El Colegio de Procuradores de Madrid lleva años defendiéndose del permanente hostigamiento dirigido y orquestado por la Asociación de Defensa del Procurador (ADP), hoy presidida por Felipe Juanas, cuya única finalidad parece consistir en la interposición indiscriminada de múltiples acciones judiciales contra el Colegio y sus empleados.
Desde el año 2004, especialmente desde 2012, alguno de los miembros o ex miembros del Ilustre Colegio Colegio de Procuradores, que después han sido representados por la Asociación de Defensa de los Procuradores, ha interpuesto querellas en la vía penal y numerosas demandas y reclamaciones en otros órdenes jurisdiccionales contra el Colegio de Procuradores de Madrid. Las demandas se han dirigido contra los miembros de sus distintas Juntas de Gobierno, empleados y otras personas y entidades, que de una manera u otra también se han visto involucradas en esta delirante batalla.
Todas ellas han resultado archivadas o desestimadas en un goteo continuo de resoluciones desfavorables que, sin embargo, no merman un ápice la actividad persecutoria y litigante de Juanas y su asociación.
Esta desproporcionada contienda tiene su origen en la pérdida de condición de colegiado por parte de Felipe Juanas y otros compañeros por su injustificada negativa a contribuir al sostenimiento de las cargas colegiales, al que todos los miembros de la procura están obligados legalmente. Esta obligación ha quedado respaldada de manera inequívoca por varias de las sentencias dictadas a lo largo de estos años.
Cierto que tuvo éxito una batalla sobre la impugnación de elecciones en el seno del colegio, aunque no su solicitud de ejecución, ya que fue el motivo fue subsanado por la Junta de Gobierno de modo inmediato, según ha sido declarado por Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
ACOSO Y DERRIBO CONTRA EL COLEGIO DE PROCURADORES
El acoso y derribo contra el Colegio de Procuradores de Madrid, mantenido a lo largo del tiempo, solo parece responder al deseo de quienes, no habiendo podido satisfacer su voluntad, buscan la manera de desprestigiar y si pudieran, expulsar, a todos aquellos contra los que dirigen sus acciones penales, ya sean trabajadores, miembros de la Junta u otros profesionales presentes en la vida colegial.
Y es que, mientras las querellas están vivas, los investigados ven amenazadas injustificadamente su vida y su trabajo, padeciendo un sufrimiento moral importante al verse inmersos en una delirante realidad que nunca imaginaron vivir.
Cierto es que: “Quien usa de su derecho a nadie daña”, pero también lo es que la ley no ampara el abuso de derecho ni su ejercicio antisocial. Llegados a este punto, con la perspectiva que nos otorga el paso de los años, los resultados obtenidos en sede judicial, y el ver derrotada inequívocamente en las elecciones la candidatura organizada por la Asociación de Defensa del Procurador, la consecuencia es la certeza de que estamos ante una estrategia de acoso y derribo ejercida por la asociación presidida por Felipe Juanas.
Este ha intentado situar fuera de la legalidad al Colegio, perjudicando su imagen y la de la inmensa mayoría de sus profesionales, en aras de intereses espúreos. Y esto, aunque se percibe y deduce de algunas resoluciones dictadas, lo cierto es que daña de modo inequívoco y constante la imagen y el honor de las personas que se encuentran en su objetivo. Pero como bien dice el Evangelio “Por sus frutos les conoceréis”.
