La Guardia Civil ha desarticulado una importante organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa con fines de explotación laboral. Sus víctimas eran captadas principalmente en Rumanía y Moldavia, y las engañaban para que familias enteras viesen un futuro con grandes beneficios económicos en España.
El objetivo de la banda era el de proceder a la explotación laboral de ellas en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios, como fresa, uva, aceituna, etcétera.
Una vez eran captadas, las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a diferentes localizaciones de explotación laboral, en donde se les obligaba a realizar las mencionadas actividades. En estos lugares vivían en condiciones de precariedad, residiendo hacinadas en lugares sin las mínimas condiciones de higiene y sin que se les fueran respetados sus derechos fundamentales.
La operación se ha saldado con la detención de un total de 16 personas en Jaén, Córdoba, Huelva, Albacete y Badajoz. Entre ellos se encuentran cinco empresarios acusados de un presunto delito de trata de seres humanos.
Estos se aprovechaban, presuntamente, de la situación de necesidad de estas personas para someterlos a condiciones de trabajo que rozaban la «esclavitud». Se estima que el número de víctimas que han pasado por la organización podría alcanzar las 600 personas. De las más de 145 víctimas detectadas, se ha conseguido proceder a la identificación y liberación de 18 de ellas, todas de nacionalidad rumana y moldaba, siendo trasladadas posteriormente a diferentes ONGs.
FALSAS OFERTAS DE TRABAJO EN INTERNET
La organización, dedicada a la explotación laboral, y que ha sido desmantelada, optaba por el método del engaño. Sin embargo, también recurría a utilizar el sistema de realizar ofertas de empleo en Internet. A través de las mismas captaba a sus víctimas y procedía a engañarles con falsas promesas de empleo en unas condiciones de trabajo adecuadas.
El ámbito geográfico de actuación de la banda abarcaba varias provincias de España y Portugal, en función de los diferentes tipos de cultivo de temporada. De esta forma, la investigación se centró principalmente en las provincias de Huelva, Badajoz, Córdoba y Jaén. Sin embargo, se pudieron encontrar derivaciones de la organización a nivel nacional e internacional, por lo que la Guardia Civil contó con la colaboración de miembros de Europol especializados en este tipo de delitos penales.
Los captadores de la organización aseguraban a sus víctimas que, una vez que se encontrasen en España, residirían en unas condiciones dignas, tanto de vida como en el terreno laboral, lo cual se incumplía a posteriori. Estos se veían obligados a vivir en condiciones de semiesclavitud y de una extrema precariedad, llegando en algunos casos a estar durante varios días sin poder comer.
En cuanto a las víctimas de nacionalidad moldava, la banda les retiraba su documentación original. Posteriormente, se les proporcionaban pasaportes y documentación de ciudadanos de Rumanía, de forma que se buscaba simular una situación de estancia regular en el territorio español.
MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS AL MES
Los principales miembros de la organización disfrutaban de un elevado nivel de vida. Según las investigaciones realizadas por los agentes, el grupo criminal era capaz de facturar más de 1.000.000 de euros al mes de las empresas en las que las víctimas desempeñaban su actividad laboral.
Además, se han intervenido cinco vehículos que eran utilizados por la organización para realizar los traslados de las víctimas. También de otros dos de alta gama que eran empleados por los principales líderes de la banda para llevar a cabo sus diferentes desplazamientos.
Finalmente, la Benemérita ha llevado a cabo un total de 15 registros. Cuatro de ellos tuvieron lugar en explotaciones agrarias en los que las víctimas estaban siendo víctimas de explotación laboral. Para la realización de estos registros, los agentes contaron con la colaboración de personal del Ministerio de Trabajo. Estos apoyaron y complementaron el trabajo de los agentes que actuaron en el dispositivo.
150 DECLARACIONES A POTENCIALES VÍCTIMAS
Esta operación ha sido desempañada por parte de un grupo conjunto de trabajo formado por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén y la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Huelva, Albacete, Córdoba y Badajoz. Y han contado con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial y de expertos en el trato y toma de declaración de víctimas.
Durante las investigaciones, se han practicado 150 declaraciones a potenciales víctimas del delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Para ello, ha sido necesario el apoyo de más de una veintena de traductores del idioma rumano/moldavo. La gran mayoría de las víctimas no entendían el idioma español.
Uno de los mayores logros de la investigación es que, gracias a las gestiones realizadas, una parte de las víctimas del delito investigado se encuentran trabajando actualmente. De esta manera, han podido integrarse plenamente en el ámbito laboral. Ha sido posible gracias a la colaboración de ONGs y de un empresario de la explotación de frutos rojos en la provincia de Huelva.
EL INCENDIO DE UNA FURGONETA LEVANTÓ LAS SOSPECHAS EN JAÉN
El pasado 22 de febrero, en Fuerte del Rey, los efectivos del cuerpo de Bomberos de Jaén, acudieron a la llamada del incendio de una furgoneta estacionada en un camino rural. Este episodio fue sonado e hizo que la Guardia Civil tomase testimonio a los vecinos y los afectados.
A raíz de estas pesquisas se pudo destapar una operación que ya llevaba quince detenidos en diferentes puntos de España. Este jueves se ha podido conocer que finalmente han sido 16 los arrestados por este caso de explotación laboral.
La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado la importancia de la operación. «Se trata de una de las operaciones más importantes desarrolladas en España contra la trata de seres humanos en los últimos años«. Además, ha hecho especial hincapié en que las víctimas «estaban en condiciones inhumanas, casi como esclavas».
UN SUELDO QUE NO LLEGABA AL TRABAJADOR
Algunos de los detenidos eran empresarios que desconocían la situación. Estos abonaban el salario de acuerdo a la legalidad, pero este dinero no llegaba al trabajador. Era la organización la que, presuntamente, se quedaba con ese dinero, o al menos con la mayor parte del mismo.
Los empresarios también han sido, por tanto, víctimas de la organización. Los olivareros afectados por la trata pensaban que sus trabajadores eran contratados de manera legal. De hecho, procuran en muchos casos buenos alojamientos y condiciones de trabajo a los temporeros.
