El PSOE quiere cambiar casi en su totalidad la Proposición de Ley que amplía los derechos de los descendientes de emigrantes y exiliados y les da la opción de nacionalizarse españoles, la llamada ‘Ley de Nietos”.
La Proposición de Ley está próxima a debatirse en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el 14 de noviembre próximo. Si el PSOE logra sacar adelante su enmienda, entre 250.000 y 300.000 descendientes de emigrantes y exiliados verán cómo España les cierra las puertas y les niega la nacionalidad.
Se perpetuaría, de esta forma, lo que las agrupaciones socialistas en el exterior califican como “un agravio inaceptable”, un “error gravísimo” y “una discriminación histórica”.
En la práctica, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emula, aunque no quiera, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o a Jair Bolsonaro, presidente electo en Brasil.
¿Por qué Pedro Sánchez no se ha pronunciado aún sobre esta cuestión? Es algo que se preguntan en el PSOE Exterior. Echan de menos una declaración clara al respecto de su secretario general y su silencio les resulta “enojoso”.
Otra paradoja. La Ley de Memoria Histórica se “olvidó” de subsanar las lagunas legales y discriminaciones que durante generaciones han sufrido exiliados y emigrantes, haciendo de su diáspora un “doble destierro”: geográfico y legal. La “Ley de Nietos” fue concebida como remedio.
Durante las cuatro décadas de dictadura, el franquismo impedía a las mujeres transmitir la nacionalidad a sus hijos. Es más, si se casaban con un extranjero, o incluso si habían contraído matrimonio con un español y éste adquiría después otra nacionalidad, ellas perdían también su condición de españolas y, por supuesto, sus hijos.
DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS EMIGRANTES
La discriminación no quedaba ahí: los hijos de exiliados y emigrantes que seguían siendo españoles heredaban la nacionalidad, aunque hubieran nacido en el país de acogida. Pero debían ratificarla al alcanzar la mayoría de edad.
Muchos consulados y embajadas de nuestro país “se olvidaban” de informarles de este requisito y, llegado el momento, se “convertían” en extranjeros como por arte de magia.
Cuando estos hijos se personaban en los consulados y embajadas para obtener el pasaporte español, o cumplimentar cualquier otro trámite, eran informados (entonces sí) de que ya eran extranjeros. Se les retiraba toda su documentación y no podían hacer nada. Ya era demasiado tarde.
Con la Constitución democrática de 1978, las españolas obtuvieron su derecho natural a transmitir la nacionalidad. Pero se mantuvo en el Código Civil el requisito “sine qua non” de la ratificación con la mayoría de edad. Consulados y embajadas continuaron siendo “olvidadizos”.
Así las cosas, miles de emigrantes españoles en Argentina, Chile y otros países tenían que nacionalizarse en ellos para poder obtener trabajo. En algunos casos podían mantener la doble nacionalidad, española y del país de residencia. Pero sus hijos sólo serían españoles mientras fueran niños.
Esto, en el mejor de los casos. En otros países, como Uruguay, se exigía a los emigrantes que renunciaran a ser españoles para poder “naturalizarse” con los derechos de los nativos (uruguayos, etc…) y sus descendientes perdían desde el principio la posibilidad de ser españoles.
LAGUNAS EN LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
El 26 de diciembre de 2007, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se publicaba en el BOE la Ley de Memoria Histórica. Pretendía reconocer y ampliar derechos y establecer medidas “en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.
Pero la ley tenía lagunas. Una vez más, la obligación de ratificarse españoles con la mayoría de edad perduró y sigue vigente hoy en el Código Civil. Por tanto, los hijos mayores de emigrantes o exiliados que no se hayan ratificado son “extranjeros” y sus hermanos menores de edad, “españoles”.
Consciente de la situación, la senadora Sara Vilà Galán, de En Comú Podem, secundada por su grupo de Podemos, se puso manos a la obra para modificar tanto la Ley de Memoria Histórica como el Código Civil aún en vigor.
Cabe señalar que la primera iniciativa de estos trabajos surgió originariamente en la Agrupación del PSOE en Buenos Aires (Argentina), la más importante del Partido Socialista en la diáspora. En Comú Podem recogió dichos trabajos y los continuó hasta llevarlos al Senado. “La Proposición de Ley, que es lo que se conoce como la Ley de Nietos, fue aprobada por la unanimidad de todos los partidos. Algo milagroso”, dice la senadora.
La propuesta pasó a la Comisión de Justicia del Congreso sin más trámite que el de presentar enmiendas, cuyo plazo ya está cerrado. La mayoría de éstas afectan a la forma de la ley y su articulado, pero no al fondo.
“No tiene sentido que lo aprueben en el Senado y quieran cambiarlo en el Congreso, y no les vamos a dejar»
Sin embargo, hubo dos enmiendas, la 14 y la 19, firmadas por Rafael Simancas, vocal de la Diputación Permanente del Congreso por la bancada del PSOE y Portavoz Adjunto de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, que han hecho “saltar las alarmas de toda la diáspora”, explica a MONCLOA.COM el presidente del CRE (Consejo de Residentes Españoles) en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Carlos Alberto Alonso Benavides.
“Estas enmiendas desvirtuarían completamente el espíritu de la ley y dejarían a un gran porcentaje de excluidos fuera de la cobertura de dicha nueva Ley de Nietos”, añade Alonso Benavides.
“Nuestra sorpresa ha sido al enterarnos, casi por casualidad, de que el PSOE pretende cambiarlo todo y que desaparezcan los derechos que iban a ser reconocidos”, comenta igualmente Sara Vilà, de En Comú Podem, que es portavoz en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y viceportavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara Alta.
“Lo han hecho sin previo aviso”, añade la senadora. “No tiene sentido que lo aprueben en el Senado y quieran cambiarlo en el Congreso, y no les vamos a dejar, porque trataremos de evitarlo los demás partidos”.
El PSOE tiene agrupaciones del partido en una veintena de países, entre los que están los que fueron principales anfitriones de la diáspora española durante la Guerra Civil y el franquismo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Méjico, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La Agrupación del PSOE en Buenos Aires, Argentina, ha enviado a la dirección del PSOE en Ferraz un escrito de protesta, firmado el pasado 24 de octubre por Gustavo Acosta, secretario general; Lorena Suárez, Secretaria de Igualdad y Nacionalidad, y Gustavo López Pardo, Secretario de Organización, en la que expresan “nuestra preocupación y estado de alerta” por las enmiendas.
Este «error gravísimo» deja “sin derecho a la nacionalidad a miles de españoles y españolas”, concluyen los afiliados bonaerenses del PSOE, que en otro escrito manifiestan: “la decisión de los mismísimos diputados del PSOE cayó como una bomba entre quienes esperaban con ansias y justicia esta ley que tanto se hace desear”.
