El bufete del exjuez Baltasar Garzón ya monopoliza la defensa de los comisarios investigados en el caso Tándem, tanto en su vertiente de espionaje para clientes privados como por la actividad de la llamada policía patriótica. Su último fichaje como cliente es nada menos que Eugenio Pino, ex DAO (director adjunto operativo) de la Policía.
Por tanto, bajo el paraguas de su actuación letrada se encuentran Pino junto con los comisarios Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Los tres son los agentes de mayor peso implicados en Tándem -al margen de José Manuel Villarejo– o en otros sumarios por unos hechos delictivos con una doble vertiente.
Los comisarios investigados han participado, por un lado, en unos supuestos servicios a la Patria (o al PP) realizados aparentemente sin la cobertura de un mandato judicial, pero ejecutados con el pretendido fin de combatir el independentismo catalán (robo del pendrive del caso Pujol) o destripar los secretos de Luis Bárcenas (operación Kitchen).
En esos terrenos, los altos mandos policiales se sienten más o menos cómodos, a tenor de sus versiones judiciales o privadas, ya que subrayan que el fin perseguido era bueno -«conocer los testaferros de Bárcenas», «obtener pruebas del pujolismo»- si bien han orillado formalismos legales.
Algunos comisarios ya han exhibido como coartada que todo lo que hicieron lo hicieron por las órdenes recibidas. Es el caso de Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO, que ya ha defendido ante el juez del caso Tándem que le daba a Villarejo todos los teléfonos (identidades o tráfico de llamadas) que le pidiera… porque así se lo había ordenado Pino.
Pino, en privado, siempre ha negado haber dado tal orden. Pero ahora tendrá que matizar sus palabras ante el juez García-Castellón. O desmiente judicialmente a su antiguo subordinado o tiene que reconocer que permitió dar teléfonos sin cobertura legal. Y, en ese caso, o eleva la responsabilidad de la orden hacia sus superiores políticos del PP o se comerá la paternidad del presunto delito.
Dado que comparten abogado, el bufete de Garzón a través de sus diversos letrados, lo natural es que se les invite a que tiren de la manta y eleven la responsabilidad de los actos ilegales. Y esto apuntaría a una doble jefatura: la del Ministerio del Interior y la del PP en la etapa de Mariano Rajoy. Los audios difundidos por MONCLOA.COM en relación con la exsecretaria general del PP, María Dolores Cospedal, ya apuntan qué moquetas pisaban los espías.
Pero queda por desvelar qué superiores (director de la Policía, secretario de Estado o ministro) toleraron, ampararon u ordenaron tales labores de fontanería. En otros audios ya ha aflorado el amor que tenía el exministro Jorge Fernández por acabar con el nacionalismo catalán por cualquier vía. Los informes apócrifos policiales usados contra el pujolismo en plena campaña electoral ahora pueden adquirir autoría.
Es el sistema tradicional de proceder de Garzón como abogado y como juez. Nada más asumir la defensa de Ricardo Costa, exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y clave en las actividades de la trama Gürtel en esa región, dio un giro copernicano a su relato y acabó delatando el papel de sus jefes.
Y como juez, véase el caso GAL y cualquier otro, el proceder de Garzón era siempre el mismo: buscaba que los elementos menores implicados, José Amedo y Michel Domínguez, le permitieran escalar hasta la ‘X’ que presidía la estructura del terrorismo de Estado. La figura del arrepentido fue un recurso reiterado de sus éxitos.
El problema es que la segunda parte de la actividad de algunos de los elementos de esta trama de la policía tiene más que ver con el bolsillo que con la Patria: investigar los novios de Miguel Sebastián, la vida privada de un letrado malagueño o el tráfico de llamadas de una de las hermanas García Cereceda nada tiene que ver con el pujolismo corrupto, ni con Gürtel ni con objetivo policial alguno.
Y en eso ya hay suficientes indicios de que miembros de este equipo han cooperado alegremente al margen de la ley. Esto pone en un brete a los mentores y mandos de Villarejo. ¿Qué sabía Pino de lo que hacían sus chicos? Porque los agentes implicados, astutamente, usan el supuesto dejar hacer de Pino para sus actuaciones patrióticas para mezclarlas con otras más suculentas que ejercían para clientes del IBEX.
De tales investigaciones privadas, Pino siempre se ha mostrado ajeno y desconocedor. Y sobre las pesquisas patrióticas aduce que la Policía tiene derecho a investigar fuera de los cauces judiciales para buscar pruebas del delito.
Ahora Pino se lamenta en privado del uso que ha podido darse a su tolerancia hacia el hecho de que García Castaño prestase apoyo a Villarejo. Su versión de que él sólo se autorizó gestiones muy concretas y de interés policial queda embarrada por el uso masivo dado a tal cooperación Villarejo-Castaño, a tenor de los documentos del comisario.
Un ejemplo de ello son los papeles de Villarejo para BBVA en el caso Trampa, no desmentidos por su abogado en su reciente comparecencia, sino más bien al contrario. No sólo hay indicios ya publicados de la presunta implicación de García Castaño, también hay apuntes del supuesto espionaje colateral a letrados que hoy llevan la defensa de implicados en Tándem.
Por otro lado, la estrategia de Garzón de elevar la culpa a los mandos superiores nunca chocará con Villarejo. El comisario ya la practica desde prisión. El problema surgirá si la defensa de Garzón arremete contra Villarejo. Ambos han compartido mantel y secretos.
Entretanto, aunque el caché de Garzón está por encima de las posibilidades de todos los comisarios de la policía patriótica, la amistad de Garzón con alguno de ellos, especialmente con García Castaño, hace que en este caso el talonario no sea un problema.
Algunos agentes que cooperaron con Villarejo en sus espionajes o investigaciones, al saber la inmensidad de lo facturado, se revuelven al pensar que han sido implicados por unas migajas del botín de su amigo y, a veces, ni eso. Es la diferencia entre las investigaciones privadas y las patrióticas: a algunos les quedan coches de lujo, a otros la pensión.
GARZÓN NO ES UN BUEN RIVAL PARA EL JUEZ INSTRUCTOR
El efecto Baltasar Garzón, que logró iniciales desimputaciones de Salamanca y García Castaño, aunque luego revocadas por la Audiencia Nacional, eleva su cotización a la hora de ficharlo.
El exmagistrado no es buen rival para el juez García-Castellón y los fiscales: su experiencia del otro lado de la barrera y su red de contactos judiciales, policiales, mediáticos y políticos le dan un blindaje profesional que no todos los letrados poseen. Entretanto, el juez instructor ha preguntado a las partes sobre la conveniencia de acumular en la causa general de Tándem todas las piezas separadas que afectan a García Castaño, tal y como deseaban los fiscales para agilizar la investigación.
