El PSOE ha reprochado la actitud de «sabotaje al Estado» que, a su parecer, han emprendido el PP, Vox y Ciudadanos con su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de RTVE o el Defensor del Pueblo.
El nuevo Gobierno y las Cortes deben acometer este año la renovación de una decena de instituciones. Algunas de ellas, como el CGPJ y el Tribunal Constitucional, ya se han dirigido a las Cortes para recordarles su deber.
En declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha reconocido que a los socialistas les «preocupa mucho» esta actitud de los partidos de la derecha que, al parecer, se «hacen seguidismo» a este respecto.
Simancas les ha instado a abandonar esta «vía de radicalidad» por «respeto a la Constitución, al Estado y al interés general de los españoles», ya que se trata de renovar unos órganos que son «pilares» de la Carta Magna.
Hasta el momento, sólo el PP ha anunciado abiertamente que no piensa negociar los órganos constitucionales, mientras que Vox está dispuesto a proponer sus candidatos y Ciudadanos lo condiciona a primar el mérito y despolitizar las instituciones.
En respuesta a las críticas recibidas por el nombramiento anunciado de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, Simancas ha cuestionado que sea el PP quien denuncie que esta decisión atenta contra el principio de separación de poderes.
Simancas ha recordado que fue el portavoz del PP en el Senado en 2018, Ignacio Cosidó, quien se jactó de que el pacto alcanzado entonces con el PSOE para renovar el CGPJ permitiría al PP «controlar la sala segunda» del Tribunal Supremo (la única competente para juzgar a diputados, senadores y miembros del Gobierno) «por la puerta de atrás.
«COMPORTAMIENTOS ANTIDEMOCRÁTICOS»
Pero el diputado socialista también ha reclamado a los partidos de la derecha que desistan de «comportamientos matoniles antidemocráticos», al acusarles de haber presionado de modo intolerable a ciertos diputados para que cambiaran su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez, presiones que llegaron al extremo de obligar al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, a «dormir de noche escondido» y solicitar escolta la víspera de la sesión de investidura.
En un intento de contrarrestar las acusaciones «infundadas» de la derecha respecto de «complicidades que no son tales» entre el PSOE y los independentistas, Simancas ha ironizado con la sorpresa que ha causado en su grupo ver cómo el PP y Ciudadanos votaban este martes pasado junto a Junts per Catalunya en el Parlament catalán para subirle el sueldo a los diputados autonómicos.
IMPOSIBLE ACORDAR CON PSOE
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha confirmado este miércoles que «no hay posibilidad de acuerdo» con el PSOE para proceder a la renovación de los órganos institucionales. Según ha subrayado, el PP no va a «ser cómplice» del control del Poder Judicial como, a su juicio, pretende el nuevo Ejecutivo de coalición.
Álvarez de Toledo ha afirmado que los «mantras» del Gobierno de Sánchez pasan por acusar al Partido Popular del bloqueo político y del bloqueo judicial. «Repiten su frase, le gustan los eslóganes y es parte de la política barata», ha enfatizado.
Sin embargo, la dirigente del PP ha recalcado que lo que está «pasando de verdad es un intento de control y sometimiento del Poder Judicial«, algo que, a su entender, confirman las propias palabras de Pedro Sánchez hablando de «desjudializar la vida política».
En su opinión, eso supone «apartar el Estado de Derecho de la vida política» y «no hay vida política sin Estado de Derecho». En ese caso, ha proseguido, sí que hay «matonismo» porque es la «ley de la selva».
La portavoz del Grupo Popular ha asegurado que, frente a esa «desjudicialización de la política», el PP apostará por la «despolitización de la Justicia» y «devolver a los jueces un mayor control sobre la propia Justicia».
«Ése es el plan del PP, volver al modelo constitucional», ha afirmado, para añadir que defenderán la Constitución y el Estado de Derecho con el objetivo de procurar el «fortalecimiento» de los órganos que tienen que velar por defender los derechos de los ciudadanos.
