voto rogado
Una votante española en el Consulado de Montevideo, en Uruguay.

PSOE y Unidos Podemos han registrado este viernes en el Congreso, de cara al 26-M, una proposición de Ley para cambiar el voto rogado, es decir, el método por el que los 2.082.469 españoles inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) votan en las elecciones de nuestro país, excepto en las municipales, en las cuales no pueden votar.

Desde la instauración en 2011 de este método de voto por correo se ha reducido la participación electoral de los españoles que residen en el extranjero de un 30% a un 5% en las pasadas elecciones generales, principalmente por lo tediosos que son los trámites necesarios.

Las personas registradas en el CERA deben enviar el voto por correo certificado al Consulado o entregarla directamente en la urna del Consulado correspondiente. En el caso de los inscritos en el ERTA (Españoles Residentes Temporalmente Ausentes), el voto se envía directamente por correo certificado a la mesa electoral de su correspondiente colegio en España.

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La propuesta de reforma viene a raíz del ajustado plazo del que estas personas disponen para reclamar las papeletas, debido que no pueden enviarse hasta que se proclamen las candidaturas, sumado al mal funcionamiento de los servicios de correos en algunos países que hace que muchos votos no lleguen a tiempo. Además, es uno de los puntos sobre los el PSOE pudo llegar al acuerdo con Unidos Podemos para la aprobación de los Presupuestos de 2019.

Este nuevo método consistiría en enviar las papeletas en blanco, junto con unas instrucciones para que los electores las rellenen, así como información facilitada a través de páginas web, información telefónica y correo electrónico. De esta forma, el envío de las papeletas podría anticiparse a la proclamación de las candidaturas.

Una vez completada la papeleta, los votantes deberán ir al Consulado o embajada correspondiente, en un plazo de siete días, cuatro más de los que se dispone con el voto rogado, o bien enviarla por correo a la oficina consular mas próxima para que desde allí sea reenviado por valija diplomática a España. Se recoge la apertura de un apartado de correos “propio y exclusivo” para garantizar la gratuidad del proceso.

También se propone el aumento de puntos de votación presencial, algo que, ya está recogido en la ley aunque “se hace poco” según Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, que ha explicado la propuesta en el Congreso. De este modo, ha añadido, para mantener y reforzar “todas las garantías en el proceso electoral”, tanto el voto presencial como el que se haga por correo deberá ir debidamente acompañado de un sello sin el cual no tendrá validez.

PSOE y PODEMOS NECESITAN A CIUDADANOS

La intención del ejecutivo es que la supresión del voto rogado llegue antes de las elecciones autonómicas y europeas el 26 de mayo, por lo que será necesario una reforma exprés de la ley, que consiste en, tras la presentación de la proposición, dejar tiempo a la Mesa para calificarla y al Pleno para admitirla a trámite en la última semana de febrero, para después, PSOE y Unidos Podemos solicitar un ‘procedimiento de urgencia’ y de lectura única.

Solo así, y con el respaldo de Ciudadanos, España podrá librarse del voto rogado antes de las próximas elecciones. La posición de los de Albert Rivera resulta clave, debido a que el Partido Popular ya ha dejado claro que no acepta la propuesta de Pedro Sánchez porque piensa que puede afectar a la limpieza del proceso electoral, principal motivo por el que se instauró este proceso en 2011.

Lo habitual es que una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se haga con el consenso de todos los grupos, pero el PP tiene una propuesta alternativa que consiste en remitir por valija diplomática a embajadas y consulados las papeletas de todas las candidaturas proclamadas para que las hagan llegar, por el servicio postal del país correspondiente, a cada elector, lo que para el Gobierno supone grandes “dificultades logísticas”.

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La principal petición del PP para mantener la transparencia en el voto por correo, es la de un “certificado acreditativo de personalidad” que identifique inequívocamente a los votantes, pero desde el Gobierno piensan que la identificación de los electores está suficientemente acreditada con la fotocopia del DNI o pasaporte, el certificado de nacionalidad y la inscripción en el CERA, y que el partido de Pablo Casado trata de “mantener de forma encubierta y agravada” el voto rogado, ya que en las dos últimas elecciones generales el partido más votado entre los residentes en el extranjero, fue Podemos.

Los socialistas son especialmente críticos con teste punto que, quiere imponer a los votantes en el extranjero acreditar su identidad ante un “fedatario público” en cada cita con las urnas. Este certificado requeriría a los electores abonar las tasas correspondientes, para que estos fedatarios, como notarios, se limiten a verificar los requisitos formales de los documentos sin entrar  en su contenido ni la identidad de quien los porta.

 

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