BBVA puso en manos del comisario José Manuel Villarejo el encargo de recuperar una deuda de unos 80 millones de euros que el constructor Fernando Martín mantenía con el banco, según los documentos descubiertos por MONCLOA.COM. El comisario controló el tráfico de llamadas telefónicas y realizó seguimientos personales para sus investigaciones.
El encargo quedó reflejado en unos documentos dentro de lo que denominaron como “Informe Fish”. Estos archivos están fechados en diciembre de 2009. Uno de ellos señala que el encargo del BBVA se realizó a través de la firma de abogados Simmons & Simmons.
Villarejo señala en uno de estos informes que requirieron sus servicios en varias reuniones y, ya de manera formal, en una que mantuvieron el 24 de noviembre de 2009. Ambas partes suscribieron un acuerdo de confidencialidad.
El comisario realizó un estudio económico del encargo con dos presupuestos. El primero con un coste “a determinar según resultados”, con una duración de seis a nueve meses. Villarejo se llevaría el 12,5% de los bienes o el efectivo recuperado, más una provisión de fondos de 575.000 euros. El segundo presupuesto ascendía a cuatro millones de euros.
El presupuesto de la acción fue de 4 millones de euros, un millón como provisión de fondos
En estos trabajos estaban incluidos, según estos presupuestos y otros documentos dentro de este proyecto, “vigilancias, seguimientos, filmaciones y controles electrónicos, (si fuera necesario)”. Además, esta propuesta incluía desplazamientos a cualquier lugar dentro de España y seis desplazamientos internacionales.
El trabajo incluía el “hostigamiento y en la medida de lo posible, boicot” de las actividades de las personas del entorno de Fernando Martín, que le ayudaran en la tarea de alterar su conducta contra el banco y que “con ello comience el proceso de cometer errores estructurales”.
El comisario incluyó entre sus objetivos analizar la “conducta y vínculos” de la familia de Fernando Martín, al igual que la “conducta, hábitos y relaciones” del constructor, al que identifica bajo la clave “TIN” en los documentos que elabora. Parte de sus esfuerzos se emplearían, “en propiciar una dinámica disruptiva de hostigamiento sostenido, que provoque a TIN y su entorno una inseguridad permanente que hasta el día de hoy no tiene”.
El plan no dejaba dudas: “hostigamiento y en la medida de lo posible, boicot”
Los primeros informes de Villarejo sobre sus trabajos ya dan cuenta de los primeros controles sobre las llamadas telefónicas de Fernando Martín y su entorno. Así ocurre con el caso del que fuera directivo del BBVA Carlos Senent, del que se dice que “Beni es contactado por él en una ocasión en los últimos quince días, concretamente el 11 de mayo a las 15:52H durante 60.” Villarejo suele relatar con este detalle las llamadas que logra identificar en anteriores encargos del BBVA.
Curiosamente, Villarejo usó para sus informes parte de los realizados previamente para otros trabajos encargados por el BBVA. En ellos aparecen seguimientos personales, como los realizados durante su trabajo para neutralizar el asalto a la cúpula del banco encabezada por Sacyr, publicados por MONCLOA.COM.
Otras referencias a seguimientos personales hablan de encuentros de Fernando Martín con abogados de su confianza, como el caso de Ángel Varela y María José Paz-Ares. Un informe de Villarejo señala que “tal es el nivel de confianza de TIN con ellos, que en ocasiones han celebrado reuniones discretas en…” (evitamos dar las direcciones) respectivos domicilios personales de dichos profesionales”.
En su informe preliminar, el comisario Villarejo ofrece una infraestructura calcada de la que puso a disposición del BBVA en la operación de Sacyr. Concretamente realiza un diseño de operaciones para el que necesitaría la actuación de ocho equipos de personal especializado, incluidos equipos de vigilancia, contravigilancia y de infiltración.
Entre los medios técnicos se incluyen dispositivos de comunicaciones, equipos de audio para grabaciones, otros de captación de audio en ambientes hostiles, equipos ópticos de fotografía y vídeo, así como equipos ópticos captadores de imágenes en situaciones adversas.
Los primeros informes manejados en este trabajo indagan en la posibilidad de que Fernando Martín escondiera su dinero a través de paraísos fiscales y otros países, como Rusia. Villarejo también sospecha de la canalización de fondos del constructor al exterior a través de la firma Ard-Choille BV.
En uno de los análisis sobre esta estructura, Villarejo señala a los presuntos gestores del patrimonio de Fernando Martín. Para ello se vale de información policial. Es el caso de la que habla del abogado Jaap Broers, de la anterior firma, quien “apareció señalado por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Anticorrupción en una investigaciones a Maurice Gozlan”.
Esta persona está considerado fiduciario de un grupo inmobiliario relacionado con Financière Rive Gauche, adquirida por Fernando Martín en 2005, según el informe de Villarejo. El comisario maneja en sus informes datos de su ficha en Interpol.
Los informes de Villarejo pretenden seguir la pista a través de sociedades de la familia Azría, propietaria de un emporio aceitero. El comisario siguió la pista en otra investigación para el BBVA a los fondos que manejó el conglomerado que presidió Raymond Azría, y lo conecta con el constructor Fernando Martín.
Además de estas indagaciones, el comisario estudió los negocios en Méjico de empresas del entorno de Fernando Martín e investigó lo referido a procedimientos judiciales y a investigaciones policiales en este país sobre socios del constructor.
El comisario Villarejo ya hostigó a Fernando Martín en la operación en la que el policía defendió los intereses del presidente del BBVA, Francisco González, cuando pudo ser sustituido al frente del banco mediante una operación financiera encabezada por Sacyr, que terminó en 2005.
Parte de la información utilizada en esos informes fueron usadas por Villarejo en este nuevo encargo de 2009. Así, por ejemplo, el comisario indagó sobre la denuncia que presentó la socialista Matilde Fernández en 2002 sobre la Operación Chamartín, el proyecto urbanístico más importante de Madrid que ahora ha sido aprobado definitivamente por la alcaldesa Manuela Carmena. Igualmente recopiló para BBVA otras denuncias sobre actuaciones de Fernando Martín en el negocio del suelo. El constructor era uno de los mayores propietarios de suelo de España.
El comisario conoció incluso las medidas de seguridad que había tomado el constructor, ya que informó a BBVA de los equipos con los que contaba, como, por ejemplo, “terminales de la marca SAGEM, de origen militar”.
