La jueza Victoria Rosell, candidata de Podemos a uno de los puestos como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se vio perjudicada por Manuel Marchena, futuro presidente de este órgano, cuando éste decidió admitir a trámite una querella contra ella.
La posibilidad de que ambos, Rosell y Marchena, tengan una silla en el CGPJ, pondría frente a frente a dos protagonistas principales en un caso que supuso que ella dejara de ser diputada, ya que renunció a su acta mientras que no se resolviera. Marchena admitió a trámite una querella contra Rosell en el Tribunal Supremo, pero la causa contra la exdiputada de Podemos fue archivada finalmente.
La historia y sus protagonistas tienen acento canario y son de grueso calibre, como el exministro del Partido Popular, José Manuel Soria, y el que fuera fiscal general del Estado en la etapa de Gobierno socialista a comienzos de la década de los noventa, Eligio Hernández.
Fue precisamente Eligio Hernández el responsable de que Manuel Marchena, el que será nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, diera sus primeros pasos en Madrid como fiscal, acogido por su paisano canario en la etapa en la que Hernández fue fiscal general del Estado.
El asunto en el que coincidieron Marchena y Rosell se desarrolló cuando el ministro canario José Manuel Soria se querelló contra Rosell ante el Tribunal Supremo por calumnias e injurias. El abogado de Soria fue Eligio Hernández. El magistrado que admitió a trámite la querella fue, precisamente, su amigo y protegido años atrás, Manuel Marchena. La decisión la tomó contra el criterio de la propia Fiscalía, que pidió que no fuera admitida, y tuvo como consecuencia la renuncia de Victoria Rosell a su acta de diputada.
La querella del exministro se produjo porque Rosell le acusó de usar la Fiscalía para perjudicarla en su campaña electoral. En su opinión, Soria estaba detrás de una denuncia anónima contra ella sobre retrasos en un caso que afectaba a su pareja. Esta denuncia terminó sin consecuencias para Rosell.
Al dimitir Rosell como diputada, ya no estaba aforada por el Tribunal Supremo, por lo que su caso pasó al tribunal canario, donde conservaba el aforamiento como jueza. Finalmente, la querella de Soria quedó archivada una vez que pasó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tras ello, Rosell se querelló a su vez contra Soria, pero el exministro terminó absuelto.
La jueza se vio envuelta en un extraño caso en el que fue acusada por retrasos injustificados en un caso que afectaba a su pareja. El asunto lo pretendía impulsar el juez Salvador Alba, que había sustituido a Rosell en el juzgado cuando esta fue elegida como diputada de Podemos.
Sin embargo, una grabación realizada por un empresario canario desveló que el juez Alba intentó conseguir una declaración falsificada de éste para perjudicar a Rosell. El empresario Miguel Ángel Ramírez, con problemas judiciales por deudas con la Seguridad Social y Hacienda, obtendría a cambio un trato de favor. Este intento de perjudicar a Rosell se produjo cuando la querella del exministro Soria contra la entonces diputada de Podemos estaba en plena efervescencia.
Rosell declaró a Radio Nacional que esta batalla no afectará a su puesto como vocal del CGPJ. “No creo que una experiencia así vaya a restar”, dijo la exdiputada ‘morada’ antes de recordar que “he tenido que luchar contra todo eso y lo he ganado”. En todo caso, añadió a continuación que sigue confiando en la Justicia, «pero lo he tenido que trabajar”.
