La primera reacción de Arabia Saudí a la polémica creada por España en torno a la venta de las 400 bombas de precisión ha sido hacer el vacío al embajador español en Riad, Álvaro Iranzo, según explicaron fuentes diplomáticas a MONCLOA.com
El diplomático intentó, infructuosamente, hablar por teléfono con ministros y altos cargos del Gobierno saudí en los primeros días de la crisis. Además, sus peticiones de entrevista con ellos -cursadas a través de correos electrónicos- no tuvieron respuesta al menos hasta mediados de la pasada semana, indicaron las citadas fuentes.
La crisis diplomática entre ambos países estalló el 3 de septiembre cuando la Cadena Ser informó que el Ministerio de Defensa había paralizado la venta de 400 bombas de precisión láser del Ejército español a Arabia Saudí. El contrato se suscribió en el verano de 2015, cuando Pedro Morenés dirigía Defensa, a cambio de 9,2 millones de euros que Riad ya ha abonado.
El material bélico se encontraba almacenado desde entonces en una base militar del Ejército de Tierra en Aragón, a la espera de que las autoridades saudíes procedieran a recogerlo. El hecho de que Riad no hubiese retirado las bombas después de tres años de haber efectuado el desembolso económico era una muestra, según las fuentes diplomáticas, de que ese armamento no era urgente para el Ejército saudí, inmerso actualmente en una guerra contra los hutíes de Yemen que empezó en marzo de 2015.
El mismo día que apareció la noticia de la revocación del contrato, el embajador saudí en España, el príncipe Mansour Khalid Al-Saud, se puso en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para manifestarle su disgusto por la medida adoptada por el Ejecutivo socialista.
La llamada del embajador saudí a Borrell, unido al silencio de la ministra de Defensa durante varios días, provocó que en Exteriores se activasen todas las alarmas ante el riesgo que corría el contrato adjudicado en julio a Navantia para la construcción de cinco corbetas a la Marina saudí. Una operación valorada en 1.813 millones de euros y que daba tranquilidad a la empresa pública española tras el fiasco de la venta de las fragatas a Australia.
No hay que olvidar que la venta a Arabia Saudí es la mayor exportación de la historia de Navantia, tal y como recordó El País, de ahí que la decisión de Defensa provocase una oleada de protestas entre los trabajadores de Navantia en San Fernando (Cádiz).
EL CONTRATO CON ARABIA SAUDÍ
El contrato, que generará unos 2.000 empleos durante cinco años, incluye la construcción de las cinco corbetas, basadas en el modelo ‘Avante 2200’ vendido en su día a Venezuela, así como también la remodelación del puerto saudí de Yedá, que le servirá de base, y la instrucción de las tripulaciones, unos 600 marineros saudíes que se formarán en España.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, fue la primera en matizar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al subrayar que no había nada decidido y que el Gobierno defendería el contrato y la carga de trabajo de Navantia en Cádiz, después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, alzase la voz en defensa de los astilleros cuando la región se encuentra ya de facto en precampaña electoral, a la espera de saber qué domingo de noviembre es el elegido por ella para los comicios andaluces.
Robles volvió a enmarañar el asunto el pasado lunes en su comparecencia en el Senado, al decir que el contrato de venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí no había sido suspendido, sino que estaba en fase de estudio, igual que todos los contratos que tiene España en la actualidad «con cualquier país» para analizarlos «desde el rigor».
Fuentes gubernamentales alertaron a MONCLOA.com de las posibles consecuencias de estas declaraciones de la ministra de Defensa, al poner en cuestión todos los contratos suscritos en los últimos años, muchos de ellos en su fase final de tramitación y entrega, lo que supone quebrar el principio de seguridad jurídica.
También llamó la atención que Robles arrogase a Defensa la facultad de decidir qué contrato es valido y cuál es no, cuando existe una Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) en la que están representados, entre otros, los ministerios de Presidencia, Economía, Exteriores, Defensa o Hacienda, y que es el organismo que examina las licencias y, en última instancia, aprueba o deniega una operación de venta de armas.
Finalmente, fue el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien anunció el pasado jueves que el Gobierno reanudará la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí tras estudiar el envío durante una semana y no detectar «ninguna irregularidad». Además, indicó que se trata de armamento de precisión que «no produce efectos colaterales» ya que su precisión de impacto en el blanco es “de menos de un metro”, algo con lo que quiso refutar las críticas sobre el posible destino de este armamento a la guerra en Yemen y que acaba afectando a la población civil.
En la práctica, este anuncio de Borrell no era pertinente porque la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí ya esta aprobada por la JIMDDU hace tres años, Riad había pagado religiosamente el montante estipulado y sólo quedaba que los saudíes viniesen a recogerlas, pero el Gobierno de Sánchez quiso de esta forma lanzar un mensaje conciliador a la principal potencia del Golfo Pérsico para intentar atajar la crisis.
Mientras las autoridades saudíes respondían con el silencio a las llamadas y mensajes del embajador Iranzo, el principal canal de comunicación entre Madrid y Riad fue el que mantuvo abierto el rey Felipe VI. Fuentes de la Zarzuela subrayaron a MONCLOA.com que el jefe del Estado medió en este asunto para que las aguas volviesen a su cauce.
