El Gobierno gasta 32.677 euros en tablets para la comisión que prepara los Consejos de Ministros

  • El Ejecutivo ha comprado un total de 60 dispositivos con un precio de 544 euros cada uno.
  • Los anteriores ordenadores portátiles que usaban los secretarios y subsecretarios de esta comisión eran de 2005.
  • La empresa adjudicataria se ha visto envuelta en varias investigaciones relacionadas con el proceso independentista catalán.
  • El Gobierno ha adjudicado la renovación de las tablets que usa la comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios del Ministerio de la Presidencia por un total de 32.677 euros. La empresa a la que se ha adjudicado el suministro de estos aparatos electrónicos es el Grupo Seidor, ganadora entra un total de seis ofertas presentadas.

    La comisión de secretarios y subsecretarios de Estado es la que se reúne cada semana para preparar los temas que se tratarán en los consejos de ministros de los viernes. Las tablets que usaba la comisión hasta ahora tenían ya más de trece años de antigüedad, según el pliego de prescripciones técnicas, por lo que se encontraban desfasadas tecnológicamente.

    La empresa adjudicataria deberá facilitar sesenta nuevos aparatos del modelo Microsoft Surface Go, ya que es el que cumple con las características necesarias para la integración con los sistemas de seguridad y control de accesos de las reuniones de esta comisión.

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    Las tablets tienen que estar preparadas para el uso del programa informático desarrollado por los servicios informáticos del Gobierno. Este programa, llamado “Comisión Virtual 2.0” permite el acceso a los índices de las reuniones de preparación de los consejos de ministros y a la documentación complementaria, con las medidas de seguridad necesarias para controlar el acceso.

    Según la documentación de esta licitación, los dispositivos portátiles con los que contaba hasta ahora impedían aprovechar gran parte de las ventajas de la nueva aplicación informática.

    El Gobierno señala que la elección del sistema de Microsoft se justifica en el hecho de que es el que da soporte a toda su infraestructura informática y en la que está formado el personal. Además, considera que la amplia presencia en el mercado le permite disponer de soporte técnico, personal externo y licencias da lugar a un régimen de competencia que le permite asegurar precios más ajustados.

    TABLETS DE 544 EUROS

    Las tablets adquiridas tienen cuatro gigas de memoria RAM y 64 gigas de almacenamiento, son de diez pulgadas e incluyen funda con teclado. Según el precio de la adjudicación, el precio de cada tablet adquirida ha sido de 544 euros.

    El grupo Seidor es un contratista habitual de las diferentes administraciones públicas. Sin embargo, hace tres años fue protagonista de investigaciones sobre un incremento presuntamente anómalo de las adjudicaciones que obtenía de la Generalitat de Cataluña. En la empresa trabajaba el cuñado del expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

    El crecimiento superior en un 40% en sólo tres años en los contratos con la Generalitat, según publicó El Mundo, señalaban a la coincidencia con el hecho de que el grupo contratara a Juan Antonio Rakosnik, hermano Helena Rakosnik, la mujer de Artur Mas, un año antes de que este último accediera a la presidencia de la Generalitat.

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    La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, preside una reunión de la comisión de subsecretarios. Foto: Pool Moncloa

    Los investigadores, según este diario, consideraron que este crecimiento era, además, particularmente anómalo al haberse producido durante un periodo de crisis económica y que contrastaba con la evolución de su negocio en los ejercicios anteriores.

    Los contratos de la administración catalana con Seidor alcanzaron los 400 millones de euros entre 2010 y 2015 y fueron investigados por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que estudiaba la organización del referéndum independentista del 1-O.

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    La mayoría de los contratos los consiguió con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Se trata del organismo que realizó el escrutinio de la consulta anterior, la del 9-N y el voto electrónico del 1-O. La Guardia Civil investigó nueve contratos adjudicados por el CTTI por un total de 48 millones de euros.

    La Oficina Antifraude de Cataluña investigó en su momento una denuncia del sindicato CNT por presuntas adjudicaciones irregulares, aunque desvinculó ésta de las relaciones personales que pudieran tener sus directivos y empleados.

    Anteriormente habían estado en el punto de mira por haber sido beneficiados por adjudicaciones directas realizadas por el ayuntamiento de Barcelona durante la etapa en la que estuvo gobernado por Convergència i Unió. En cualquier caso, la actual corporación municipal, presidida por la alcaldesa Ada Colau, ha adjudicado nuevos contratos al grupo Seidor.