sábado, 8 mayo 2021 22:16

Archivan la investigación del ‘caso máster’ que afectaba al exalto cargo de Guindos

  • La juez Rodríguez-Medel decreta el archivo de la pieza separada sobre Miguel Temboury.
  • Exonera a Fernando Suárez y Enrique Alvarez-Conde del delito de falsificación de documento público.
  • Considera que hubo un "error administrativo" que dio el máster a Temboury tras haber retirado su matriculación.
  • La juez de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decretó el pasado 11 de septiembre el archivo de la pieza separada en la que se investigada al antiguo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez, y al director del Instituto de Derecho Público dentro de esta universidad, Enrique Álvarez Conde, por el presunto delito de falsificación de documentos públicos en beneficio de Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad con Luis de Guindos entre 2011 y 2016.

    La URJC envió a la juez información relacionada con las irregularidades encontradas en los expedientes de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, en la que también figuraba el nombre de Temboury, quien tras matricularse el 1 de febrero de 2011, canceló la inscripción 10 días después, y pese a ello, se le convalidaron todas las asignaturas tras un correo de Álvarez Conde.

    El exsubsecretario de Estado de Economía y abogado del Estado compareció ante la juez en agosto, en calidad de testigo, para negar con vehemencia que hubiera seguido el polémico máster, en el que su nombre aparecía en un acta de convalidación de varias asignaturas sin que las hubiera cursado.

    “Nunca se inscribió en ese máster”, manifestaron entonces a Europa Press fuentes cercanas al que fuera persona de confianza del exministro De Guindos. Las mismas fuentes indicaron que lo único que le unía a esta universidad es que dio clases entre 2011 y 2012, sin especificar las materias que daba, y recalcaron que no necesitaba este curso para engordar su currículum.

    Rodríguez-Medel afirma en su auto, al que ha tenido acceso MONCLOA.com, que no se desprenden indicios delictivos en la conducta de Suárez y Álvarez Conde a la hora de convalidar las asignaturas de Temboury.

    “ERROR ADMINISTRATIVO” CON EL EXALTO CARGO DE GUINDOS

    La jueza había imputado a los dos primeros el delito de falsificación de documentos públicos, mientras que el exalto cargo de De Guindos corría el riesgo de ser acusado de prevaricación administrativa y cohecho impropio, los dos delitos que analiza el Tribunal Supremo en el caso que afecta al presidente del PP, Pablo Casado.

    La juez de instrucción considera que en el caso de Temboury se trató de “un error administrativo” ya que existe una “explicación verosímil a la existencia de esta confusión” y es que el afectado se encontraba en esas fechas contratado como docente en la URJC.

    Rodríguez-Medel acepta los argumentos de la defensa de Alvárez Conde “cuando sostiene que al no existir convalidación ni calificación, no hay indicios de delito”. Por todo ello, procede al sobreseimiento de esta pieza separada –denominada D- y dio un máximo de cinco días para recurrir la resolución judicial.

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    Temboury fue nombrado en 2001 asesor para Consejo de Ministros dentro del Gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Desde 2002 a 2004 ocupó el cargo de director del Gabinete del Ministro de Interior, Ángel Acebes, y tras la victoria de los socialistas pasó a la excedencia integrándose como socio en el departamento de Derecho Administrativo y Sectores Regulados del bufete Pérez-Llorca.

    CONDENADO A PAGAR 750.000 EUROS

    Posteriormente, en 2007, fundó Temboury Abogados y en ese mismo año fue designado presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid. Tras la victoria del PP en las elecciones generales de 2011, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, puesto en el que estuvo destinado hasta septiembre de 2016.

    En febrero de 2017 fue condenado, junto al exvicepresidente de la CNMV Luis Ramallo, a indemnizar con 750.000 euros a la empresa Puma por haber dictado un arbitraje “temerario” que careció de “buen juicio”.