El Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el mandato de Josep Borrell, emitió el 8 de noviembre de 2018 el informe más duro del Gobierno Sánchez contra el independentismo catalán. «Es notorio que el actual Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado en reiteradas ocasiones que desempeña sus funciones en calidad de «presidente custodio». No ha ocultado en ningún momento que sus decisiones siguen las directrices dictadas desde Bélgica por su antecesor, Carles Puigdemont«.
Sánchez hizo caso omiso de tal alerta, que obra en poder de MONCLOA.COM. El 20 de diciembre de 2018, el presidente del Gobierno se entrevistaba en Barcelona con el presidente custodio, Torra, que le colaba sus famosos 21 puntos inasumibles para todo el arco parlamentario del constitucionalismo y hasta para el propio Gobierno socialista.
Pero en la gatera de este informe, nacido para combatir sin éxito la creación de seis nuevas embajadas del que consideraba gobierno títere de Puigdemont, Borrell se dejó más pelos. El departamento de Borrell se enfrentó con los de sus compañeras María Jesús Montero (Hacienda) y Meritxell Batet (Política Territorial).
Mientras Exteriores veía once razones para no admitir seis nuevas embajadas catalanistas, los otros dos ministerios no objetaron ni una. El resultado es conocido. Sólo un ministro se ha autodescartado de la pelea por el gobierno de España: Borrell. Defenderá su idea de España…lejos de España, en Bruselas, como eurodiputado.
Para entender su camino al exilio de Bruselas hay que rescatar su duro alegato contra el nacionalismo catalán que enterró/ignoró Sánchez. Borrell pudo haberlo aguado o purgado a su autor, como sufrió la abogacía del Estado en el ministerio de Justicia para atemperar sus tesis sobre el procés. Pudo mirar a otro lado como las ministras Batet y Montero. No lo hizo.
El alegato, pasados unos preámbulos formales destacaba lo siguiente: «la experiencia reciente ha mostrado que las Delegaciones de la Generalitat en el exterior, junto con la entidad conocida como DIPLOCAT -elemento éste esencial-, han sido un instrumento fundamental para intentar la «internacionalización del procés», difundiendo las tesis del secesionismo catalanista y denigrando la imagen internacional de España, con olvido de la obligación de neutralidad política de la administración pública y del deber de lealtad a la Constitución y al Estado que ha de inspirar siempre la acción de todo ente administrativo y sus empleados».
«Esta realidad constatada, proseguía el informe, «fue la que llevó en su momento a la decisión de cierre de estas Delegaciones por parte del Gobierno español al amparo del artículo 155 de la Constitución. En lo que se refiere a DIPLOCAT, este Ministerio tuvo oportunidad de comprobar en numerosas ocasiones que la labor de proyección internacional de Cataluña prevista en sus estatutos no era otra cosa que la promoción de la causa secesionista, acompañada -en igual o incluso mayor medida- de ataques al Estado español, invocando una supuesta «falta de democracia» como argumento fundamental para el deseo de constituir un Estado propio».
«Prueba de lo anterior son los memorandos y paquetes documentales elaborados por la Generalitat con el contenido que acaba de reseñarse y remitidos rutinariamente, durante meses, a diversas autoridades -tanto del Ejecutivo como del Legislativo- de los Estados donde las Delegaciones de la Generalitat se encontraban radicadas, así como a otros Estados terceros -en este caso a través de las Embajadas respectivas sitas en Madrid», detallaba el escrito.
«Resulta obvio», acusaba Exteriores, «que muchas de las actuaciones a las que se alude más arriba estuvieron en abierta contradicción no solo con los principios y objetivos generales de la política exterior española, sino también con los intereses generales del Estado. Algunos de los Delegados -como la Sra. Marie Kapretz, que se encontraba al frente de la Delegación en Berlín- llevaron a cabo reiteradas intervenciones ante medios de comunicación locales criticando en términos agresivos a España y a sus instituciones».
«A este respecto, es preciso recordar, sin embargo, que las oficinas catalanas en el exterior dedicadas de forma específica a los campos de actuación propios de la Comunidad Autónoma (promoción comercial, turismo, lengua y cultura no fueron afectadas en modo alguno por las medidas adoptadas de acuerdo con el artículo 155«, argumentaban los cargos de Exteriores.
El uso abusivo de tales embajadas tenía continuos ejemplos. «Cabe destacar incluso que alguna de las Delegaciones (así, por ejemplo, la de París) acogió la celebración de la consulta sobre la independencia organizada por el gobierno catalán el 9 de noviembre de 2014, pese a que la misma había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional».
«Se advierte», profundizaba el informe, que el actual Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través de la Consejería de Asuntos Exteriores dirigida hoy por Ernest Maragall y siguiendo las indicaciones adelantadas ya por el Presidente de la Generalitat en su discurso de investidura, ha emprendido en los últimos meses la aplicación de una hoja de ruta orientada, en una primera fase, a restablecer el mapa de Delegaciones de la Generalitat existente con anterioridad a la aplicación de las medidas acordadas al amparo del mencionado artículo 155 y, en una segunda fase, a ampliar dicho despliegue para incluir regiones extra-europeas, como el Mediterráneo, América Latina o Asia.
«Es notorio que el actual Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado en reiteradas ocasiones que desempeña sus funciones en calidad de «presidente custodio». No ha ocultado en ningún momento que sus decisiones siguen las directrices dictadas desde Bélgica por su antecesor. Caries Puigdemont. En consecuencia, resulta difícil disociar las declaraciones del Presidente Torra de las del Sr. Puigdemont, de forma especial en todo cuanto tiene que ver con los planteamientos acerca de la necesidad de internacionalizar la denominada cuestión catalana», remachaba el documento.
«A este respecto, por ejemplo, en una conferencia pronunciada en Múnich el pasado 26 de septiembre, el Sr. Puigdemont, si bien admitió que un año después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 «es evidente que no hay una República Catalana reconocida internacionalmente», subrayó, no obstante, que, a su juicio, «es igual de evidente que Cataluña es un sujeto político de facto. Esta afirmación inspira de forma clara la actuación del actual Gobierno de la Generalitat: intentar lograr por la vía de hecho un reconocimiento implícito para Cataluña como actor en la escena internacional«.
«Es público que el Presidente Torra utiliza cuantas ocasiones tiene a su alcance para intentar divulgar la visión independentista de la realidad catalana, dentro o fuera de nuestras fronteras. Este elevado grado de previsibilidad explica, por ejemplo, que no fuera invitado a participar en el reciente III Foro regional de la Unión por el Mediterráneo, celebrado en Barcelona el pasado 8 de octubre. El propio Presidente divulgó posteriormente el texto del discurso que habría deseado leer en público y que hizo llegar a los asistentes al evento. En él, entre otros puntos, se cuestionaba abiertamente el carácter democrático del Estado español, afirmando de paso la existencia de personas encarceladas por sus ideas («presos políticos»)».
«En una línea similar se encuentran», proseguía el alegato, «las manifestaciones efectuadas durante su reciente viaje a Suiza (18 y 19 de octubre), en las que incluyó el llamamiento a una mediación internacional. En esta misma línea, apenas un mes antes (26 de septiembre), el Presidente Torra escribió una carta a cuarenta y tres Jefes de Estado o de Gobierno solicitando su apoyo para un » diálogo con mediación» con el objetivo último de celebrar un referéndum de autodeterminación».
«Más recientemente, el presidente Torra, en una comparecencia a petición propia ante el pleno del Parlament, adelantó que se dirigirá personalmente «a todos los representantes de los países de la UE explicando cuál es la situación que vivimos en Cataluña. Queremos explicar directamente cómo trata el Estado español a los políticos que han querido dar la palabra a su pueblo «.
BORRELL CARGA CONTRA EL GOVERN DE TORRA
Añadió, asimismo, que «es la hora de empezar a preparar el camino de la mediación, de abrir caminos de resolución con la ayuda de terceros actores que sean reconocidos por las partes en conflicto «. Y concluyó con un anuncio inequívoco: «Intensificaremos en las próximas semanas nuestra acción exterior en Europa y Estados Unidos para denunciar esta vulneración de los derechos civiles y la criminalización del derecho a la autodeterminación.»
«Desde el primer momento, las nuevas Delegaciones «reabiertas» (si bien jurídicamente son de nuevo cuño) -como la de Suiza o Alemania- han actuado ya de forma tal que cabe lamentablemente prever pautas de actuación similares a las que llevaron a cabo sus predecesoras (por ejemplo, iniciando contactos con Embajadas de otros países e intentando establecer contactos con autoridades del Estado donde radican en ámbitos en los que las CCAA carecen de competencias)».
«En este sentido», añadía el texto, «el pasado ocho de octubre, en los márgenes de la conferencia anual del Partido Nacionalista de Escocia (SNP), a la que asistía, el Vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés, en declaraciones al diario The National Scot», puso de relieve el «ejercicio de actividades políticas» por parte de la Delegación de la Generalitat en Londres (la cual, por cierto, exhibe públicamente lazos amarillos como símbolo de la supuesta existencia en España de «presos políticos»)».
Más acusaciones de Exteriores: «En la misma línea el pasado 31 de octubre, en la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea, en Bruselas, el Sr. Puigdemont -fugado de la Justicia participó en la presentación del libro «Més Operació Urnes» y en el posterior coloquio, todo ello organizado por la Delegada ante la Unión, la Sra. Meritxell Serret, ella misma también huida de la Justicia española».
El recado para la política pactista de Sánchez era evidente: «Las declaraciones realizadas ante diversos medios por el Consejero Ernest Maragall (así, por ejemplo, durante las ceremonias de «reapertura» de las Delegaciones en Roma, Londres y Berlín), pero también por el propio Presidente Torra, en las que se alude a la necesidad de un mayor despliegue internacional para «dar a conocer la realidad catalana» no resultan tranquilizadoras a este respecto. Estos pronunciamientos entroncan perfectamente con el objetivo de internacionalizar el procés y presentar a Cataluña como una entidad política desligada de España».
«Prueba de ello», nuevo rejón de Exteriores, «es también la presencia en las Delegaciones de las banderas catalana, europea y del país en el que radican, pero no de la española. Todas las declaraciones antes mencionadas son por tanto coherentes con uno de los objetivos que figuran en la Memoria General que acompaña a los seis proyectos de Decreto de creación de las nuevas Delegaciones propuestas; promocionar Cataluña en todos y cada uno de los aspectos de la actividad política , sin olvidar la necesidad (…) de la acción exterior de la Generalitat con motivo de los procesos que se están desarrollando», expresión que por ambigua que resulte no deja de ser jurídicamente inquietante vistas las actividades pasadas de las Delegaciones de la Generalitat y el contexto presente».
INTERFERENCIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR
«De otro lado», apostillan los expertos de Borrell, «en la Memoria General justificativa en concreto de la apertura de la Delegación en los Países Bálticos, se alude a la importancia de «las numerosas reacciones y pronunciamientos favorables al derecho de autodeterminación en relación con el proceso vivido en Cataluña».
«De forma similar, en la Memoria General relativa a la Delegación dedicada a los Países Nórdicos se resalta «el interés por la situación político-institucional de Cataluña, (…) reflejada en los debates celebrados en los parlamentos de Dinamarca y Suecia sobre el proceso político vivido en Cataluña».
El informe recuerda el «Auto del Tribunal Constitucional 122/2015, de 7 de julio de 2015, qué acordó la suspensión parcial de varios de los preceptos de la Ley catalana de acción exterior (…). Afirma que «la puesta en práctica de una política de acción exterior propia de la Generalitat de Cataluña afecta gravemente a las relaciones internacionales del Estado español, al generar interferencias en la política exterior del Estado que pueden perturbar su contenido e incidir negativamente incluso en ámbitos particularmente sensibles».
El equipo de Borrell veía legítimo impedirlo: «A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras sus sentencias 165/1994 y 31/2010, sostiene que el Estado tiene competencia para regular las actividades con proyección externa de las Comunidades Autónomas «para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y la puesta en ejecución de la política exterior que, en exclusiva, corresponde a las autoridades estatales».
Exteriores se ofrecía a fajarse en este ámbito: «En este contexto, es preciso resaltar también, al margen ya de otras consideraciones, que una actividad exterior de la Generalitat fuera de su marco competencial y alejada del respeto al principio de lealtad institucional que debe regir las actuaciones de toda comunidad autónoma española, fuera o dentro del territorio nacional, conlleva la necesidad de un notable esfuerzo por parte del Servicio Exterior del Estado para contrarrestar la propaganda secesionista y los repetidos ataques a la imagen internacional de España».
«Con independencia de todo lo dicho, cabe añadir que un despliegue exterior como el buscado por la Generalitat no resulta eficiente en términos económicos y de gestión del dinero público [algo que no objetó Hacienda] desde el punto de vista de la acción exterior, toda vez que el Estado español dispone de una amplia red diplomática y consular en el exterior al servicio de los ciudadanos, de las empresas y de todas las administraciones públicas españolas de cualquier nivel».
«Es preciso señalar que la red de delegaciones y oficinas de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el extranjero supera con creces las del resto de las Comunidades Autónomas españolas», concluía el informe. El Gobierno al mes siguiente desautorizaba a su ministro: comunicaba por escrito que no se opondría a la apertura de las embajadas del Gobierno de Torra porque ayudaban a la promoción de sus intereses en el extranjero.
