PSOE y Unidas Podemos han firmado este miércoles un protocolo para coordinar toda su acción y su voto en el Parlamento a través de una mesa de seguimiento, en lo relacionado con la acción del Gobierno y el programa de la coalición, con el objetivo de evitar «contradicciones» en cuestiones ajenas que tengan «alta repercusión en la escena política».
Además, el protocolo también regula la acción de los miembros del Gobierno, y establece que «los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros Ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros«. También establece que, en caso de reestructuración del Ejecutivo durante la legislatura, cada formación mantendrá su peso inicial.
Así se estipula en el llamado ‘Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de Gobierno progresista de coalición de PSOE y Unidas Podemos’, que regula los principios y reglas básicas de funcionamiento del Ejecutivo, y la creación de una ‘Comisión permanente de seguimiento del acuerdo’. El protocolo ha sido firmado por los socialistas Adriana Lastra y Rafael Simancas, e Irene Montero, Ione Belarra y Jaume Asens de Podemos.
Asimismo, el texto anuncia la creación de dos mesas de coordinación, una dedicada a evaluar el funcionamiento del Gobierno de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, y otra para trabajar la coordinación parlamentaria.
El documento se refiere incluso al escenario de una posible crisis de gobierno, garantizando que en ese caso «se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno en los términos acordados al inicio de la coalición».
«PLENO RESPETO A LA CONSTITUCIÓN»
El segundo principio de este protocolo indica que «la acción del gobierno de coalición se desarrollará en todo momento con pleno respeto a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico», mientras que el tercer principio básico asegura la «máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno».
A cargo de la Comisión permanente estarán un total de diez representantes, que acuerdan reunirse con periodicidad y con carácter «ágil y operativo».
El texto de este protocolo de coordinación se divide en cinco puntos: el primero recoge los «principios y reglas básicas de funcionamiento del gobierno progresista de coalición», el segundo y tercero regulan la «Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo», el cuarto habla de una «Estrategia de Comunicación Conjunta», y el quinto establece un «Procedimiento de Resolución de Discrepancias».
30 DÍAS PARA CONFORMAR LA MESA
La mesa permanente que velará por el buen funcionamiento de la coalición habrá de conformarse en un plazo de 30 días desde la formación del Ejecutivo de coalición, precisa el documento firmado por ambas formaciones.
Los diez representantes se escogerán de la siguiente forma: dos representantes de la Presidencia del Gobierno; otros tantos de la Vicepresidencia primera que presumiblemente asumirá Carmen Calvo; dos más de la Vicepresidencia segunda que ocupará Pablo Iglesias; un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación; un representante del área de comunicación de la Vicepresidencia segunda; y sendos miembros del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Confederal de Unidas Podemos.
Esta mesa se reunirá con la periodicidad que decidan sus miembros y se dedicará a impulsar el desarrollo del pacto de coalición; coordinar la acción de los socios y de sus grupos parlamentarios; consensuar el plan de comunicación sobre la acción del Gobierno y solventar las discrepancias que puedan surgir.
En lo que se refiere a la coordinación parlamentaria, cuando se trate de iniciativas propias o de otros grupos sobre cuestiones ajenas a la acción de Gobierno o a su programa progresista pero «tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal, los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí».
«En todo caso (precisa el protocolo) los socios se comprometen a coordinar la comunicación de las mismas». En los demás supuestos (cuestiones ajenas al Gobierno que no le afecten en gran manera) bastará informar al representante parlamentario del otro grupo dentro de la dinámica de diálogo y coordinación permanente.
SE ACORDARÁN LAS ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS
El acuerdo llega a concretar que, en el caso de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado se requerirá el acuerdo previo entre los socios para la presentación de cualquier enmienda.
Pese al énfasis en el consenso que se desprende del documento, el punto 12 del protocolo es el que más anchura otorga a cada partido, ya que recoge que tanto los de PSOE como los de Podemos podrán mantener su libertad de voto cuando se trate de «iniciativas que no afecten a los acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno progresista, a la acción unitaria del Gobierno o a los Presupuestos».
La mesa para la coordinación parlamentaria se constituirá también en el plazo de 30 días desde la formación del Ejecutivo y la compondrán cinco miembros de cada uno de los grupos.
En el plano de la comunicación, el acuerdo explicita que los ministerios deberán comunicar con antelación suficiente a la Secretaría de Estado de Comunicación los principales anuncios y compromisos que se vayan a realizar.
