La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha mostrado su apoyo al prior de la abadía del Valle de los Caídos después de que este no autorizara la exhumación de los restos del dictador. Además, esta entidad ha presentado nuevas alegaciones con las que intenta hacer descarrilar el procedimiento abierto por el Gobierno.
La Fundación considera que el prior ha dado una “respuesta gallarda” a la solicitud del Ministerio de Justicia para acceder a la Basílica del Valle de los Caídos y comenzar así los trabajos de exhumación de Franco.
Ante la posición del Gobierno, que ha recordado el pasado político del prior Santiago Cantera, que fue candidato de Falange Española Independiente en las elecciones de 1993, la Fundación señala que este pasado es “muy noble” y que “no tiene nada que ver con su decisión”.
Esta posición, según los herederos del legado franquista, no es obstruccionista, sino “ajustada a su conciencia y honor”. Por estas razones, muestran su “apoyo total y cerrado a su persona”. A su vez, reclaman a la jerarquía eclesiástica “su responsabilidad” con Franco, al que señalan como la persona “a la que debe su existencia actual como Iglesia”.
La basílica es un lugar de culto y como tal es inviolable, según los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Por esta razón, necesita la autorización de la autoridad eclesiástica (en este caso el prior) para realizar la exhumación.
La entidad, que tiene entre sus fines preservar la memoria y el legado político del dictador, entiende que ninguna norma puede prevalecer sobre los acuerdos con la Santa Sede, al tratarse de un tratado internacional, en lo que parece una referencia al decreto del Gobierno sobre la exhumación.
GARANTIZAR LA EXHUMACIÓN
El Gobierno ha asumido que la basílica es inviolable y que, por lo tanto, necesita la autorización eclesiástica para poder actuar. Una vez que ésta le ha sido denegada, el Ejecutivo ha anunciado que podría poner en marcha “las medidas legales que fueran necesarias” para conseguir el fin que pretenden.
El informe de 2011 de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos recordó que el Gobierno puede modificar el convenio que llevó a que el lugar sea gestionado por los monjes benedictinos. Una de las vías sería por la vía del Real Decreto, mientras que la otra sería comunicar a la Santa Sede que estos monjes no cumplen los fines que les fueron encomendados.
Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco considera que la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos “no puede considerarse en modo alguno como una actuación que esté en consonancia con la santidad del lugar, y menos aún sin la preceptiva orden judicial al respecto”. El Tribunal Supremo ha establecido que, cuando el Gobierno ordene efectivamente la exhumación, tomará una decisión sobre la misma, después de que la familia haya presentado sus alegaciones.
“No puede considerarse en modo alguno como una actuación que esté en consonancia con la santidad del lugar, y menos aún sin la preceptiva orden judicial al respecto”
Además, la Fundación subraya dos extremos en los que se basa su oposición, como son que la familia se ha mostrado contraria a la exhumación y que fue el rey Juan Carlos el que encomendó a la comunidad benedictina el entierro de Franco en la basílica del Valle de los Caídos.
Por otro lado, la citada Fundación ha dirigido un escrito a la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, encargada del expediente de la exhumación, en el que se quejan de que no les notifican los trámites. Por esa razón ha pedido que se suspenda el plazo para presentar las alegaciones finales hasta que no se resuelva la recusación que presentaron contra la instructora del expediente y el recurso contra el rechazo por parte del Gobierno de las pruebas pedidas por la Fundación.
Las últimas alegaciones presentadas se refieren al informe pedido por la subsecretaria del Ministerio de Justicia al delegado del Gobierno en Madrid sobre los motivos que no aconsejaban la nueva inhumación de los restos de Franco en la cripta de la catedral de la Almudena, el lugar señalado por la familia para el caso de que los restos salgan del Valle de los Caídos.
Este informe señalaba los problemas de orden público que podría provocar este destino de los restos de Franco al centro de Madrid. La Fundación Franco considera que la solicitud de este informe supone una ilegalidad “al carecer de cobertura que le ampare y ser contrario a los derechos de defensa”.
Respecto al nuevo lugar de enterramiento de Franco, en el caso de que finalmente se realizara la exhumación del Valle de los Caídos, la Fundación alega que el decreto establece que el Gobierno sólo podría decidir el lugar de reinhumación en el caso de que existiera discrepancia entre los familiares al respecto, lo que no ocurre en este momento.
Miembros del Gobierno han señalado que harán lo posible por evitar el traslado de estos restos a la catedral de la Almudena, ya sea mediante nuevas disposiciones legales o por otros impedimentos, como los problemas de seguridad ciudadana que puede acarrear.
