La posibilidad -inédita en democracia- de hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo de 2019 rondó la cabeza de Pedro Sánchez y su Gobierno, pero al final no se materializó.
Los barones socialistas temían dicha coincidencia, aunque había un dato económico nada baladí que hizo a más de uno dudar: España se ahorraría en torno a 175 millones de euros al prescindir de una convocatoria electoral específica para las generales.
Los últimos comicios de junio de 2016 supusieron un coste de 130 millones de euros en gastos de organización y 45 millones en subvenciones electorales otorgadas a los partidos que concurrieron. Esos 175 millones supusieron, con todo, un pequeño ahorro con respecto a las elecciones de diciembre de 2015 ya que se destinaron 185 millones a aquella cita electoral.
Sin embargo, las elecciones del 26-J de hace dos años y medio apenas aclararon el panorama político con respecto a los comicios del 20 de diciembre de 2015 ya que Mariano Rajoy sólo pudo gobernar tras la abstención de una parte importante del PSOE, mientras que ahora Pedro Sánchez alcanzó el poder gracias a una moción de censura para la que requirió el apoyo del independentismo catalán.
¿En qué se destinó esa cantidad de 175 millones a las últimas elecciones que ahora habrá que utilizar para el 28-A? El grueso correspondió a los costes organizativos de la maquinaría electoral y dependía, por tanto del Ministerio del Interior. Al tratarse de gastos estructurales, el coste era prácticamente idéntico de unos comicios a otros, así que había poco margen de ahorro.
En este sentido, unos 55 millones de euros se fueron a pagar al personal de la Administración que intervino en cada uno de esos procesos electorales, incluidos los operativos especiales de seguridad. Otros 50 millones de euros fue el coste de los envíos electorales a través de Correos, cifra que incluyó, entre otros conceptos, la parte que cubría directamente el Estado en el franqueo de la propaganda electoral de las distintas formaciones políticas.
Además, en cada convocatoria general se destinan unos 12,5 millones de euros en gastos de logística organizativa y alrededor de 13 millones de euros en dispositivos de telecomunicaciones aplicados al proceso electoral.
SUBVENCIONES A LOS PARTIDOS EN LAS GENERALES
Junto al presupuesto de la maquinaria electoral oficial, el otro gran bloque de gasto público lo constituyeron las subvenciones que reciben los partidos políticos por participar en los comicios. Son aportaciones públicas con las que las candidaturas sufragan el dinero que destinan a sus respectivas campañas.
Entre los comicios del 20-D y los del 26-J sumaron un total de 100 millones de euros por este concepto: 55,4 millones en subvenciones políticas por las elecciones de diciembre de 2015, y algo más de 44 millones de euros por las de junio de 2016.
El abultado gasto extra que llevó consigo la repetición electoral obligó a modificar los Presupuestos Generales del Estado de 2016 con una partida extraordinaria ya que cuando se elaboraron no se contempló partida para una repetición electoral. No se había consignado dinero para unas nuevas elecciones generales y eso obligó a inyectar fondos extra al Ministerio del Interior.
En los últimos años han surgido voces que piden que en las elecciones se haga una campaña más austera y con contención del gasto, pero apenas se ha avanzado. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, incluyeron en su acuerdo presupuestario para 2019 su compromiso de impulsar una amplia reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en la que, en otras medidas, se impone un ‘mailing’ único en las campañas electorales.
“Se acuerda realizar un ‘mailing’ electoral único”, reza el documento suscrito por ambos políticos en octubre en el Palacio de la Moncloa. Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los partidos ya analizaron la conveniencia de poner fin al envío postal de propaganda electoral por separado, pero finalmente no hubo acuerdo y en las legislativas de 2016 todos los electores volvieron a recibir en su buzón un sobre de cada formación.
Los defensores del ‘mailing’ único, principalmente Ciudadanos y Podemos, lo plantearon como una medida para ahorrar, pero chocaron principalmente con la oposición de PP y PNV, reacios a renunciar a una herramienta subvencionada que permite a los partidos enviar directamente las papeletas de votación a los electores en todos los rincones de España.
El PSOE sí era más proclive a aceptar el fin el ‘mailing’ y finalmente se compeometió a ello con el grupo morado, aunque haya quedado en papel mojado. En las recomendaciones para reformar el régimen y la financiación de los partidos políticos que PSOE, Podemos y Ciudadanos pactaron en el Congreso “abordar la regulación de un ‘mailing’ electoral que evite los gastos innecesarios y garantice un auténtico pluralismo e igualdad entre los partidos políticos concurrentes a las elecciones’, pero no se habló de su supresión total.
El acuerdo de socialistas y morados se selló un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase una reforma de la LOREG, incluida en la nueva ley de Protección de Datos, que permitirá que los electores que lo deseen pedir al Censo que no pase su datos personales a los partidos para así poder evitar el buzoneo de propaganda electoral. Esta reforma se aprobó en pleno y está previsto que esté en vigor para las citas electorales de 2019.
