Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han anunciado en una rueda de prensa conjunta un «Gobierno progresista de coalición», en el que se comprometen a «garantizar la convivencia en Cataluña» fomentando el diálogo «siempre dentro de la Constitución». El acuerdo es a cuatro años y aunque no han desvelado cuál será el reparto de cargos entre entre PSOE y Podemos dentro del Ejecutivo, fuentes de Europa Press señalan a que el líder de la formación morada ejercería de vicepresidente.
Los dos políticos han olvidado sus diferencias para alcanzar un consenso en menos de 48 horas. «El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier desencuentro que hayamos tenido en el pasado», ha afirmado Pedro Sánchez. Como advirtió frente a sus militantes la noche del 10 de noviembre, el líder del PSOE ha apuntado a un acuerdo progresista. Lo único que no cabrá será el odio y la confrontación entre españoles», ha señalado el todavía presidente del Gobierno en funciones.
Pese a los desencuentros de los últimos meses, el reparto de culpas y las disputas en los debates, Pedro Sánchez ha agradecido en multitud de ocasiones la predisposición del líder de Unidas Podemos en buscar el acuerdo. «Quiero agradecer a Pablo Iglesias la predisposición para alcanzar un acuerdo», ha zanjado.
Esa misma línea ha mantenido Iglesias, que ha dejado «atrás cualquier reproche» y se ha comprometido a «trabajar codo con codo». «Hemos llegado a un acuerdo para formar un Gobierno de coalición progresista, con la justicia social como mejor vacuna contra la extrema derecha», ha apuntado.
EJES DEL ACUERDO ENTRE SÁNCHEZ E IGLESIAS
El documento compartido por ambas formaciones, precisa que Sánchez e Iglesias tienen abierta aún una negociación sobre la estructura y el funcionamiento del nuevo gobierno, que perseguirá situar a España como «referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas.
Las dos formaciones afirman compartir «la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno» y asegura que el nuevo Ejecutivo «se regirá por los principios de cohesión, lealtad, y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones».
El preacuerdo incluye un decálogo con los ejes prioritarios de la actuación de ese Gobierno progresista de coalición y que, además de atender a la crisis en Cataluña, se centrará en «consolidar el crecimiento y la creación de empleo»; «combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad».
Trabajará también por la regeneración y la lucha contra la corrupción. Protegerá los servicios públicos, especialmente la educación incluyendo el impulso a las escuelas públicas de 0 a 3 años, la sanidad pública y a la atención a la dependencia; revalorizará las pensiones conforme al coste de la vida; asegurará la vivienda como derecho y no como mera mercancía; apostará por la ciencia como motor de innovación tecnológica; recuperará talento emigrado y controlará la extensión de las casas de apuestas.
Otro de los ejes de actuación será la lucha contra el cambio climático, buscando que la transición ecológica se haga de manera justa, protegiendo la biodiversidad y garantizando un trato digno a los animales.
El Gobierno progresista trabajará también para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos; impulsar la reindustrialización y el sector primario, así como el impulso digital.
También se comprometen con la aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y el reconocimiento de España como un país de memoria y dignidad.
Otro de los ejes de actuación será asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector; fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.
Las políticas feministas suponen otro ámbito de actuación prioritaria. El acuerdo habla de garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e instranferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral.
El preacuerdo se compromete también a «revertir la despoblación» y dar un «apoyo decidido a la llamada España vaciada» y a ejercer la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario porque «la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero».
