Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, han presentado una demanda ante el Juzgado de Priemera Instancia contra la vulneración de derechos fundamentales tras su expulsión definitiva de Ciudadanos (Cs) por parte de la Comisión de Garantías y Valores. Ambos han recalcado que nadie les ordenó evitar un pacto con el PSOE.
La demanda, interpuesta el pasado lunes, insta a la readmisión de ambos en el partido, que declare nula la expulsión y que Ciudadanos sea condenado a pagar las costas del proceso, al considerar que han sido sancionados por una «infracción inexistente».
Los ediles consideran que con el procedimiento seguido por la Comisión de Cs se han quebrantado diversas disposiciones de los estatutos y los reglamentos sobre la tramitación del expediente de expulsión que suponen la violación de los derechos reconocidos en los artículos 22 y 6 de la Constitución, en la medida que afecta a la participación política de un integrante y al funcionamiento de su organización.
NO RECIBIERON ÓRDENES DE NO PACTAR CON EL PSOE
En un comunicado, ambos concejales mantienen que actuaron «con coherencia» y respetando, en todo momento, las directrices comunicadas por parte del partido.
Para demostrarlo, en la demanda presentada, Zambudio y Lazcano han aportado varias pruebas de conversaciones mantenidas con la secretaria de Acción Institucional, Teresa Berástegui, en los días previos a la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mientras se estaba negociando un pacto.
En la denuncia queda evidenciado que ambos concejales fueron requeridos, en varias ocasiones, por Teresa Berástegui, para cerrar un pacto con el PSOE «siempre y cuando Podemos estuviera fuera del Gobierno municipal», indican.
Estas pruebas demuestran, a juicio de los denunciantes, que no ha existido incumplimiento y que ambos concejales «han tenido que soportar la falta de estrategia y criterio durante las negociaciones, descoordinación, faltas de respeto hacia ambos cargos electos y la falta de profesionalidad que ha dañado gravemente la imagen de Ciudadanos en Canarias y la imagen de los cargos electos».
Para Matilde Zambuidio, la decisión tomada por la Comisión «es un atropello a nuestros derechos políticos unipersonales reconocidos en la Constitución», al tiempo que afirma que «nunca recibió orden concreta, expresa e inequívoca que les prohibiera votar a favor del PSOE».
