La aprobación de siete decretos-leyes en apenas tres meses de gobierno de Pedro Sánchez ha provocado una cascada de críticas desde la oposición, sobre todo desde las filas del PP y Ciudadanos. Curiosamente, el presidente del Gobierno descalificó en el pasado el uso de este instrumento legislativo que exige su posterior convalidación en el Congreso en el lapso de un mes.
Por ejemplo, en mayo de 2012 Sánchez preparaba la tesis doctoral titulada ‘Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)’ en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Por aquel entonces había empezado a trabajar en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras perder el acta de diputado: meses antes, en las elecciones de noviembre de 2011, se había quedado a las puertas del Congreso de los Diputados ya que había ido en el undécimo puesto de la lista del PSOE por Madrid y su partido sólo había obtenido una decena de actas en dicha circunscripción.
Coincidía su regreso a la actividad privada con los primeros meses de Mariano Rajoy en el poder y Sánchez criticó el uso del decreto-ley por parte del PP: “¿Se cambia un país por Decreto?, ¿sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la práctica?, ¿no es mejor acordar antes que imponer?”, se preguntaba en su cuenta personal de Twitter.
En noviembre de 2015, ya como candidato del PSOE a las elecciones de finales de ese año, Pedro Sánchez insistió en que este mecanismo es una prevista para “situaciones excepcionales” ya que si se convierte en la forma ordinaria de legislar, “se hurta a las Cortes, es decir a los representantes del pueblo español, su función”.
“¿Se cambia un país por Decreto?, ¿sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la práctica?»
En aquel momento se comprometió “a dar al Congreso la centralidad que merece” y limitar el uso del decreto-ley a “circunstancias limitadas”. Ante la marejada creada por el anuncio del séptimo decreto-ley (el que afectará a la exhumación de Francisco Franco), el Gobierno quiso salir al paso con una serie de datos.
En primer lugar, el hecho de que todos los gobiernos han hecho uso del decreto-ley y que desde 1978 se han aprobado una media de 14 decretos leyes al año. En este sentido, el primer Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta –y, por tanto, sin ningún problema para aprobar leyes en las Cortes Generales- fue el “más prolífico” en la aprobación de decretos leyes: en 2012 se aprobaron 29; en 2013, 17; en 2014 también 17 y en 2015, 12.
PEDRO SÁNCHEZ ESGRIME AHORA QUE ES «HABITUAL» EL DECRETO-LEY
Además, el Ejecutivo actual ve “habitual” que en los primeros meses de una legislatura, o de un gobierno, se aprueben muchos decretos leyes pues el Gobierno, en su función constitucional de dirección política del Estado, “quiere poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas”. Es más, desde el equipo de Pedro Sánchez se subraya que todos los decretos leyes aprobados hasta ahora respetan los límites constitucionales ya que, “en ningún caso”, se afecta al desarrollo directo de derechos y libertades, al régimen de las Comunidades Autónomas, al régimen electoral general o a las instituciones básicas del Estado, como establece la Constitución.
En los siete casos, el Palacio de la Moncloa ha considerado necesaria una “actuación normativa urgente, a partir de un juicio político, y lo ha justificado expresa y razonablemente” en la exposición de motivos de cada uno de los decretos leyes. Así, un decreto-ley se aprobó para transponer normas europeas, otro para hacer una oferta pública de empleo extraordinaria y un tercero para atender a desempleados de larga duración, renovando un programa que viene de 2014 y que fue adoptado en su día por un decreto ley y prorrogado también por el anterior gobierno con el mismo formato.
En los cuatro casos restantes, el Gobierno ha considerado que era “urgente” la actuación normativa. Por ejemplo, para cubrir el vacío existente en RTVE ante el cese de su presidente por fin de mandato, sin que pudiera seguir en funciones. También considera urgente recuperar “el carácter universal” de la sanidad pública, las medidas del pacto contra la violencia de género o la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, “actuación exigida con preferencia por el Congreso en 2017, sin que el Gobierno anterior hiciera nada, y solicitada de forma recurrente por Naciones Unidas”.
