La Policía Nacional ha detenido a tres personas de edades comprendidas entre los 39 y los 60 años que eran las encargadas de controlar a los empleados de un conocido restaurante de Escorca (Mallorca). Se les acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, a quienes hacían trabajar en jornadas de entre 12 y 14 horas por tan solo 40 euros al día.
Además de mantenerlos en una situación de semiesclavitud, desde el propio restaurante se les impedía disfrutar de derechos laborales, como el correspondiente permiso anual de vacaciones o el finiquito cuando eran despedidos. Por ello, la Policía Nacional ha arrestado a tres personas, entre las cuales se encontraba el propio administrador del negocio.
Las investigaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando la Policía Nacional y la Delegación de Trabajo de la Seguridad Social recibieron una denuncia contra el administrador del restaurante, así como contra la persona encargada de gestionar el mismo y otro trabajador.
Tras las primeras indagaciones, los agentes pudieron concluir que las víctimas de estos individuos eran los trabajadores extranjeros del local, a quienes sometían a una situación de trabajo en régimen cercano a la esclavitud.
AMENAZA DE DESPIDO
Los seis trabajadores que eran víctimas de esta explotación laboral se veían obligados a trabajar largas jornadas diarias a cambio de una escasa remuneración económica. Además, de forma sistemática, se vulneraba su derecho a vacaciones y tampoco recibían contraprestación económica alguna por ello. Eran amenazados con ser despedidos.
De hecho, estos empleados extranjeros del restaurante ubicado en Mallorca carecían de contrato laboral. Además, cobraban todos los mismo, aunque desempeñaban funciones diferentes dentro del negocio.
Aquellos empleados que sí tenían contrato laboral eran obligados a firmar su nómina mensual a pesar de que la cantidad económica percibida no era la que constaba en el mismo. Se les amenazaba con dejarles sin trabajo y en la calle en el caso de que no firmaran el documento.
Las víctimas eran obligadas a trabajar seis días a la semana, disfrutando solamente de un día de descanso y nunca en fin de semana. En el caso de que no pudiesen acudir a trabajar por enfermedad, no percibían ningún tipo de salario.
Cuando se daba el caso de que se producía un accidente en el trabajo, el propietario del restaurante les obligaba a manifestar que el accidente no había sido laboral. En caso de que no lo hiciesen, eran despedidos y no cobraban durante el tiempo de baja.
Por otro lado, cuando finalizaba la temporada, las víctimas no recibían ningún tipo de finiquito de acuerdo al tiempo que habían cotizado en la empresa.
MIEDO A PERDER SU ÚNICA FUENTE DE INGRESOS
Por todo lo mencionado, la Policía Nacional procedió a la inspección del restaurante. Para ello, contó con la colaboración de la Delegación de Trabajo y Seguridad Social.
Las víctimas se veían obligadas a aceptar las condiciones que imponía el propietario del conocido restaurante de Escorca (Mallorca). Este se aprovechaba de sus diversas situaciones personales y económicas. Estas tenían temor a perder la que era su única fuente de ingresos.
DESEMPEÑABAN DIFERENTES FUNCIONES EN EL RESTAURANTE DE MALLORCA
Los trabajadores, que sufrían un trato degradante por sus superiores, desempeñaban diferentes funciones. Trabajaban de camareros, cocineros, limpieza o realizando labores de mantenimiento, aunque la mayoría de ellos sin contrato laboral.
Independientemente del trabajo realizado, el salario era el mismo, el mencionado de 40 euros por día por jornadas de entre 12 y 14 horas. De esta manera, percibían entre 2,8 y 3,3 euros por hora de trabajo.
Por este motivo, los agentes de la Policía Nacional consideran que las víctimas se encontraban en una situación de «casi esclavitud».
NO SE TRATA DE UN CASO AISLADO
La explotación laboral en Mallorca está a la orden del día y no es la primera vez en la que el responsable de un restaurante resulta detenido por unos hechos similares. De hecho, el pasado año la Policía Nacional detuvo al responsable de un negocio hostelero por un delito contra los derechos de los trabajadores.
En aquel caso, el detenido tuvo que hacer frente a otras acusaciones paralelas a este delito. Entre ellas se encontraba el haber cambiado de ropa a un empleado que sufrió un infarto de miocardio. De esta manera, trató de ocultar el uniforme del trabajo y así negar que se tratase de un accidente laboral.
Este empresario también atentaba contra los derechos laborales al imponer condiciones laborales basadas en un exceso de horarios y falta de pago de los incentivos acordados. Exigía a sus trabajadores que realizaran una gran cantidad de horas extras y había una ausencia de días libres y vacaciones.
De igual forma, en el año 2016, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a los cuatro responsables de una conocida cadena de bares de tapas en Palma de Mallorca. También fueron acusados de explotación laboral, haciéndoles trabajar 14 horas, es decir, una jornada similar a la que han tenido que soportar los empleados del restaurante de Escorca.
DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
El Artículo 311 del Código Penal español trata los delitos contra los derechos de los trabajadores. En ellos se establecen penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses para quienes cometan este tipo de faltas.
En el mismo se indica que serán penados aquellos que, a través del engaño o abuso de situación de necesidad, como en el caso de este restaurante de Mallorca, impongan a los trabajadores unas condiciones laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos reconocidos por disposiciones legales, contrato individual o convenios colectivos.
De igual forma, también son castigados por el mismo delito quienes ocupen a trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social. Además, si las conductas reseñadas se llevan a cabo con violencia o intimidación, se impondrán penas superiores en grado.
En los sucesivos artículos del Código Penal también se hace referencia a otro tipo de castigos relativos a los derechos de los trabajadores. Entre ellos, la imposibilidad de las víctimas de disfrutar de sus periodos de vacaciones ni recibir contraprestación económica alguna por ello.
A la hora de analizar esta conducta delictiva se tiene presente el abuso de estado de necesidad. Para ello, esta debe tener más consistencia que la propia situación de desigualdad existente en el mercado laboral entre empleadores y trabajadores. Cada caso se valora de forma individual por este motivo.
