martes, 13 abril 2021 05:47

La denuncia al exalcalde de Getafe ya había sido sobreseída por la Justicia

  • El exalcalde de Getafe Juan Soler asegura que ni él ni ninguno de sus concejales se reunieron con los funcionarios que tramitaron la licencia.
  • El denunciante fue asesor de confianza del Pedro Castro, 28 años alcalde de Getafe, y al que Soler arrebató el bastón de mando.
  • El juez acusa a Soler de prevaricación por un proyecto de remodelación de un edificio público
  • Una “persecución política”. Así define el exalcalde de Getafe Juan Soler, imputado por prevaricación, las acusaciones que se han vertido sobre él estas semanas. El exsenador del PP se sentará en el banquillo por unas supuestas irregularidades cometidas en un proyecto de remodelación de un edificio público de la ciudad para convertirlo en el Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas. Unas reformas cuya tramitación la llevaron los funcionarios de Getafe. Trabajadores con los que el entonces alcalde “jamás” se reunió, según sus propias palabras.

    El hasta hace poco senador se muestra sorprendido por las acusaciones. Y más al tratarse de una denuncia que ya habían presentado y que la Justicia sobreseyó. Pero esta cascada de demandas no es nueva para el exalcalde, ya que, durante su mandato, le llovieron decenas de denuncias por parte de la oposición. Incluso su jefa de prensa fue imputada por emitir una nota en la que se aseguraba que habían agredido a un miembro del PP.

    El denunciante, y candidato de Impulsa Getafe, Roberto Benítez, es una de las claves para entender este entuerto, según aseguran fuentes cercanas al Ayuntamiento de Getafe. Benítez fue asesor de confianza de Pedro Castro, exalcalde socialista cuyo mandato se extendió 28 años y al que Soler arrebató el bastón de mando. Fue a partir de ahí, según estas fuentes, cuando los socialistas declararon la guerra al político popular.

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    Las dudas que rondan entre los acusados circulan en torno a cómo una denuncia ya sobreseída vuelve a tener validez ante la Justicia. La clave, según estas fuentes, está en la relación personal que mantiene el juez decano que instruye el caso con el exalcalde socialista. Pero al margen de ello, el elemento que más sorprende a parte de los acusados es la gran dimensión que ha adquirido un caso de esta magnitud.

    El contrato era de 72.300 euros. Y ya hay 50 imputados en el caso. 11 de los cuales han pasado ya más de 24 horas en un calabozo. Todo por el contrato de una remodelación de un edificio público que, si se hubiera reducido el presupuesto a 60.000 euros, se podría haber otorgado a dedo. Pero aun así, Soler insiste: “nunca me he reunido con ningún funcionario ni les he indicado cómo deberían hacer su trabajo. Ni yo ni ninguno de mis concejales”. “Lo hacía por una cuestión de higiene política”, asegura.

    Los informes de los fiscales tampoco esclarecen la situación, ya que en algunos casos se contradicen. Las consideraciones entre la fiscal sustituta y el fiscal que llevaba el caso no coinciden. La sustituta acusó a 33 personas una semana después de ser relevada. Pero lo que más llama la atención al entorno de algunos acusados es que, tras cuatro años y medio, no se hayan encontrado indicios suficientes que permitan elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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    La relación entre el denunciante, Roberto Benítez, y el exalcalde de Getafe socialista Pedro Castro también queda de manifiesto en el plano judicial. El Partido Popular de Getafe ya había denunciado a Benítez y a otro de los asesores del PSOE por haber cobrado supuestamente 14.000 euros para elaborar una guía de comercio. Incluso el abogado del candidato de Impulsa Getafe también está investigado. Esta vez por haber recibido presuntamente una indemnización de una Empresa Municipal de Getafe de 60.000€ por aproximadamente doce días de trabajo.

    El caso de la reforma del Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas se ha extendido en el tiempo. El juez decano la admitió a trámite en 2015. Y ha permanecido paralizado hasta ahora. Pero en julio de este año comenzaron las redadas y la batería de imputaciones. Este contrato para la remodelación de un edificio público ha llevado a escenas inusuales, desde llevar a varios funcionarios a pasar entre rejas cerca de 30 horas, según aseguran fuentes cercanas a los acusados, a que uno de ellos fuera detenido por un policía que le descargaron de su ordenador archivos personales.