lunes, 19 abril 2021 21:28

Zasca a la desjudicialización por la que aboga el Gobierno de Sánchez en el juicio a Trapero

  • En el inicio del juicio a Trapero la Fiscalía ha manifestado que “si se incumplen las normas, el Poder Judicial actúa”.
  • El Gobierno de Sánchez ha manifestado que quiere “desjudicializar la política”.
  • La Audiencia Nacional comenzó este lunes el juicio contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero.
  • El fiscal Pedro Rubira afirmó este lunes que “se podrá decir lo que sea pero, si se incumplen las normas, el Poder Judicial actúa, bien sea en el procés, los GAL o cualquier otro tema”. De esta forma, el representante del Ministerio Público quiso dejar claro al inicio de la segunda parte del juicio del procés al Gobierno de Pedro Sánchez su oposición a la llamada vía de la “desjudicialización” que ha venido abogando en referencia al proceso independentista catalán.

    El fiscal se manifestó en esos términos durante la primera sesión del juicio contra el mayor y exjefe de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero, el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y la intendente, Teresa Laplana.  Esta última se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito de sedición mientras que los tres primeros lo hacen a once años por rebelión.

    LA FISCALÍA NO CAMBIA A SEDICIÓN (DE MOMENTO)

    Una petición que, tal y como adelantó este lunes la Fiscalía, no van a modificar, de momento, por no encontrarse “en el momento procesal” oportuno. Aun así, todo apunta a que rebajarán a sedición al término de la fase de juicio oral, con lo que la petición de pena se reducirá considerablemente, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes de procés.

    El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo reconoció que el Ministerio Público “es consciente” de ese fallo del Alto Tribunal, por el que los acusados fueron condenados por sedición y no rebelión, y adelantó que cuando sea “oportuno” considerarán “la conveniencia de calibrar la acusación”.

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    Sobre este extremo, Rubira subrayó la importancia de “atenerse al proceso” porque si no,  “¿se dicta sentencia directamente?”, se preguntó. El fiscal explicó que hay regirse por el “principio de legalidad, bajo el estudio de la prueba testifical documental y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Supremo, pero también la dogmática penal”. Todo ello, agregó, “se estudiará y después se hará el escrito de calificación definitiva”.

    NO JUZGAN A LOS MOSSOS D’ESQUADRA

    Rubira también quiso desmentir afirmaciones que, según dijo, se han venido produciendo respecto a que lo que se va a hacer en el procedimiento es “enjuiciar a los Mossos d’Esquadra”. “Nada más lejos de la realidad. No vamos a enjuiciar a los Mossos d’Esquadra como Instituto Armado, que cuenta con aproximadamente 17.000 agentes que han demostrado su profesionalidad”, indicó. Cuestión distinta, matizó, es “la responsabilidad que tienen los acusados en los acontecimientos delimitados por el Tribunal Supremo” y en su escrito de calificación.

    INTERROGATORIO A TRAPERO

    Durante la primera sesión del juicio celebrada este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional se han expuesto las cuestiones previas y la Fiscalía ha interrogado a Trapero sobre su actuación como jefe del cuerpo policial autonómico durante el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 y la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de ese mismo año.

    El policía ha defendido la actuación de los mossos en ambos acontecimientos aunque ha señalado que “no sabe” si se equivocaron “en el planteamiento”. A las preguntas del fiscal Carballo acerca de la pasividad del cuerpo durante esa jornada, Trapero ha excusado que no contaban con efectivos suficientes pero que, en todo caso, su intención era ayudar a la Guardia Civil.

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    Por otra parte, Trapero ha asegurado que nunca conoció el proyecto independentista del Gobierno presidido por Carles Puigdemont y calificó de “barbaridad” las conclusiones de la comisión del proceso constituyente que se creó en el Parlament en el año 2016 y de “ilegales” los actos promovidos por la Generalitat.

    Está previsto que el juicio iniciado este lunes se alargue durante dos meses a lo largo de los cuales van a declarar más de un centenar de testigos entre los que se encuentran tres de los condenados por el Tribunal Supremo, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn.