La venta de armas a Arabia Saudí, corroborada este miércoles en el Congreso, es la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso paralizar a primeros de septiembre y luego desbloqueó antes de llegar a mediados de mes. La venta obedece a “razones ocultas” de estrategia militar, según explican a MONCLOA.COM fuentes de inteligencia.
Cuando un país vende armas a otro, no sólo hace entrega de éstos: en el ‘pack’ vendido van integrados también la asistencia tecnológica, el adiestramiento a los militares del país comprador para que aprendan a manejar el armamento; los servicios de mantenimiento y un largo etcétera.
Dentro de los servicios de mantenimiento están incluidos todo lo que acarrea la posventa: logística, servicio técnico en caso de reparaciones o venta de repuestos, por ejemplo. Asimismo, en la venta de armas se vende también su munición en la gran mayoría de los casos.
Todo ello provoca una dependencia del país que compra hacia el que vende. Si el comprador quiere buscar otro país proveedor para «liberarse» de esta dependencia, el país al que originariamente ha comprado siempre tendrá una información exhaustiva y detallada de su potencial armamentístico.
«Si dos países entran en conflicto, los que les hayan vendido armamento pueden tener gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos, simplemente con cortar a uno de ellos, o a ambos, el grifo de la asistencia tecnológica o logística», aseguran las citadas fuentes.
Esto fue lo que Robles anunció en el caso de Arabia Saudí: que iba a “cortar el suministro” y devolver el dinero, pero sin contar si tenía información de que esas bombas se iban a utilizar en Yemen.
LAS RAZONES DE MARGARITA ROBLES
Los que se oponen al comercio internacional de armas siempre argumentan la falta de respeto a los derechos humanos y el mal trato que los gobiernos de los países compradores propician a sus ciudadanos o a las poblaciones de otros países con los que permanecen en conflicto.
En el caso de Arabia Saudí, Robles esgrimió a comienzos de septiembre la posibilidad de que las bombas fueran utilizadas contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán contra el Gobierno yemení.
«Si dos países entran en conflicto, los que les hayan vendido armamento pueden tener gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos»
La titular de Defensa llegó a proponer que España devolviera el dinero de la compra a los saudíes y revocase las licencias de exportación correspondientes. Esta misma semana volvió a sugerir que España no puede estar impasible ante la violación de DDHH por parte de Riad.
En contraposición, para explicar y justificar dicho comercio armamentístico, las fuentes esgrimen intereses económicos, laborales y sociales de índole nacional o local. En este caso se ha hablado mucho de los trabajadores de Navantia, no sólo en la bahía de Cádiz, sino también en Cartagena y Ferrol.
BORRELL PARÓ LAS CRÍTICAS A ARABIA SAUDÍ
Cuando Robles rectificó y anunció que se ejecutarían los contratos, señaló en primer lugar a Pedro Sánchez: “la decisión final es del presidente”, dijo de inicio. Robles apeló luego a «estrictas cláusulas de no reexportación y uso fuera del territorio saudí», lo que equivalía a decir que no se podía utilizar para bombardear a los yemeníes, para decir por último que se trataba de «bombas de precisión guiadas por láser», es decir que eran «inteligentes».
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, abundó en este último argumento tras el Consejo de Ministros del 14 de septiembre. Sin embargo, desde el minuto uno el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sostuvo invariablemente que esos contratos de venta de armas a Arabia Saudí estaban en vigor y que debían seguir siéndolo.
Los acontecimientos han dado finalmente al titular de Exteriores, el más veterano del Consejo de Ministros en tareas de gobierno y, por tanto, buen conocedor de las «bambalinas del Estado».
