La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se desvinculó este miércoles totalmente del “caso Púnica”, por el que estaba citada a declarar como investigada dentro de la pieza separada número 9 de la macrocausa, que engloba la supuesta financiación ilegal del Partido Popular (PP) de Madrid.
“Nunca he tenido nada que ver con este tipo de asuntos. Luché de manera implacable contra la corrupción y siempre puse en conocimiento de la Justicia cualquier asunto que pudiera ser irregular, como la presunta corrupción en el Canal de Isabel II o en la ciudad de la Justicia”, manifestó la expolítica popular a los medios de comunicación tras una accidentada declaración que se alargó tres horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.
UNA DECLARACIÓN ACCIDENTADA
La declaración de Cifuentes, que dio comienzo a las cinco de la tarde, tuvo que ser interrumpida hasta en dos ocasiones por un error de sonido por el cual el interrogatorio se escuchaba en directo por los altavoces de la sala de prensa de la Audiencia Nacional.
La escucha por parte de las decenas de periodistas que trabajaban desde ahí violaba el principio de secreto que rige el periodo de instrucción por lo que los profesionales de la información decidieron avisar a los responsables de prensa pertinentes de lo que estaba sucediendo.
La declaración se interrumpió entonces pero se reanudó con el mismo problema durante unos minutos hasta que, finalmente, y después de que el juez señalara en tono jocoso que la única solución iba a ser cortar los cables de la sala, decidieran trasladar el interrogatorio, que estaba teniendo lugar en el Salón de Plenos del edificio principal, a otra sala y reanudarlo en el mismo punto.
Fuentes judiciales calificaron el incidente de “muy embarazoso” porque “en la Audiencia Nacional se supone que las medidas de seguridad son máximas”.
Con todo, la antigua presidenta regional aseguró sentirse “satisfecha” con la declaración en la que, apuntó, pudo aclarar “sus funciones en el PP” entre las que no se encontraba, subrayó, “ ningún tipo de responsabilidad, ni participación, ni actuación sobre la gestión económica o financiación del partido”.
Respecto a la “arbitrariedad” con la que, según el auto de imputación de García Castellón del pasado 2 de septiembre, se produjo la adjudicación de los contratos de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 la entonces vicepresidenta de la asamblea madrileña volvió a negar la mayor.
“He explicado y aportado datos que demuestran que esas adjudicaciones fueron absolutamente ajustadas a la legalidad, siempre contando con el respaldo de todos los informes técnicos, jurídicos y económicos que avalaban esas decisiones”, indicó.
Cifuentes presidía en ese momento la mesa de contratación y formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes, un comité que, según el juez en el citado auto, “valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores” posicionándose a favor del Grupo Cantoblanco, dirigido por el antiguo presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) Arturo Fernández. Éste realizó en el año 2007 donaciones por valor de 160.000 euros al Partido Popular (PP) a través de la fundación Fundescam, de la que Cifuentes fue patrona hasta 2008.
En relación a esa fundación, que supuestamente sirvió para desviar fondos públicos al partido en Madrid, Cifuentes ha recalcado su nula participación en la gestión económica y ha mencionado que todos los miembros de la dirección regional del partido, incluido Pablo Casado cuando presidía las Nuevas Generaciones del PP, eran patronos, un hecho que nadie cuestionó porque la fundación estaba ligada muy estrechamente al PP.
LA CAÍDA EN DESGRACIA DE CIFUENTES
Cifuentes se sumó el mes pasado junto con sus antiguos compañeros de partido Esperanza Aguirre e Ignacio González a los más de 180 imputados en el famoso “caso Púnica”, lo que no hace sino seguir alimentando la caída en desgracia de la que fuera una de las políticas más valoradas del PP cuando la formación atravesaba sus horas más bajas por los distintos casos de corrupción.
Unas tramas que había logrado sortear hasta el pasado 2 de septiembre, fecha en la que el juez García Castellón decidió aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción que semanas antes había solicitado su imputación y la de Aguirre.
En marzo de 2018 comenzaron los problema para Cifuentes con las primeras informaciones del «caso master» que se convirtieron en un auténtico huracán mediático. Durante más de un mes consiguió aguantar el tipo ante un aluvión informativo en torno a las irregularidades del máster de Derecho Autonómico que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Fue el 25 de abril de 2018 cuando la todavía presidenta regional cayó definitivamente y presentó su dimisión después de salir a la luz el famoso vídeo tomado por las cámaras de seguridad de un supermercado Eroski de Vallecas en el que se la veía en medio de un presunto robo de cosméticos. Dos días después renunció también a la presidencia del PP de Madrid para comenzar una nueva vida alejada de la política.
Una nueva vida que, sin embargo, se ha visto este miércoles interrumpida. “Esto está siendo muy duro. Espero que se llegue hasta el final en el caso Púnica”, concluyó a las puertas de la Audiencia Nacional.