Cada vez son menos los catalanes que están dispuestos a dar la cara día tras día por una Cataluña independiente. La convocatoria del pasado 1 de octubre, llamada para rememorar el segundo aniversario de la votación ilegal que pretendía hacer soberana a la comunidad autónoma, fue un fracaso. Tan solo 18.000 personas se manifestaron, según la Guardia Urbana, por las calles de Barcelona, frente a las 180.000 del año anterior.
Los sectores más independentistas de la sociedad catalana se aferran a la sentencia del juicio del procés para reavivar los ánimos nacionalistas. Los Comités de Defensa de la República (CDR) han planeado todo tipo de acciones después de que el juez Marchena dicte sentencia. Pero el precedente de este 1 de octubre crea dudas sobre el seguimiento que tendrán finalmente.
La lucha por la independencia ha perdido fuelle. Muchos nacionalistas moderados se han quedado por el camino. Sin embargo, los sectores más radicales esperan con ansia la sentencia del procés, que determinará si se condena o no a los líderes que orquestaron la fallida independencia de Cataluña. Los CDR ya han preparado numerosas acciones para llevar a cabo tan pronto como Marchena lea la sentencia. Entre los planes de los miembros de los Comités de Defensa de la República se prevén acciones violentas puntuales. De hecho, el pasado 23 de septiembre la policía detuvo a siete CDR que ya están en la cárcel de Soto del Real por preparar presuntamente acciones, según la Fiscalía.
Sin embargo, los Mossos D’Esquadra no esperan una respuesta violenta de la sociedad que colapse las principales ciudades catalanas. Fuentes cercanas a la policía autonómica aseguran que, aunque hay funcionarios que simpatizan con el nacionalismo, la consigna de los Mossos es clara: «los políticos pasan, la policía perdura». En este cuerpo señalan que harán su trabajo, aunque ello conlleve detener a los manifestantes independentistas. Según un comunicado interno de la policía autonómica, los agentes cumplirán su deber y no permitirán que los disturbios tomen las ciudades. El gran escollo para los agentes es la permisividad que plantea el presidente de la Generalitat, Quim Torra, frente a las acciones de los CDR.
A pocos días de la sentencia del procés, que dictará Marchena previsiblemente en la primera quincena de octubre, el jefe de los Mossos, Andreu Martínez, presentó su dimisión. Martínez ya había justificado cargas contra los CDR y entre los motivos de su renuncia se encuentra la diferencia de criterio entre él y la Generalitat. Según fuentes cercanas al exjefe de los Mossos, el policía no considera que tenga la confianza de Torra. En alguna ocasión, el propio presidente de la Generalitat ha llegado a desacreditarle en público por permitir que los antidisturbios cargaran contra los CDR en repetidas ocasiones.
Martínez ha dimitido antes de la sentencia porque estaba convencido de que de no hacerlo ahora, le cesarían después de la condena. El exjefe de la policía autonómica ha permitido que los antidisturbios disolvieran numerosas manifestaciones de los CDR. Protestas con una magnitud previsiblemente menor que las que ocuparán las calles de Barcelona tras la sentencia de Marchena.
Desde la policía autonómica esperan actos violentos, pero localizados y de poca magnitud. Los ánimos están caldeados entre los pocos radicales que quieren mantener viva la lucha contra el Estado español. Sus acciones han pasado a los medios de comunicación no por masivas, sino por violentas. La más reciente es la agresión a una reportera de Telecinco que cubría la manifestación del 1-O. «A Laila la han arrojado un líquido a la cabeza, mientras la increpaban e insultaban», han asegurado desde la cadena de televisión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los siete CDR detenidos son un «grupo terrorista de índole secesionista catalán». En las conversaciones telefónicas intervenidas a estos radicales se confirmaba la intención de los independentistas de crear un explosivo casero llamado termita.
Las sospechas sobre la relación entre el independentismo radical y la Generalitat se avivaron tras esta detención. Uno de los encarcelados aseguró que Torra tenía intención de permitirles tomar el Parlament una vez se dictara la sentencia del procés. El magistrado que les ha enviado a prisión vincula a estos radicales con los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), una nueva “organización jerarquizada” que busca la independencia de Cataluña.
«¡Ni olvido, ni perdón!», gritaban los CDR por las calles de las ciudades catalanas el pasado martes. Los radicales vieron que su poder de convocatoria se estaba desinflando. Algunas de las frases que se escuchan dentro del sector moderado del independentismo dictan que «el Estado español ha ganado». Pero algunos se niegan a aceptarlo y planean una lucha aún más aguerrida. La consigna de los radicales es hacer ruido, que se les escuche y que se internacionalice el conflicto. Ese «ruido» que pretenden hacer los CDR tras la sentencia se camuflará entre acciones violentas que lleven al conflicto y que despierten un independentismo latente que se ha calmado en el último año.
