Estas son las dos dirigentes socialistas que envenenan la relación del Gobierno con el CGPJ

  • Carmen Calvo y Margarita Robles se han inmiscuido mucho en este asunto.
  • Robles quiere el puesto de Lesmes pero no puede acceder a él.
  • El presidente del CGPJ le retiró su condición de magistrada del Supremo aplicando la ley.
  • La relación del Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial está rota. El PSOE le ha declarado la guerra a la cúpula del CGPJ sin tener muy claro por qué. El Consejo está en funciones, sí, pero desde Ferraz cuesta entender por qué el Ejecutivo ha decidido declarar la guerra a los jueces sin mayor motivación que la de la propia renovación de Consejo que preside Carlos Lesmes. Sin embargo, hay dos dirigentes socialistas del Gobierno que tienen mucho que ver en el veneno que recorre esta relación. La primera es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ha ocultado ni un segundo su odio hacia Lesmes. Y la segunda es la vicepresidenta del Ejecutivo Carmen Calvo, muy influenciada por su jefa de gabinete, la magistrada Isabel Valldecabres.

    Sobre Robles hay poco que añadir. Su odio a Lesmes nace en el mismo momento en el que el CGPJ decidió aplicar la ley y retirarle su condición de magistrada del Supremo, algo que la excluye de toda posibilidad de ocupar el puesto de Lesmes, la gran ambición de la ministra de Defensa. El presidente del Consejo simplemente aplicó las normas, pues si Robles quería acabar en el Gobierno eso la obligaba a perder su condición de magistrada del Supremo. Tomó la decisión y Lesmes aplicó la ley, pero Margarita no perdona. Y al ver que había una oportunidad de linchar al Consejo desde el Gobierno, Robles no ha perdido ni un instante en influenciar la política del Ejecutivo de cara a su relación con el Consejo General del Poder Judicial.

    Pese a que Robles no renuncia a su ambición de ocupar el día de mañana el puesto de Lesmes (aunque según los expertos eso sería prevaricación), la ministra ha marcado mucho las pautas de cómo tratar con un Consejo en funciones desde diciembre de 2018. Pero junto a Robles, hay otra dirigente del Gobierno de Pedro Sánchez que se ha dejado influenciar por su directora de gabinete para ganar algo de protagonismo en este asunto, y esa es la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

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    La socialista no es muy cercana al mundo judicial, pero su jefa de gabinete sí. Isabel Valldecabres, una magistrada que ha salpicado algún medio que otro tras archivar los escraches a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, ha estado siempre muy cercana al PSOE. No extrañó a nadie que, cuando formaron Gobierno, Calvo se la llevara consigo a la vicepresidencia primera. Incluso estuvo cerca de las quinielas para recoger la cartera de Justicia, que ahora ostenta Juan Carlos Campo, pero su ambición se quedó en la jefatura de gabinete.

    Valldecabres es menos hostil que Robles, sin lugar a dudas, con el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, conoce bien la casa y Calvo no ha perdido la oportunidad de aprender de ella para influir en la estrategia que el Gobierno debe seguir con el Consejo. Entre Calvo y Robles, el Ejecutivo ha optado (especialmente por la influencia de Robles) por la nefasta idea de enfrentarse directamente con Lesmes, algo que a día de hoy evita a toda costa el propio ministro de Justicia, que no sale de su asombro ante los ataques personales de Robles a Lesmes, pese a que conoce de dónde viene su inquina.

    El veneno recorre hasta tal punto la relación entre el Gobierno del presidente Sánchez y el Consejo General del Poder Judicial que incluso el PSOE se plantea tramitar una ley que, de por sí, cuenta con el rechazo de todos los jueces. Esta ley prevé renovar los vocales del Consejo con una mayoría absoluta, y no con una de tres quintos del Congreso y del Senado como se requiere ahora. Es decir, que se podrá elegir a la cúpula del Consejo con menos apoyos parlamentarios, por lo que un par de partidos (y no necesariamente los dos mayoritarios) se podría decidir el corte ideológico del Consejo. Algo que nadie entiende, y menos desde Ferraz, que son defensores (en su mayoría) de la independencia judicial.

    Campo está en contra de esta ley y lo dejó claro en una entrevista en Onda Cero, donde no quiso responder a la idea de que el PSOE pretende cambiar la ley. Pero ante todo es un hombre de partido que se ha encontrado con un papelón del que no sabe cómo salir. De hecho, su situación es tan peculiar que su gran esperanza es que el Partido Popular cambie de idea y apoye la renovación del Consejo, pero dada su desastrosa política de comunicación, pocos consideran que el presidente del PP vaya a dar su brazo a torcer.