El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, no ha presentado alegaciones en el procedimiento de exhumación de los restos de Francisco Franco. El Gobierno envió una notificación al arzobispado para que presentara alegaciones en el marco del procedimiento oficial para entrar en la basílica donde está enterrado el dictador.
El escrito del Ministerio de Justicia llegó al arzobispado en los primeros días de enero, pero éste considera que no tiene nada que alegar en el procedimiento. La posición del arzobispado sigue siendo la de apelar a que el Gobierno y la familia del dictador lleguen a un acuerdo. De esta manera, el cardenal sigue dejando el asunto en manos del prior del Valle de los Caídos, que ha negado la entrada en la basílica para realizar la exhumación.
El Ejecutivo envió notificaciones en el mes de diciembre, además de al arzobispado de Madrid y al prior de la abadía del Valle de los Caídos, al abad de la abadía de Santo Domingo de Silos y al representante legal de la congregación de Solesmes en España, que tienen bajo su paraguas la abadía del este lugar.
Igualmente, el Ministerio de Justicia envió la comunicación a la Nunciatura Apostólica de Su Santidad y a otros interesados, como podrían ser la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. La respuesta del prior en la que no autorizó la entrada en la basílica se produjo el 26 de diciembre, con lo que el arzobispado la recibió después de esta posición contraria a la exhumación.
El Gobierno necesita que la autorización del prior del Valle de los Caídos porque la basílica es un lugar de culto y, por lo tanto, es inviolable. Esto es así según el Acuerdo del Estado con la Santa Sede. Por esa razón el Ejecutivo envió también el requerimiento de alegaciones a la Nunciatura.
Tras el impedimento del prior, el Gobierno anunció que apelaría a las autoridades superiores al mismo para conseguir superarlo. Sin embargo, el arzobispo de Madrid no es el superior jerárquico de este prior.
SIN IMPEDIMENTOS A LA INHUMACIÓN
La Iglesia católica siempre ha esgrimido sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco que la autorización dependía del prior del Valle y que este tendría en cuenta si la familia del dictador estaba de acuerdo. Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española transmitió al Gobierno que no pondría impedimentos a la exhumación, aunque insistió en la necesidad de un acuerdo.
Esta postura fue la misma que comunicó el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la visita que realizó a la Santa Sede la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En este viaje se produjo un desencuentro entre las partes, ya que Calvo comunicó que Parolin se comprometió a trabajar conjuntamente para que los restos del dictador no terminaran en la catedral de la Almudena, lo que fue posteriormente desmentido por el Vaticano.
Por otra parte, la Fundación Nacional Francisco Franco ha presentado su escrito de alegaciones al procedimiento en el que solicita, entre otras cosas, que sean llamados a declarar como testigos en este procedimiento cinco directivos de la administración del Estado, además del presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán.
Este organismo público es el dueño y gestor de los bienes del Valle de los Caídos. Sus técnicos serían los encargados de los trabajos necesarios para la exhumación. La Fundación Francisco Franco considera que es fundamental para conocer cómo se realizó el encargo, así como la redacción y firma de la memoria de esos trabajos.
La Fundación Franco también ha solicitado que sean llamados como testigos el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo López, al que considera “decisivo y determinante alto cargo” de este departamento. Hidalgo acompañó a la subsecretaria del Ministerio de Justicia (instructora del expediente de exhumación) en la visita al Valle de los Caídos, que la Fundación Francisco Franco considera que fue un intento de presionar al prior de la comunidad benedictina.
Además de estos altos cargos, la Fundación también pretende que se cite como testigos a otros funcionarios públicos para aclarar los que considera como “continuos y sospechosos” cambios en los cargos públicos encargados de tomar decisiones sobre los trabajos de exhumación.
Las alegaciones presentadas por esta entidad coinciden en su mayor parte con las presentadas por la familia del dictador. Además señala que, en su opinión, no se han respetado los plazos y considera que el expediente “trata de dar aparente formalidad a una decisión ya tomada con anterioridad” por el Gobierno.
EXHUMACIÓN INCONSTITUCIONAL
Igualmente, sostiene que el decreto ley que da paso a la exhumación de los restos de Franco es inconstitucional porque no existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique su tramitación como tal.
También considera que es inconstitucional debido a que este decreto supone una disposición de caso único (ya que sólo se refiere a los restos de Franco), que infringe el principio de igualdad, y por infracción del Derecho de la Unión Europea, ya que afecta al convenio europeo de derechos humanos.
Por último, las alegaciones también señalan que la Administración no tiene jurisdicción sobre la basílica, ya que se trata como lugar de culto. La Fundación se queja además de que no le haya sido comunicada ninguna de las gestiones realizadas ante el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la obtención de la licencia de obras.
