martes, 3 agosto 2021 14:05

El imperio de la ley

El sistema judicial español desde el punto de vista de su estructura, sus juzgados y tribunales, su regulación legal y del ejercicio de sus funciones es, no solamente, indiscutible, sino que debemos estar orgullosos de su estructura institucional.

Cierto es que el Consejo General del Poder Judicial se compone por miembros designados en las Cortes y con definición política, por lo tanto. Pero en su competencia sobre el gobierno de los jueces no se encuentra su influencia sobre sus fallos y sentencias. Los órganos de la Justicia no están regulados como instrumentos valiosos y sumisos del poder político, sino como depositarios del control de la legalidad.

Ya hemos conocido muchos hechos deleznables en los últimos dos años sobre la influencia de una persona y un grupo de personas con poder de actuar y conocer para influir en la Justicia sobre la base de su presunción de defensa del Estado.

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Los jueces y magistrados son personas, con la carga y el poder de aplicar la ley, personas con una carrera y una responsabilidad. La Justicia, mujeres y hombres que, con precariedad de medios, atienden un trabajo ingente. Están investidos de una capacidad de cambiar la vida de las personas, dictan sentencias, interpretan las normas, toman medidas sobre la libertad o los bienes de las personas. Eso es inviolable.

Sin duda, y de modo inevitable, se ven influenciados por los criterios que determina la opinión pública. Al final también hijos de su tiempo. Si todo es cuestionable y tiene que adaptarse, lo será, no por la voluntad impuesta por la suma de unos pocos, sino en el ámbito aceptado por las normas que regulan nuestra convivencia.

MENSAJES SOBRE LA JUSTICIA

El problema es adónde nos lleva hoy, dónde, en quién se encuentra hoy depositada nuestra potestad legislativa y el Gobierno y, sobre todo, qué advertencias hemos recibido, qué mensajes y hacia dónde vamos en cuanto a la Justicia y la defensa de los derechos fundamentales.

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La Constitución, la ley, su significado, su seguridad, su supremacía sobre el criterio temporal y circunstancial no es una cuestión de ideología, es la oportunidad de hacer valer y defender los derechos. Si el poder acepta su capacidad para influir, condicionar y hasta alterar su modo de impartirla, habremos perdido el soporte esencial de la confianza y de nuestras bases de convivencia.

Esperamos que nuestra, vida, nuestra lucha, no haya sido el camino de la regresión. Todos necesitamos una esperanza.