El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre y principal imputado en el caso Tándem, ha pedido al juez Diego de Egea que requiera “de manera urgente” a MONCLOA.COM para que se abstenga de difundir nuevas grabaciones realizadas por él durante su etapa como policía y entregue al juzgado todo el material del que disponga sin quedarse con copia, según informa El Independiente.
Así lo solicita la defensa del comisario ya jubilado en un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional el pasado viernes, a raíz de que este digital político publicara en diversas entregas el contenido de la conversación grabada por el antiguo agente encubierto, con ocasión de un almuerzo celebrado en el restaurante Rianxo de Madrid el 23 de octubre de 2009.
Dicha comida la convocó el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico (ya fallecido), para celebrar la concesión de una medalla pensionada a Villarejo y en ella participaron también el juez Baltasar Garzón, la hoy ministra Dolores Delgado y los comisarios Gabriel Fuentes y Enrique García Castaño, El Gordo.
En su escrito, el letrado Ernesto Díaz-Bastien plantea la adopción de esta medida cautelar después de que el director de MONCLOA.COM, Joaquín Vidal, reconociese en entrevistas periodísticas que en los días siguientes harían públicas “nuevas grabaciones”, algo que efectivamente ocurrió en la edición del domingo al no haber ningún impedimento para ello
La defensa del comisario retirado también fue más allá y pidió al juez De Egea que requiera al citado medio para que le “entregue inmediatamente” no sólo la grabación relativa a la citada comida celebrada en el otoño de 2009, sino todas las realizadas por su representado a las que haya podido tener acceso “sin guardar copia alguna”, a fin de que las cintas queden bajo control del letrado de la Administración de Justicia. En este sentido, MONCLOA.COM entregó el audio íntegro de la comida el pasado sábado a la Audiencia Nacional.
Villarejo reprocha al juzgado falta de diligencia a la hora de custodiar las cintas que le fueron intervenidas en sus viviendas y en la de su socio –el abogado Rafael Redondo, que ha permanecido en prisión durante 10 meses- y recuerda que todo el material está afectado por el secreto de sumario.
“Desde el momento en que estas grabaciones se encuentran en poder del juzgado, y este órgano judicial es el responsable de su custodia, tiene el deber de preservar el secreto y los derechos fundamentales de las personas (sean parte o no en la causa, con independencia de su relevancia o irrelevancia pública)”, añade.
VILLAREJO SE SIENTE «PERJUDICADO»
Por ello, el abogado insta al juez De Egea a abrir una pieza separada en la que se investiguen “todas y cada una de las revelaciones de secreto que se han cometido y se siguen cometiendo a lo largo de las instrucción” y que le tenga por personado en ese hipotético procedimiento en calidad de “perjudicado”.
No es el único reproche que el ex agente encubierto formula al juzgado que instruye la causa por la que lleva en prisión desde hace 11 meses. Villarejo también considera que “no está controlando debidamente a alguno o algunos de quienes investigan”, en alusión velada a los fiscales del caso –Ignacio Stampa y Miguel Serrano– o a los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
