Los gastos previstos por el Gobierno de Pedro Sánchez de publicidad institucional para 2019 tienen partidas muy vinculadas a la personalidad del titular de cada cartera. Es el caso de Dolores Delgado, cuyo Ministerio de Justicia programó una inversión publicitaria de casi 475.000 euros para difundir el 80 aniversario del exilio republicano, más otros 270.000 para difundir las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, frente a los 18.000 euros destinados a divulgar la cita previa en su departamento.
En noviembre de 2018, Sánchez creaba una comisión interministerial al afecto. En 2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil española y de la huida de republicanas y republicanos españoles hacia Francia, norte de África y el continente americano. Esta comisión gestiona, impulsa y coordina un programa de actos públicos de todo tipo que tienen tres objetivos comunes: transmitir un mensaje de homenaje y reconocimiento a los integrantes del exilio republicano español y sus descendientes, recuperar la memoria exilio republicano español y dar a conocer sus aportaciones a la restauración de la democracia española y al desarrollo de los países en los que se instalaron.
La subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, presidía la Comisión y el director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez, actuaba como vicepresidente. Los actos de conmemoración debían tener lugar en toda España, el sur de Francia, México y otros países de América Latina por iniciativa de instituciones públicas y privadas.
Algunos de los actos debía protagonizarlos el propio partido del Gobierno: «Acto de Memoria Histórica y reconocimiento a los que sufrieron el exilio por la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Organiza: Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Lugar de celebración: Senado. Sala Antigua de debates. Plaza de la Marina». En efecto, el pasado mes de enero, el PSOE rendía homenaje al exilio republicano en un acto en el Senado en el que víctimas de este destierro han demandado al Estado un mayor reconocimiento a los sacrificios que hicieron por la República y la democracia.
Ante la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, representantes del exilio reclamaron al Gobierno medidas de justicia y reparación. La titular de Justicia pidió perdón a los exiliados republicanos por «tantos años de silencio» sobre las víctimas del franquismo y defendió los 15 millones presupuestados en Memoria Histórica como una «inversión en dignidad» para que los «populismos emergentes» no repitan aquel drama.
Delgado destacó que estos 15 millones no son un gasto, sino «una inversión en valores, en principios», para fortalecer una «memoria con proyección de futuro» que se sustenta también en educación u pedagogía. «Aquí se ha hecho una inversión en dignidad y en democracia» dijo Delgado para despedirse así de los exiliados: «Muchísimas gracias y muchísimo perdón».
DELGADO EN ARGELIA
En este contexto, la ministra de Justicia y la alcaldesa de París se reunieron en la capital francesa en noviembre pasado, el mismo mes de la creación de la comisión de este proyecto, para conmemorar conjuntamente el 80 aniversario del exilio republicano. Anne Hidalgo, recibió a Dolores Delgado en su despacho del Ayuntamiento de la capital francesa. Ambas firmaron una declaración en la que se comprometían a poner en marcha actos conjuntos para la celebración del 80 aniversario del exilio republicano posterior a la Guerra Civil y el inicio de la dictadura.
Pero su gira para reivindicar esta causa no acaba en París. La ministra reivindicó el pasado 5 de marzo en Orán (Argelia) a los cerca de 15.000 republicanos españoles que en 1939 abandonaron España hacia el norte de África huyendo de la represión franquista. La titular de Justicia recordó «un exilio poco conocido y muy dramático tanto por las condiciones de salida y llegada de los refugiados a territorio africano como por la dura acogida».
La segunda campaña de publicidad institucional de Delgado se enmarca en otra de sus querencias: 270.000 euros para divulgación del plan anual de exhumación. En este sentido, el director general de Memoria Histórica anunció un plan anual de exhumaciones con la colaboración de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos para recuperar los restos de más de 114.000 personas víctimas de la guerra civil y la represión franquista, que según los cálculos, permanecerían aún en cerca de 3.000 fosas comunes.
Este plan estaría incluido en un plan cuatrienal de memoria histórica que contempla en primer lugar la actualización del mapa de fosas y banco nacional de ADN para identificar los cadáveres descubiertos y conectarlos con sus descendientes y familiares, así como «un censo nacional de víctimas» de la guerra civil y la represión franquista.
El Gobierno socialista defendía que España no podía seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a violaciones de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición.
Con ese objetivo, la nueva Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia se fijó como objetivo planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, hacer públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. Y proceder a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
En paralelo, esta dirección general pretendía impulsar una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, crear una Comisión de la Verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos.
Además, según sus planes iniciales, el Gobierno socialista pretendía reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiar la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. La abrupta finalización de la legislatura ha puesto en suspenso algunas de tales ambiciones.
El monto de las campañas de Delgado es similar al de su antecesor, Rafael Catalá, pero su contenido es radicalmente distinto. El ministro ‘popular’ divulgó elementos con mayor vinculación tradicional con la acción de la justicia: «Un Nuevo Registro Civil al Servicio de los Ciudadanos por 250.000 euros; «la Mediación También es Justicia», por otros 250.000 euros y «Algo está cambiando en la Justicia», por otros 250.000 euros.
La Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige Miguel Ángel Oliver, sigue sin dar respuesta a este diario sobre la ejecución y desglose de los gastos de publicidad estatal del Ejecutivo socialista.
