La empresa pública Tragsa ha elevado el tono contra los trabajadores que hablen con los medios de comunicación. Uno de los bomberos forestales de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que luchó contra las llamas que devoraron el 20 de agosto Gran Canaria ha sido sancionado con dos días de empleo y sueldo por atender a un periódico de León. Este empleado es Pablo González, de la BRIF de Tabuyo del Monte (León), y se ha visto reprendido por Tragsa tras decir en su tiempo libre en calidad de presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF (ATBRIF) que quedaba «mucho curro» en referencia al fuego que asolaba la isla.
La empresa pública insiste en que hay vigente un acuerdo de confidencialidad que impide a los trabajadores hablar con la prensa. Y los empleados lo reconocen. Pero los bomberos forestales también insisten en que en muchas de sus protestas y reclamaciones han hablado con los medios sin mayor repercusión. «No entendemos que se tome esta decisión. Además, había un buen clima dentro de la empresa», ha comentado Juan Carlos González, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF (ATBRIF). Ahora, la sanción impuesta a Pablo González ha vuelto a enrarecer el clima que se respira dentro de la Brigada. Las voces dentro de la BRIF aseguran que ya no confían en su empresa.
Las declaraciones de Pablo González no revelaron secretos ni pusieron en peligro el trabajo de la Brigada en Gran Canaria. Al menos, así lo entienden desde la ATBRIF. «Queda mucho curro. (…) En principio, haremos el turno completo hasta el sábado, pero luego veremos», comentó Pablo al medio de comunicación de León Leonoticias.com. Otro detalle que reveló Pablo González fue comparar el incendio de la isla con otro que arrasó su tierra: «En Castrocontrigo (León) se quemaron casi 12.000 hectáreas y el trabajo fue inmenso», aseguró el trabajador.
Estos trabajadores acudieron al incendio de Gran Canaria desplazados desde las provincias en las que prestan servicio. La BRIF fue a paliar las consecuencias de uno de los fuegos más graves que han afectado a la isla. El problema era que los empleados de Tragsa habían firmado un nuevo acuerdo con la empresa que revalidaba esa cláusula de confidencialidad que impide a los trabajadores hablar con la empresa. Esto es, supuestamente, porque pueden poner en peligro tanto el trabajo de los bomberos como a la propia empresa pública.
Esta sanción ha caído como una bomba en las filas de la Brigada. Más aún después de que tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, declararan su intención de mejorar las condiciones de los empleados de la BRIF. Desde la ATBRIF insisten en que el clima dentro de la empresa era positivo. Y no entienden este ataque de la empresa. «Pablo no reveló nada importante. Pero ¿qué tiene que esconder una empresa pública?», ha insistido el vicepresidente de la ATBRIF.
Entre tanto, Tragsa no guarda silencio y ha emitido un comunicado de prensa en el que se aferra a esa cláusula que impide a los trabajadores hablar con los medios de comunicación. Una práctica que, insiste Juan Carlos González, se ha realizado otras veces sin que tuviera mayores consecuencias porque, entiende, lo que se revelaba a los medios no comprometía en ninguna medida ni a la empresa pública ni al trabajo de los empleados.
Sin embargo, no es la primera vez que Tragsa trata de imponer una sanción de este tipo a sus trabajadores. En el año 2014, la empresa pública ya intentó imponer cinco días de empleo y sueldo a un empleado que realizó una fotografía de un incendio y la publicó en las redes sociales de la ATBRIF. El resultado fue una huelga de 107 días y la puesta en pie de guerra de muchos de los bomberos de la BRIF. Desde entonces, Tragsa mantuvo un perfil bajo con este asunto. Excepto ahora, una vez se ha renovado el acuerdo que firmaron tanto los trabajadores como la compañía pública y que ha entrado en vigor el pasado 19 de julio.
Desde la ATBRIF insisten en que la única razón por la que hablan con los medios de comunicación es porque creen necesario que se publicite y se promocione su trabajo. Quieren que la ciudadanía sepa el esfuerzo que hacen cada año para mantener a raya los incendios cada verano y luchar por mejorar sus condiciones laborales. «Si ellos no quieren promocionar nuestro trabajo, lo seguiremos haciendo nosotros», han destacado desde la Asociación. Ahora, queda por ver cómo reaccionará la empresa y las consecuencias que traerá para Tragsa esta polémica decisión.
