministerio de Exteriores advirtió que las medidas de la reforma sugerida por el comité ya que consideraron que aportaba “elementos” que afectarían “directa y gravemente las relaciones internacionales del Estado”.

REFERÉNDUM DE AUTOGOBIERNO EN CATALUÑA

El principal problema al que se enfrentó Sánchez tras la moción de censura contra Rajoy fue la crisis de Cataluña. Sánchez subrayó estar a favor de un “referéndum por el autogobierno” pero no por la autodeterminación. Las ambiciones independentistas de Torra no cesaron, aunque sí acercó sus posturas con las del presidente del Gobierno a través de una reunión bilateral. Los líderes tuvieron la oportunidad de “conversar de todo” en el encuentro que mantuvieron en diciembre en el palacio de Pedralbes (Barcelona).

Torra mandó un mensaje a Sánchez hace unos días, en el que advertía sobre la posibilidad de no apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si “Sánchez no se movía”. De esta forma, el president reiteró la necesidad de una “solución política para Catalunya que pase por el ejercicio del derecho a la autodeterminación”.

Finalmente, el Ejecutivo ha adoptado medidas para que los partidos independentistas catalanes apoyen los PGE. Entre ellas destaca la aprobación de un incremento de las inversiones en Cataluña.

 

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