jueves, 21 enero 2021 00:29

El juez obliga a Podemos a purgar el sumario de Villarejo

La acusación particular que ejerce en solitario Podemos debe lidiar con una dura papeleta en el caso Tándem: decidir qué parte del sumario debería permanecer en la causa y qué debe ser excluido por razones legales y de intimidad de terceras personas ajenas a los hechos puramente delictivos.

La causa ya llega mutilada a Podemos. La policía se ha encargado de eliminar del sumario todo aquello que entienden que afecta a la seguridad del Estado, léase las grabaciones de Corinna, por ejemplo, según informaron fuentes judiciales a MONCLOA.COM.

Esto es un concepto tan vago como discutible. De hecho, ha sido esgrimido por los implicados tanto para justificar sus conductas como para lograr una coartada, basada en no contar lo que hicieron porque vulneraría los secretos del Estado. Obviamente, en los 20 terabytes de información contenida en los discos duros del comisario José Manuel Villarejo siempre puede haber elementos que rocen su actividad profesional legítima, el combate del terrorismo o la delincuencia común.

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Otro tanto puede ocurrirle a su amigo y socio de aventuras Enrique García Castaño, exjefe de la unidad de la Comisaría General de Información encargada de balizar o pinchar teléfonos a los terroristas durante años. En los cientos de conversaciones grabadas entre ambos, pueden aflorar asuntos que tengan que ver estrictamente con la lucha policial contra el delito.

Pero hay muchas otras informaciones que son ajenas a tal lucha: García Castaño aflora en el presunto caso de extorsión de un miembro de la familia García Cereceda cuyo signo es la ambición económica y una guerra fratricida entre hermanas. Ninguna de ellas era yihadista.

Y, sin embargo, García Castaño presuntamente facilitó a Villarejo teléfonos de todos los personajes vinculados con una de las hermanas García Cereceda. Tampoco el caso en el que se investiga al marido y socio de Ana Rosa tiene que ver con el terrorismo, sino con una supuesta extorsión para cobrar deudas.

Por todo ello, es complejo el papel del policía que hubo de escudriñar cuándo el tándem Villarejo-García Castaño habla de presuntas extorsiones a privados y cuándo habla de terrorismo, porque en el mismo audio pueden cruzarse ambos caminos reiteradamente.

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El papel que le toca a Podemos es doble. En la parte escrita, fundamentada casi en exclusiva a la presunta extorsión a ciudadanos guineanos, los letrados de este partido deben proponer qué folios o elementos deben ser excluidos porque no revisten interés penal.

Pero más dura se prevé la tarea que deben aplicar a la parte informática: determinar y proponer qué parte se tiene que excluir del sumario por entender que no reviste interés penal o porque vulnera la intimidad de terceros.

Y esta labor debe realizarse de manera absolutamente analógica: sin teléfonos, ni cámaras ni escáners. Papel y lápiz. Ni siguiera se permite el uso de un sospechoso bolígrafo, siempre posible continente de cámara o grabadora. Y todo esto en un plazo récord de 90 días, si bien prorrogables, visionando el material en los ordenadores habilitados en el juzgado.

PODEMOS PONE EL GRITO EN EL CIELO

Los abogados de Podemos han puesto el grito en el cielo y en Twitter: “La obstaculización a la justicia es el grave problema al que a menudo nos enfrentamos a la hora de preparar casos tan relevantes y graves como es Tándem (Villarejo). Nos dan 90 días para examinar 20 terabytes de información, anotando lo que nos interesa a papel y lápiz”, señaló el equipo legal de la formación morada.

La queja de los letrados del partido de Iglesias no acaba aquí: “¿La consecuencia de esto? La pagaremos todas y todos. Errores, datos mal anotados o simplemente ‘perdidos’ entre Teras de información. Barreras materiales y temporales que obstruyen y perjudican nuestro trabajo y por ende, a la justicia. Un Terabyte bastaría para grabar 250.000 canciones en MP3, suficientes para llenar dos años de escucha sin parar; dos semanas de películas en DVD sin pausa o 500.000 fotografías digitales”.

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Esta es la herencia que deja el juez instructor, Diego De Egea, que ha protagonizado un duelo cruento con los fiscales de la causa. El magistrado ha archivado piezas por no ver delito, medidas que los fiscales han recurrido urgiendo la práctica de pesquisas básicas antes de dar carpetazo. Un juez que creyó que los clientes de Villarejo no sabían que era comisario.

De Egea ha renunciado por “razones personales” a su papel de juez de apoyo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Su titular, Manuel García Castellón, hereda un polvorín, salvo que logre un nuevo juez de apoyo…o huya también a otro puesto.