La empresa energética Iberdrola contrató al excomisario José Manuel Villarejo para hacer daño a su competencia directa, a la compañía eléctrica Endesa, a través de “desprestigiar” la imagen del presidente del grupo, Manuel Pizarro. Esta investigación ha salido a la luz gracias a los audios que grabó el propio Villarejo y, sobre todo, al informe en el que se relata los pasos que iba a seguir para conseguir esta comprometida información. El informe se puede consultar íntegro al final de esta noticia.
Los trabajos, supuestamente encargados por el jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, se realizaron en el año 2004. En ese momento Pizarro era el presidente de Endesa, un cargo que asumió en 2002, aunque ya era consejero del grupo eléctrico desde 1996 y vicepresidente desde 1998. El informe, compuesto por más de 20 páginas, se centra, sobre todo, en la figura del expresidente, en su pasado, familia y, sobre todo, posibles negocios. Estas son las principales claves que se extraen del mismo:
¿Quién encargó el trabajo?
Las grabaciones a las que ha tenido MONCLOA.COM, en una investigación conjunta con El Confidencial, demuestran que el excomisario mantuvo relaciones con Asenjo, que era el encargado de seguridad de la empresa energética. En el informe que elaboró Villarejo queda identificado bajo las siglas “AS, que actúa en nombre y representación de (CLIENTE -K)”, que en ese caso K se refería a Iberdrola.
Según aparece en el citado documento, Asenjo le habría pedido un “informe exhaustivo de MP (Manuel Pizarro), referido a sus etapas anteriores a su actual puesto en END, actividades llevadas a cabo de dudosa legalidad en su etapa de Bolsa, por ejemplo, empresas en las que participa bien directamente o a través de su entorno más directo, relación de bienes, etc.” A partir de esta petición, comenzó a funcionar la red del excomisario.
¿A quién investigan?
La persona sobre la que se centran el bruto de las labores de investigación es en Manuel Pizarro, presidente de Endesa en el momento de la elaboración del informe, en el año 2004. Iberdrola quería conocer alguna “actividad” de “dudosa legalidad”, así como adentrarse en “su entorno más directo”. Es por ello que en el informe también aparecen especificados datos de su vida profesional, detalles de su ámbito personal y familiar y otros aspectos relevantes, como sus negocios, empresas o relaciones con personajes públicos.
¿Quién lo investigaría?
Como aparece especificado al principio del documento, los encargados de realizar la investigación serían el “personal de este GABINETE DE INVESTIGACIÓN y ANÁLISIS (GIA)”. El excomisario sería el cabecilla de este grupo, pero necesitaría de otra red de informadores para poder completar todos los procesos de recolección de datos. En otro punto del informe explica que, además de estas personas, había “catorce equipos de personal especializado”. Algunos de estos profesionales se destinarían a “vigilancia y control directo”, a “infiltración” o “colaboradores oriundos de los países donde se investiga”.
¿Cuál es su objetivo?
El principal objetivo de esta labor era dañar la imagen de Pizarro, sabiendo que esto afectaría directamente a la reputación de la empresa en su conjunto. Según queda reflejado en el informe, la recogida de datos iría destinada a dos misiones: “su utilización en medios de comunicación con el fin de erosionar y desprestigiar su imagen y otros, que dada su responsabilidad flagrante, le obligarían como mínimo a abandonar su actual puesto.”
¿Dónde centrarían sus trabajos para conseguir material comprometido?
Villarejo resalta que hay un “un grado máximo de hermetismo” alrededor de la figura de Pizarro que dificulta su trabajo. Es por ello que intentarían, como prioridad, acercarse a personas “de confianza en Endesa (END)”, controlar a “los familiares o Administradores de las Sociedades” o “profundizar en las relaciones especiales” entre Pizarro y responsables políticos, ya que este tenía un estrecho vínculo con dirigentes de varios partidos políticos, entre ellos, el expresidente José María Aznar o el exministro Rodrigo Rato.
Todas estas acciones tendrían como objetivo principal, según apunta el excomisario, “la localización y seguimiento de su actual patrimonio” para detectar posibles irregularidades. La investigación quedaría dividida en tres etapas: de 1983 a 1987, cuando Pizarro era Subdirector General de Expropiaciones del Estado; de 1987 a 1992, cuando funda las sociedades Barclays, Pizarro, Recorder e Ibersecurities; y desde 1992, cuando se convierte en asesor económico del PP y ocupa la presidencia de la Bolsa de Madrid.
Villarejo afirma en su texto que a priori “gran parte de los ‘puntos oscuros’ de la trayectoria personal y profesional” de Pizarro podrían encontrarse, como apuntaba el “análisis de K (Iberdrola)”, en el periodo «en el que disponía de responsabilidades relacionadas con la Bolsa.” Esta etapa sería la que, presuntamente, habría centrado la investigación del excomisario.
