El año 2020 ha empezado sin cambios para los funcionarios de prisiones. Su integridad física sigue estando en peligro y no hay a la vista ni aumento de la plantilla, ni mucho menos una contraprestación económica por la peligrosidad de sus funciones. Estos trabajadores sienten que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, sigue olvidándose de ellos.
Las carencias en los servicios son importantes. La principal asociación de estos empleados, Tu Abandono me puede Matar, cifra en más de 3.500 las plazas que serían necesarias cubrir para poder realizar su trabajo correctamente. Una situación que de momento va a seguir como está. Actualmente se han convocado 900 nuevas vacantes que se incorporarán en junio. Pero Elena Getino, portavoz de la plataforma, insiste en que esto no soluciona nada porque “no se tienen en cuenta las jubilaciones” y “la media de edad de los funcionarios ronda los 50 años”.
Las otras dos reivindicaciones que llevan años reclamando desde el colectivo tampoco van a cumplirse por el momento. Una de ellas se trata de un aumento de los salarios, en base a la peligrosidad de sus funciones, como ocurre con otras profesiones. Desde Interior les habían prometido compensar sus esfuerzos, sin embargo, la semana pasada les comunicaron que este punto no podría hacerse realidad. Algo que ha caído como un jarro de agua fría en el sector, que había confiado siempre en las palabras del secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
La otra tiene que ver con los equipos de los que disponen para realizar sus labores. Material de control, escáneres o incluso perros adiestrados para detectar la presencia de drogas son algunas de estas demandas que exigen desde la asociación. La otra tiene que ver con su propio vestuario. “Los bomberos tienen una ropa adecuada para apagar fuegos y nosotros tenemos que hacerlo en muchas ocasiones sin esta preparación”, añade Getino que cuenta cómo a algunos compañeros se le queman los zapatos intentando apagar algunos incendios que se producen dentro de las celdas.
LAS AGRESIONES EN PRISIONES
Los trabajadores insisten en que no cumplir con estas mejoras supone un grave problema de seguridad en su día a día. El mes de enero se ha cerrado con catorce agresiones que han involucrado a 32 funcionarios de prisiones. De todos ellos, 25 han tenido lesiones de diversa consideración. Unas cifras que no contabilizan otro tipo de ataques menores, pero igualmente habituales, como aquellos reclusos que escupen o insultan a estos profesionales.
Getino relata con preocupación que ha habido dos agresiones este enero que han evidenciado su dura realidad. Una de ellas ocurrió el 12 de enero, en la cárcel madrileña de Estremera cuando un grupo de seis internos se amotinó con materiales peligrosos recopilados de la propia cárcel –como pueden ser barras de hierro de la zona de gimnasio– y le plantaron cara a varios funcionarios, que tuvieron que reducir a los exaltados. Uno de ellos resultó herido.
El otro ataque de especial gravedad ocurrió a finales de mes en la cárcel de Almería. Los hechos se produjeron a la hora de la comida, cuando un solo funcionario se disponía a repartir los alimentos y le pide a un recluso que se quite una gorra, prenda que está prohibida en estos centros. El interno parece que va a cumplir la orden, pero en lugar de acatarla empuja al funcionario que cae contra una estantería metálica quedando semiinconsciente en el suelo.
La portavoz de Tu Abandono me puede Matar explica que fueron otros internos los que defendieron al funcionario del resto de sus compañeros y alertaron a los otros profesionales, que se encontraban haciendo labores de control y seguridad. Getino insiste en que “solo se encontraba una persona haciendo este trabajo”, cuando deberían haber más para “defenderse unos a otros” en caso de que sea necesario. “Afortunadamente la rápida actuación del resto de trabajadores hicieron que todo acabara bien”, resalta Getino.
CARENCIAS EN MÁS SERVICIOS
Los funcionarios no son los únicos que sufren carencias de personal. Algo similar ocurre con los profesionales sanitarios, que tampoco son suficientes. De hecho, Getino sostiene que muchas de las agresiones que sufren son consecuencia de esta falta. Los fines de semana no todo el equipo médico se encuentra en las instalaciones y tienen que repartir previamente los medicamentos que necesitan algunos internos.
Algunos reclusos se toman toda la medicación sin control, otros la venden o directamente no la consumen. Esto produce peleas, agresividad y en algunos casos fallecimientos. La portavoz explica que el mes pasado se han producido 16 fallecimientos, de los cuales seis se investigan como posibles sobredosis.
A este escenario se suma también un déficit en los equipos de seguridad. Actualmente 15 prisiones españolas, las de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, se encuentran en números rojos por la ausencia de la vigilancia privada tras la retirada de los trabajadores de Ombuds. Ahora muchas de sus funciones han tenido que volver a manos de los funcionarios de prisiones, que no dan abasto. De momento este conflicto parece que no va a solucionarse, al menos hasta el próximo mes de marzo.
