Jueces y fiscales se enfrentan de forma frontal a la ministra de Justicia Dolores Delgado, con una jornada de huelga para este 19-N. Los convocantes señalaron antes de la misma que el paro no se ha organizado contra el actual equipo ministerial, afirmación que también quisieron destacar los responsables de este departamento. Sin embargo, los contactos posteriores a estas manifestaciones terminaron con duros reproches.
La movilización se produce cuando todavía se discute sobre el reparto de influencia de los partidos en el Consejo General del Poder Judicial y aún está reciente la crisis por el cambio de criterio del Tribunal Supremo que vuelve a hacer pagar a los consumidores el impuesto de actos jurídicos documentados.
Las asociaciones de jueces y fiscales echan en cara al Gobierno que se alcancen acuerdos políticos para el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero “nunca hay dinero ni interés” para llegar a acuerdos con ellos.
Esta es la segunda ocasión en la que se convoca una huelga con el apoyo de todas las asociaciones de jueces y fiscales. La anterior tuvo lugar cuando la cartera ministerial la ocupaba Rafael Catalá, con el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras dar un margen al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, las asociaciones han decidieron esta convocatoria al considerar que este realizó maniobras dilatorias para no encarar sus reivindicaciones.
Jueces y fiscales se sintieron engañados porque, aunque este convocó la mesa de retribuciones para negociar, las reuniones se enredaron en cuestiones de procedimiento. Los representantes del Gobierno dirigieron la negociación hacia la elaboración de un reglamento de funcionamiento de esta mesa, en lugar de entrar en el fondo de la negociación.
JUECES EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN
La mesa es un escenario de negociación previsto en la ley, en la que se sientan seis representantes del Gobierno, tres de ellos del Ministerio de Justicia y otros tres del de Hacienda. Las asociaciones de jueces y fiscales cuentan con otros seis representantes. Además, otras tres sillas están reservadas para el Consejo General del Poder Judicial y una para la Fiscalía General del Estado.
Después de que las asociaciones de jueces y fiscales le acusaran de una actitud “obstructiva” en las negociaciones, el Gobierno llamó de nuevo a los convocantes de la huelga el pasado miércoles. La reunión fue tormentosa y acabó con las distancias aún mayores entre las dos partes.
Las asociaciones afirmaron que “en ninguna de las reuniones se nos ha ofrecido nada en concreto” de sus reclamaciones. Jueces y fiscales se sintieron molestos porque el Ministerio de Justicia comunicó de forma oficial que había puesto en marcha iniciativas “para cumplir con las demandas profesionales de ambos colectivos”. Las asociaciones, por el contrario, señalaron que “todo son promesas y largas”.
Donde el Ministerio no da su brazo a torcer es en la negociación salarial, ya que no admite que jueces y fiscales tengan un marco salarial diferenciado respecto del resto de los funcionarios. El Gobierno les remite al acuerdo general con los sindicatos firmado el pasado mes de marzo.
La ministra Dolores Delgado advirtió, tras la última reunión, que la celebración de la huelga supondría la ruptura de las negociaciones. Todas las asociaciones convocantes de la huelga, salvo Juezas y Jueces para la Democracia ni la Unión Progresista de Fiscales, respondieron que se estas fueron “advertencias que recuerdan épocas ya superadas en nuestro país en el que el derecho a huelga no estaba garantizado en la Constitución como derecho fundamental”.
Estas asociaciones responden a la ministra que el derecho a la huelga no es una “concesión graciosa del Ejecutivo de turno, como parece quererse transmitir desde el Ministerio de Justicia”. Jueces y fiscales tienen limitado constitucionalmente el derecho a sindicarse, pero consideran que esta limitación no hace referencia al derecho a la huelga.
Los servicios mínimos son un asunto controvertido en esta huelga. El Ministerio sostiene que no le corresponde fijarlos. Los jueces y fiscales son funcionarios públicos, pero como forman parte del Poder Judicial, no están sujetos a una autoridad laboral convencional que regule estos servicios.
El derecho a la huelga de jueces y fiscales no está regulado específicamente. Los servicios mínimos no los fija el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, tampoco fija los servicios mínimos de los fiscales, pero les ha ordenado que cubran actuaciones urgentes o inaplazables para evitar daños irreparables.
De esta manera, es el comité de huelga el que ha establecido estos servicios. En el caso de los fiscales, estos coinciden con el criterio que ha expresado la Fiscalía General del Estado en sus instrucciones sobre la huelga.
Entre los servicios mínimos se encuentran las medidas cautelares urgentes, entradas y registros, órdenes de protección en materia de violencia sobre la mujer y menores. Las asociaciones han establecido un sistema por el que los jueces comunicarán a los presidentes de los tribunales superiores de justicia que tomarán parte esta movilización y los fiscales a sus superiores.
La huelga de jueces y fiscales es la segunda que vive el sistema en pocos días, ya que la semana pasada se cerró con la huelga de los trabajadores de Justicia. Este paro ha sido el primero al que han sido convocados estos trabajadores en más de veinte años.
