domingo, 17 enero 2021 16:48

Bajan los desahucios pero aumentan los ERE y las demandas por despido

  • Los desahucios por impago de alquiler bajan por primera vez en dos años
  • Los referios al impago de hipoteca continúan su tendencia a la baja iniciada en 2015
  • Los ERE aumentan un 15,6% y las demandas por despido un 9,1 %
  • Los lanzamientos, conocidos popularmente como desahucios, derivados del impago de alquiler descendieron un 6,6 % en el segundo trimestre de 2019, mientras que los derivados del impago de la hipoteca registraron una importante reducción del 32,9 %.

    Así lo refleja el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que difundió este lunes la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que refleja también que los expedientes de regulación de empleo (ERE) y las demandas por despido aumentaron un 15,6 % y un 9,1 %, respectivamente, de abril a junio del año pasado en comparación al mismo periodo de 2018.

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    BAJAN LOS DESAHUCIOS

    El documento confirma la tendencia a la baja de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y los practicados por impago de alquiler, que siguieron descendiendo durante el segundo trimestre del año, aunque se siguen produciendo más de 140 desahucios al día en nuestro país.

    En concreto, los primeros experimentaron un retroceso del 32,9 %, la bajada interanual más acusada aunque llevan descendiendo desde 2015, mientras que los segundos, derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), se han reducido un 6,6 %, el primer descenso de este indicador en dos años, desde el segundo trimestre de 2017.
    Del total de lanzamientos, 14.756, -un 14 % menos que el año pasado- dos terceras partes (9.802) fueron derivados de la LAU y 3.806 de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas. Cataluña se coloca a la cabeza con el 23,3 %, por delante de Andalucía, segunda comunidad en el ránking con 2.456, Valencia, con 1.960, y Madrid, con 1.637.

    SUBEN LOS ERE Y LAS DEMANDAS POR DESPIDO

    Por otra parte, el documento señala que durante los meses de abril, mayo y junio de este año se presentaron un total de 126 expedientes de de regulación de empleo, es decir, los relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. Asimismo, indica que el número de demandas por despido presentadas a lo largo de ese mismo periodo ascendió a 28.121, lo que supone un incremento de más del 9 % respecto al año pasado.

    Cataluña, de nuevo, y Madrid encabezan el desglose por comunidades de este tipo de denuncias, con 5.197 y 5.172 cada una, seguidas por Andalucía, con 4.364, y la Comunidad Valenciana, con 3.036.

    AUMENTAN LOS CONCURSOS

    Por otro lado, el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” apunta que el número de concursos presentados en el trimestre, tanto en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción aumentó un 23,7 % en comparación con el mismo periodo de 2018. Se presentaron hasta 2.982 concursos, de los que 1.254 correspondieron a personas físicas no empresarios, lo que equivale a un 46 % más que el pasado año.

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    Respecto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social -cuyos datos estadísticos están disponibles solo desde el tercer trimestre de 2018- se resolvieron entre abril, mayo y junio 772 procedimientos de los 953 que ingresaron.

    El CGPJ, tal y como explica en su página web, publica de forma trimestral estos informes “con el objetivo de mostrar el volumen de los procedimientos y ejecuciones más directamente afectados por las fluctuaciones de la actividad económica y especialmente por los periodos de crisis”.

    Estas series se llevan publicando desde 2007 y, según informó este lunes el CGPJ a Moncloa.com, la elaboración de las estadística tiene como finalidad “hacer un seguimiento de la carga de trabajo de los órganos judiciales” pero, subrayó, “no realiza análisis económicos de los datos”.