El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido por su acrónimo de Diplocat, anunció ayer en su cuenta de Twitter que «retomará» sus actividades de la mano de Quim Torra, actual presidente catalán. Este servicio diplomático fue creado en 2012 por Artur Mas y desactivado en 2017 tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central, que decretó cerrar todo el sistema de propaganda exterior de la Generalitat.
Esta entidad público-privada con sede en Barcelona, tenía como objetivo «explicar Cataluña al mundo e incidir en la opinión pública internacional para mejorar la imagen y el prestigio», así como «desarrollar una estrategia de diplomacia pública y contribuir al conocimiento y reconocimiento exterior del país». Ayer anunció en catalán, castellano y aranés que está en proceso de «reactivación».
Estem en reactivació. Aviat reprenem les nostres activitats.
Estamos en reactivación. En breve retomamos nuestras actividades.
Èm en reactivacion. Lèu reprenem es nòstes activitats.— Diplocat (@Diplocat) February 6, 2019
Torra ya expresó su interés por reabrir el organismo en el verano de 2018, ya que veía necesario «recuperar la presencia de la Generalitat a nivel internacional». En el mes de julio se produjo una reunión de sus miembros con intención de «restituir» el consejo, como una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Torra.
Pero no ha sido hasta ahora que la cuenta oficial de Twitter del Diplocat ha recuperado su actividad, ya que no publicaba ningún mensaje desde el 27 de octubre de 2017, justo unos días antes de la aplicación del 155. La pagina web oficial del organismo sigue desactivada por el momento.
LOS 21 PUNTOS QUE TORRA ENTREGÓ A SÁNCHEZ
El pasado 20 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con Torra en Barcelona donde este último entregó al jefe del Ejecutivo un documento con los 21 puntos que pide para solucionar el llamado conflicto catalán.
Las demandas están divididas en tres categorías, que Torra considera imprescindibles para alcanzar «un pacto de Estado» que dé solución al conflicto: dar una respuesta democrática para Cataluña, regeneración democrática en España y lo que llama «desfranquización» de España.
Algunos de los puntos más polémicos son «reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña», «la soberanía de las instituciones catalanas tiene que ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155» o investigar «los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña».
El Gobierno de Sánchez subrayó recientemente que el consorcio Diplocat “debe limitarse a las competencias autonómicas tal y como señala la Constitución Española”. Así lo afirmó en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por Ciudadanos. La formación naranja pidió recientemente modificar la ley de Acción Exterior para impedir la existencia de las denominadas ‘embajadas’ catalanas en el exterior.
El anterior consejero catalán de Acción Exterior, Ernest Maragall, aseguró a finales de 2018 que uno de los objetivo del Diplocat será “explicar al mundo el derecho a la autodeterminación y la pluralidad” de Cataluña. Además, anunció que a lo largo de este año estarían operativas media docena de delegaciones que fueron cerradas por el 155.
Antes de ello, la Guardia Civil hizo un registro en la sede de Diplocat por orden del Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum y la implicación del ente público-privado Diplocat en el desembolso de casi 120.000 euros a los observadores internacionales.
Pero una vez que el Ejecutivo de Torra asumió de nuevo las competencias de la Consejería de Acción Exterior, desde Madrid se considera que es casi imposible evitar la actuación de las delegaciones de Cataluña en el extranjero, incluso cuando, desde estas, se lleven a cabo actividades de apoyo al independentismo.
El departamento que dirige Josep Borrell recurrió ante los tribunales, por ejemplo, la decisión de la Generalitat de reabrir las llamadas ‘embajadas’ catalanas en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, Alemania, Suiza, Italia y Francia porque no habían cumplido con lo establecido en la Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado de comunicarlo previamente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Con las siguientes delegaciones abiertas, -en Lisboa, Viena, Zagreb, Estocolmo, Riga y Beirut– la Generalitat sí cumplió el trámite y aunque Exteriores hizo un informe negativo, por no considerarlas necesarias, el Gobierno catalán siguió adelante con la apertura ya que el citado informe no es vinculante.
«Uno de los objetivo del Diplocat será explicar al mundo el derecho a la autodeterminación y la pluralidad de Cataluña»
En este caso, lo único que le queda a Exteriores es mantener la vigilancia sobre la actividad de esas oficinas para que desde ellas no se haga política exterior, que es competencia del Gobierno central, como ha reconocido el propio Borrell.
El ministro reconoció en diciembre que las Embajadas españolas en los países donde han sido abiertas delegaciones de la Generalitat vigilan su actuación, pero admitió: “Si lo hacen el ámbito de sus competencias, no podemos hacer nada”.
Borrell asumió que podría cambiarse la ley -elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy– con el fin de que el informe previo a la apertura de nuevas delegaciones pase a ser vinculante. “Pero, de momento -dijo-, es lo que es y el Ministerio hace lo que puede”.
