miércoles, 27 enero 2021 18:30

Díaz Ayuso contra los okupas: quiere echarlos a la calle en doce horas

  • La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere que se apruebe una ley para echar a los okupas con rapidez.
  • Según los datos de la Comunidad de Madrid, existen cerca de 4.200 viviendas ocupadas, la mitad son públicas.
  • El Ejecutivo de Díaz Ayuso ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Madrid que 59 viviendas públicas han sido ocupadas por mafias.
  • La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recuperado una vieja demanda de la sociedad. La popular ha anunciado este jueves que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que modifique la ley para que se pueda expulsar a la calle a los okupas en un plazo máximo de 24 horas. Pero si es en 12, mejor. Son muchos los propietarios afectados que han visto cómo les invadían la vivienda y no tenían herramientas legales para echarles de la casa. Ahora, Díaz Ayuso ha recuperado esa demanda y ha pedido a Sánchez que rectifique.

    Aún así, aunque haya pedido a Sánchez que tome medidas, Díaz Ayuso irá por libre dentro de los márgenes de la ley. Al menos así lo ha anunciado este jueves, cuando ha afirmado que dará instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad para que se agilice al máximo el desalojo de ocupas en viviendas públicas de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que le toca a ella, como representante de la administración pública, sin embargo, quiere que los ciudadanos tengan herramientas para poder expulsar a los okupas de las casas de forma express.

    Según los datos de la Delegación de Gobierno, en la Comunidad de Madrid existen cerca de 4.200 viviendas ocupadas, de las cuales la mitad corresponderían a viviendas públicas de la Agencia de Vivienda Social, y el resto son viviendas libres ocupadas. Estos datos, que siempre han flotado en el aire de todas las administraciones públicas, han sido ignorados. Y aunque son muchas las voces que piden regular de forma adecuada el modo de expulsar a los okupas, la ley sigue sin responder a las demandas de muchos de los afectados.

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    La Comunidad de Madrid ya ha denunciado hace unas semanas ante la Fiscalía Superior de Madrid que 59 viviendas públicas han sido ocupadas por mafias. Los inmuebles son propiedad de la Agencia de Vivienda Social, de los cuales 16 están en la capital y el resto se encuentran repartidas en diez municipios de la Comunidad.

    El Gobierno de Díaz Ayuso entiende que estos pisos ocupados están ocupados por mafias, por algún tipo de delincuencia organizada se obtiene beneficios de estas prácticas ilegales. Según aseguran desde el Ejecutivo, estos grupos no solo se dedican a la usurpación de viviendas, sino que también tocan el tráfico de drogas, la prostitución y el despiece de vehículos.

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    Ahora, al menos en la Comunidad de Madrid, la presión hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias será mayor. Con el cambio de color político del Ayuntamiento de la capital, las cosas han cambiado. Y más en materia de ocupación de viviendas. José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso han creado una mesa de trabajo conjunta en este sentido y han solicitado a la Delegación del Gobierno que extreme la vigilancia en zonas sensibles.

    Para Díaz Ayuso, el tema de los okupas ha estado muy presente desde que pasó a la primera línea de la política. “Un día de estos os vais de vacaciones y consideran que la casa está vacía y cuando volváis se la dan a unos amigos okupas”, aseguró la popular ante la presencia de sus rivales políticos. El que ahora es su vicepresidente, el político de Ciudadanos Ignacio Aguado, también dejaba caer algún comentario en relación a este asunto: “nos jugamos el tener un Ayuntamiento que es amigo de los okupas, de los narcopisos y de las mafias”, aseguró.

    Según los datos oficiales, el número de diligencias abiertas por ocupación de viviendas (o usurpación) ha crecido durante varios años. Sin embargo, en 2015 la curva comenzó a descender. Algunos expertos aseguran que la crisis económica impulsó a muchas personas a quedarse en las casas sin pagar el alquiler. Pero de los 4.135 expedientes abiertos en 2015, la cifra se redujo a hasta 1.425 en 2016. Aún así, este drama afecta a muchos ciudadanos que han visto cómo no pueden expulsar de su vivienda a quienes han decidido quedarse. Algunos de los últimos ejemplos más visibles ha sido el de la urbanización Les Canalies de Arenys de Mar.