La reforma laboral del PP fue ideada, entre otros, por los abogados de un conocido bufete. Se trata de Sagardoy Abogados, un despacho conocido por haber representado a empresas denunciadas por tener a sus trabajadores en condiciones precarias. Defendieron a Glovo o a Deliveroo después de que estas compañías de reparto fueran denunciadas tras una inspección de trabajo. Y representan a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ante la demanda de la Seguridad Social que acusa al centro de emplear becarios para cubrir puestos de trabajo. Pero es que, además, este bufete ha recibido en los últimos dos años 200.000 euros públicos anuales.
Las administraciones públicas ha solicitado repetidas veces los servicios de Sagardoy Abogados. Al menos desde que hay registro online (2014). En lo que llevamos de año, el bufete ya ha ganado más de 200.000 euros provenientes de las arcas públicas. Desde los 90.000 euros que le ha pagado la UAM a estos abogados para defenderse de la denuncia de la Seguridad Social, hasta los 14.950 euros que le ha pagado la Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Todos los años, la administración pública requiere los servicios de Sagardoy, pero cada vez con más frecuencia. Han sido, de momento, ocho entidades públicas las que han contratado al bufete que ideó la reforma laboral como, por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Tarragona. Pero las que más dinero se han gastado en los servicios de estos abogados este año han sido la Universidad Autónoma de Madrid (90.000 euros) y ENUSA Industrias Avanzadas S.A (casi 20.000).
Durante 2018, el bufete también ingresó una gran cantidad de dinero por asesorar a diferentes entidades públicas. Casi 300.000 euros de dinero público se invirtieron en los servicios de Sagardoy Abogados. La Dirección Económico-Financiera de ENAIRE contrató «un servicio de asesoramiento jurídico» (adjudicado a este bufete), también en materia laboral, que costó a las arcas públicas 252.000 euros. Un contrato que, además, se prorrogó, razón por la que se encareció considerablemente.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también se ha gastado en varias ocasiones una cantidad importante (45.000 euros) en el asesoramiento de estos abogados. Una cantidad similar (49.000) a la que se ha dejado en este bufete la Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado. Las adjudicaciones oscilan entre cantidades relativamente bajas (la más reducida es de 1474 euros) hasta importes de más de 200.000 euros. Pero desde que, en 2014, la CNMV contratara por casi 50.000 euros los servicios de Sagardoy Abogados, varias administraciones públicas han solicitado los servicios de este bufete.
En total, en los últimos cinco años, Sagardoy Abogados ha recibido por prestar sus servicios más de 600.000 euros. Una cifra redondeada con su último gran cliente, la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha gastado 90.000 euros acusada por la Seguridad Social por emplear a 285 becarios y doctorandos para cubrir puestos de trabajo estructurales. Pero, al igual que ha ocurrido con ENAIRE, el recurso presentado por la Seguridad Social podría alargar el contrato que tiene el centro con Sagardoy Abogados y encarecer el precio.
La relación entre Sagardoy Abogados y los partidos políticos viene de largo. Especialmente con el Partido Popular. Este despacho asesoró y estableció la base ideológica de la reforma laboral que aplicó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en 2012. De hecho, Íñigo Sagardoy, uno de los socios del bufete, es el autor del libro 100 preguntas sobre la reforma laboral. Una de las especialidades de estos abogados es el asesoramiento laboral. Algo que hicieron con varias empresas, como las compañías de reparto Glovo y Deliveroo. Además, Sagardoy está relacionado con el ERE que quiso aplicar Coca-Cola en España.
Respecto a dos de sus casos más polémicos, las sentencias han sido distintas. Las inspecciones de trabajo jugaron una mala pasada a Glovo y a Deliveroo, ya que aseguraban que muchos de los empleados de estas empresas eran falsos autónomos. Ambas startup acudieron a Sagardoy Abogados para su defensa. En el caso de Deliveroo, el juez falló a favor de los trabajadores, y, a pesar de que los casos eran prácticamente idénticos, en el caso de Glovo, la Justicia sentenció que los empleados sí eran autónomos.
Pero su entrada al mundo mediático se dio con el ERE de Coca-Cola. La compañía de refrescos quiso aplicar un polémico despido a 1.190 trabajadores. Y el bufete que elaboró el Expediente de Regulación de Empleo que las siete embotelladoras de Coca-Cola querían poner en marcha fue Sagardoy Abogados. Aunque poco después, dicho ERE quedó anulado por vulnerar el derecho de huelga.
