La defensa de Jordi Cuixart ha solicitado este miércoles la puesta en libertad provisional de su cliente, después de que la ONU haya emitido un informe en el que tachan su detención de arbitraria y consideran su situación contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El presidente de Òmnium Cultural es juzgado por el proceso independentista de Cataluña.
Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cuixart considera que «es difícilmente» mantener «a estas alturas» un procedimiento judicial cuando un grupo de trabajo adscrito a la ONU ha dictaminado que la prisión preventiva del presidente de la Òmnium, además de la del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, es «arbitraria».
Así mismo alega que dicho informe critica que los escritos de acusación se basan en una «expresión del ejercicio de derechos fundamentales», como el de libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política, haciendo que un tribunal «haya actuado en términos de desaliento del ejercicio de derechos fundamentales». La Fiscalía solicita 25 años de prisión por rebelión al ex ‘número dos’ de la Generalitat y 17 años de cárcel para ‘los Jordis’ por el mismo delito.
En este sentido, los abogados de Cuixart afirman que la medida cautelar de prisión preventiva no cumple el requisito de «fumus boni iuris» (apariencia de buen derecho) porque se ha adoptado «sin justificar argumentalmente esta cuestión» y se mantendrá después de que este grupo de trabajo asegure en su dictamen que las acciones de Junqueras y ‘los Jordis’ «no fueron violentas, tampoco incitaron a la violencia y sus conductas no han dado como resultado actos o hechos de violencia».
«DOBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS»
De este modo, según indica la defensa estas conclusiones «constatan una grave situación de doble vulneración de derechos fundamentales y humanos en relación a nuestro representado», pues se ha infringido, según dicen, «hasta once artículos» de las convenciones internacionales. Por todo ello, piden la libertad de Cuixart «para subsanar la situación denunciada y al mismo tiempo dar cumplimiento y remedio según la decisión del citado organismo de Naciones Unidas».
El citado grupo de trabajo afirma en su informe que por la ausencia de violencia, está convencido de que «las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas», «inhibirlos de continuar con esa pretensión» y «justificar» una detención que, a su juicio, se debe sólo al «ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política».
Por otro lado, pide al Estado español que les ponga «inmediatamente en libertad» y les conceda «derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación». Sin embargo, la decisión del grupo de trabajo de la ONU no es vinculante.
PETICIONES AL GOBIERNO
Reclama, también, una «investigación exhaustiva» y remite el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, da un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno español como los denunciantes informen de si se han tomado estas medidas: libertad, indemnización, investigación de la «violación de sus derechos» y aprobación de leyes para que España se ajuste a lo que dice el grupo de trabajo
Los grupos de trabajo son uno de los tres tipos de «procedimientos especiales» con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para estudiar una situación concreta (los otros dos son los relatores especiales y los expertos independientes).
Cualquier persona puede enviarles un escrito si cree que hay una situación no conforme con el Derecho Internacional en su ámbito, aunque sus decisiones no son vinculantes. A diferencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los grupos de trabajo admiten asuntos aunque no hayan agotado los recursos en el ámbito de su país de origen.
