El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto una nueva línea de investigación secreta en la macrocausa sobre los trabajos ilícitos de José Manuel Villarejo, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El juez revisará los ‘servicios’ que las empresas del comisario jubilado y en prisión provisional pudieron haber prestado a Repsol.
Las pesquisas se siguen en la pieza separada número 21 de la causa, abierta esta misma semana, y buscan en principio esclarecer si la energética recurrió al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con Pemex, Sacyr se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antoni Brufau.
Según ha adelantado La Información y ha confirmado Europa Press en fuentes jurídicas, la investigación pone de nuevo al ex presidente de Sacyr, Luis Del Rivero, como objeto de las tareas del comisario, pues ya le habría investigado por encargo del BBVA –asunto que se investiga en otra pieza aparte– y que podría haberlo hecho asimismo para Repsol.
Como en otras piezas separadas de la causa, las diligencias se han iniciado a la luz de la documentación y/o los audios que atesoraba el comisario, desvelados por MONCLOA.COM y El Confidencial. Villarejo estuvo registrando reuniones y conversaciones con terceros y a quien le fueron intervenidos 40 terabytes de información a su detención, de acuerdo a las fuentes consultadas.
VILLAREJO SEGUIRÁ EN PRISIÓN
Hace sólo unos días el excomisario jubilado José Manuel Villarejo volvió a ver chafadas sus pretensiones de libertad. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el antiguo policía en contra de la prórroga de prisión dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción, Manuel García Castellón.
De este modo, el personaje principal de la macrocausa denominada Operación Tándem, que está siendo investigado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública, seguirá en prisión provisional hasta el máximo legal de cuatro años.
