Una vez más, el independentismo catalán ha vuelto a tratar de sortear al Estado de Derecho para salirse con la suya aunque, en esta ocasión, el intento se ha quedado en un “pellizco de monja, que duele pero no deja marca”. Así lo ha definido el portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento de Cataluña, Alejandro Fernández, este martes, cuando el Tribunal Constitucional ha anulado dos acuerdos de la Mesa del Parlament relativos de una moción sobre la autodeterminación.
Una anulación que, sin embargo, se ha producido minutos después de que la Cámara autonómica hubiera ya aprobado la moción, presentada por la CUP y que rezaba que “el Parlamento de Cataluña expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».
Con 61 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP y 8 abstenciones de los comunes de Ada Colau, la moción se ha aprobado, previa alteración del orden del día por parte del presidente de la cámara, el independentista y republicano Roger Torrent (ERC).
Posteriormente, el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite por unanimidad el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento Catalán sobre esa moción de la CUP y los servicios jurídicos del Parlamento decidieron que la moción no se publicaría en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC).
Además, la Fiscalía General del Estado dio orden ayer, tras lo sucedido, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de investigar a Torrent por permitir la tramitación de mociones y propuestas a sabiendas de que estas son contrarias a la Constitución incurriendo en un posible delito de desobediencia.
El delito de desobediencia que contempla el artículo 410 del Código Penal establece que “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
CARRERA ENTRE TORRENT Y EL CONSTITUCIONAL
Torrent alteró el lunes por la tarde el orden del día del martes para celebrar la votación de la citada moción de autodeterminación, que estaba prevista para primera hora de la tarde, para que ésta tuviera lugar por la mañana, antes de que el pleno del Constitucional se pronunciara sobre el recurso presentado para anular los acuerdos de la Mesa relativos a la misma.
Argumentando un posterior viaje a Suiza, pero sin que a nadie se le escapara que se trataba de una maniobra para adelantar la votación de la moción, Torrent varió a su antojo y sin previo aviso el horario de la Cámara, algo que le afeó el Gobierno de la Generalitat, que no asistió a la votación porque coincidía con la reunión semanal del Ejecutivo.
La Consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, envió una misiva al Torrent en la que reflejaba su malestar por el cambio de hora que no fue “consultado” ni “consensuado” previamente con el Consejo Ejecutivo.
“Este cambio en el horario de la celebración del pleno, que incluye el debate y votaciones de diferentes iniciativas, afectará al derecho como diputados de la Cámara de dos miembros del Gobierno que ostentan esta condición, debido a su coincidencia con el desarrollo del pleno de la mañana”, escribió la dirigente.
“Decisiones como esta deberían haber sido comunicadas con la suficiente antelación para evitar esta situación incómoda para ambas instituciones”, agregó.
Una situación “incómoda” no solo para el Gobierno de Quim Torra, sino para el Tribunal Constitucional que envió un email a los servicios jurídicos de la cámara para comunicar el acuerdo por el que dejaba sin efectos la admisión a trámite de la moción, del 29 de octubre, y el acuerdo de la Mesa que rechazó las solicitudes de reconsideración de esta decisión, de 5 de noviembre.
Un correo electrónico que, gracias a la argucia de Torrent, llegaba minutos después de que el Pleno, después de que Ciudadanos abandonara el Parlamento, aprobara la moción de la CUP.
Aunque, todo ello sirvió de poco. El BOPC no publicará la moción y Torrent se ganó no solo una nueva advertencia del Constitucional -la cuarta en menos de un mes- sino una investigación por desobediencia por parte de la Fiscalía.
JUNQUERAS Y EL ABOGADO GENERAL DE LA UE
Coincidiendo con este rifi-rafe entre el Constitucional y el Parlamento, el abogado General de Justicia de la Unión Europea (TUE) Maciej Szpunar concluía que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras debe ser reconocido como eurodiputado, porque su escaño depende únicamente del voto de los electores y no te trámites posteriores, noticia que fue celebrada por los sectores independentistas.
Sin embargo, el abogado advirtió asimismo que su inhabilitación por la condena en la causa del procés supone que la Justicia europea no es competente para responder a la cuestión del Tribunal Supremo (TS).
Para culminar una jornada con el independentismo como centro, la Fiscalía Superior de Cataluña se querelló contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, por nombrar como asesor al sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica del expresidente catalán Carles Puigdemont, al que el TS procesó por el 1-O y declaró en rebeldía.
